Cada cambio legislativo, sea impulsado por la izquierda o la derecha, genera la fractura del Parlamento, de las regiones autónomas (que ejercen las competencias de educación) y de la sociedad, y lleva el embrión de una cotrarreforma posterior.
Es el caso de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida coloquialmente como “ley Celaá”, en alusión a la actual ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá.
Sus cuestiones más controvertidas se centran en que el español deja de figurar como lengua de enseñanza (“vehicular”), lo que afectaría a regiones con idioma autonómico cooficial como Cataluña (noreste), que aplica un sistema de inmersión lingüística en catalán.Como otras ocasiones la nueva reforma educativa española llega con polémica y división política y social, esta vez sobre asuntos como la enseñanza en español, los colegios privados que reciben financiación pública por medio de conciertos con las administraciones y la posibilidad de aprobar el curso con suspensos.
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El Congreso aprobó recientemente con una mayoría absoluta ajustada (177 de los 350 diputados) el proyecto legislativo de la octava ley de enseñanza de los últimos 40 años, promovido por la ministra socialista Isabel Celaá, que ahora tendrá que debatir el Senado, pero que cuenta ya con el rechazo frontal de la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, y de las organizaciones de centros y padres de la escuela concertada (un sistema mixto de enseñanza privada con ayudas públicas).
De hecho, la norma cambia aspectos también controvertidos de la ley anterior, aprobada en 2013, cuando gobernaba el conservador Partido Popular.
Educación pública: La enseñanza pública constituye el eje del sistema educativo, cuyas plazas se incrementarán; cuando la demanda supere la oferta, las comisiones de admisión velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido en centros financiados con fondos públicos (colegios públicos y concertados).
Educación concertada: Se limita la creación de centros concertados dedicados a las etapas educativas obligatorias, pues ya no se tendrá en cuenta la “demanda social” para abrir nuevos o ampliarlos y se impide que reciban fondos públicos aquellos que eduquen por sexos separados.
Español: El castellano deja de figurar en el nuevo texto legislativo como “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, es decir, en la que se educan los alumnos.
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Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
Esto es relevante en las regiones autónomas que aplican un sistema de inmersión lingüistica en el idioma autonómico cooficial, como ocurre con el catalán en Cataluña (noreste español).
Repetición del curso: Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con hasta dos materias suspensas. Repetir será excepcional y solo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria (las etapas obligatorias).
Bachillerato: También se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado todas las materias salvo una.
Religión: La asignatura confesional de Religión, otra de las cuestiones educativas controvertidas en España, será voluntaria, como siempre, pero su calificación ya no computará para el acceso a la Universidad ni las becas, ni tendrá materia alternativa obligatoria.
