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El Defensor del Pueblo de España advierte de que la entrada en vigor de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores” migrantes.
El nuevo reglamento de extranjería, que entrará en vigor el 20 de mayo, establece que el tiempo que un extranjero ha esperado en España a que su solicitud de asilo sea resuelta ,y trabajando regularmente, no computará para después pedir un permiso de residencia por arraigo si su petición es denegada finalmente.
En un informe registrado este viernes en el Parlamento sobre niños extranjeros en España, el Defensor alerta sobre las consecuencias que los nuevos requisitos de acceso al arraigo pueden tener para miles de ellos.
En cuanto a la regulación de las distintas autorizaciones de residencia en España, la institución que preside Ángel Gabilondo lamenta que no se toma en consideración las especiales características de la infancia en movilidad.
En este sentido, señala que el plazo de cinco años para la obtención de la residencia de larga duración de los menores que no han nacido en España resulta “particularmente gravoso” por los requisitos que han de cumplir sus progenitores o tutores legales.
Advierte también de que las condiciones para la reagrupación familiar no contemplan elementos correctores que permitan a las migrantes que trabajan en el sector de los cuidados u otros de bajos salarios reunirse con sus hijos en un tiempo razonable.
Esta situación, según señala, favorece que, en muchas ocasiones, estos menores accedan a España por otras vías y permanezcan varios años en situación de irregularidad.
Además, afirma el Defensor del Pueblo que las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por los distintos tipos de arraigo han resultado ser la vía más eficaz para regularizar la situación de cientos de miles de personas.
Y explica que en 2023 el tiempo medio de permanencia en situación de irregularidad rozaba los tres años, por lo que parece razonable pensar que estas personas viven en familia.
Sin embargo, tan solo 6.000 menores eran titulares de este tipo de autorizaciones a 31 de diciembre de 2023.
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