Tras prolongado bloqueo en España, Rajoy se someterá a debate de investidura
La llave la tiene el partido socialista PSOE, que con sus 85 diputados tiene la posibilidad de bloquear una investidura o permitirla con una abstención.
Diego Urdaneta - AFP
El jefe del gobierno saliente, el conservador Mariano Rajoy, se someterá el 30 de agosto a una sesión de investidura en el Parlamento, sin tener asegurados aún los votos para formar un nuevo Ejecutivo, cuando España lleva ocho meses de bloqueo político.
"He decidido convocar el pleno de debate de investidura el próximo 30 de agosto", indicó en rueda de prensa la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
Horas antes, Rajoy había mostrado su voluntad de someterse a la sesión para buscar el voto el confianza del Parlamento, tras anunciar que comenzará a negociar el viernes el apoyo de la formación liberal de centro Ciudadanos.
De todas maneras, sigue sin tener el éxito garantizado, toda vez que el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos es indispensable pero no suficiente para que el líder conservador, en el poder desde fines de 2011, forme un nuevo Ejecutivo.
El dirigente del Partido Popular (PP) ganó las legislativas del 26 junio. Aunque los conservadores avanzaron a 137 escaños de 350 en el Parlamento, quedaron lejos de la mayoría necesaria (176) para gobernar en solitario.
La llave la tiene el partido socialista PSOE, que con sus 85 diputados tiene la posibilidad de bloquear una investidura o permitirla con una abstención.
Esa formación se mantiene hasta ahora firme en el "No" rotundo a Rajoy.
"Por ética y coherencia, el PSOE no se va a convertir en muleta del PP", insistió este jueves el partido en su cuenta de Twitter.
Si los socialistas no cambian de parecer "tendríamos que ir a elecciones", advirtió Rajoy, quien subraya la necesidad de conformar un nuevo ejecutivo lo antes posible para hacer frente a los retos del país, que aún soporta un desempleo del 20%, el más alto de la Unión Europea solo por detrás de Grecia.
Si fracasa la primera sesión de investidura, habrá una segunda el 2 de septiembre.
En caso de fracasar ésta también se abriría un período de dos meses, al término de los cuales deben disolverse las Cortes. A partir de ahí la legislación prevé un plazo de 54 días para convocar de nuevo a los españoles a las urnas, por lo que en teoría los comicios deberían celebrarse el domingo 25 de diciembre, día de Navidad. Serían además los terceros en un año, algo inédito en el país.
España se acerca a cumplir 250 días bajo un gobierno en funciones muy limitado en sus capacidades.
Pacto anticorrupción
"Si sigue el guión previsto, el PSOE dirá 'No' la primera sesión, quizás 'No' a la segunda sesión también", estimó estimó el politólogo Pablo Simón, al augurar un proceso que podría prolongarse. "Después ya veremos si acepta negociar para evitar unas terceras elecciones", acotó.
Al volver a pedir este jueves la "colaboración" del PSOE, Rajoy se mostró cautamente optimista: "No se acude cuando se tiene la certeza absoluta de que no se va a ser investido, por eso ahora voy a la sesión de investidura".
Por lo pronto, el líder conservador comenzará a negociar el viernes el apoyo de Ciudadanos.
A cambio, Rajoy tendrá que cumplir con una condición impuesta por los centristas: firmar un pacto anticorrupción, un tema doloroso para su formación conservadora que ha enfrentado un escándalo de corrupción tras otro en los últimos años.
En una muestra de lo incómodo que le resulta el tema, Rajoy se negó a abordar detalles del pacto con Ciudadanos ante insistentes preguntas de los periodistas y abrevió una comparecencia para no tener que abordar los casos de corrupción que contribuyeron a que el PP perdiera su mayoría parlamentaria.
Dicho pacto incluye la creación de una comisión parlamentaria que investigue el llamado "caso Bárcenas" de presunta financiación ilegal de la formación conservadora, y apartar de sus cargos a quienes estén imputados por corrupción.
En septiembre el PP debe ir a juicio como persona jurídica por haber borrado los discos duros utilizados por su extesorero Luis Bárcenas, que podrían haber contenido información comprometedora.
El bloqueo institucional en España comenzó con las elecciones del 20 de diciembre, que resultaron en un Parlamento muy fragmentado entre cuatro formaciones (PP, PSOE, los izquierdistas de Podemos y Ciudadanos). Las legislativas debieron repetirse en junio, pero produjeron un escenario similar.
El jefe del gobierno saliente, el conservador Mariano Rajoy, se someterá el 30 de agosto a una sesión de investidura en el Parlamento, sin tener asegurados aún los votos para formar un nuevo Ejecutivo, cuando España lleva ocho meses de bloqueo político.
"He decidido convocar el pleno de debate de investidura el próximo 30 de agosto", indicó en rueda de prensa la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
Horas antes, Rajoy había mostrado su voluntad de someterse a la sesión para buscar el voto el confianza del Parlamento, tras anunciar que comenzará a negociar el viernes el apoyo de la formación liberal de centro Ciudadanos.
De todas maneras, sigue sin tener el éxito garantizado, toda vez que el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos es indispensable pero no suficiente para que el líder conservador, en el poder desde fines de 2011, forme un nuevo Ejecutivo.
El dirigente del Partido Popular (PP) ganó las legislativas del 26 junio. Aunque los conservadores avanzaron a 137 escaños de 350 en el Parlamento, quedaron lejos de la mayoría necesaria (176) para gobernar en solitario.
La llave la tiene el partido socialista PSOE, que con sus 85 diputados tiene la posibilidad de bloquear una investidura o permitirla con una abstención.
Esa formación se mantiene hasta ahora firme en el "No" rotundo a Rajoy.
"Por ética y coherencia, el PSOE no se va a convertir en muleta del PP", insistió este jueves el partido en su cuenta de Twitter.
Si los socialistas no cambian de parecer "tendríamos que ir a elecciones", advirtió Rajoy, quien subraya la necesidad de conformar un nuevo ejecutivo lo antes posible para hacer frente a los retos del país, que aún soporta un desempleo del 20%, el más alto de la Unión Europea solo por detrás de Grecia.
Si fracasa la primera sesión de investidura, habrá una segunda el 2 de septiembre.
En caso de fracasar ésta también se abriría un período de dos meses, al término de los cuales deben disolverse las Cortes. A partir de ahí la legislación prevé un plazo de 54 días para convocar de nuevo a los españoles a las urnas, por lo que en teoría los comicios deberían celebrarse el domingo 25 de diciembre, día de Navidad. Serían además los terceros en un año, algo inédito en el país.
España se acerca a cumplir 250 días bajo un gobierno en funciones muy limitado en sus capacidades.
Pacto anticorrupción
"Si sigue el guión previsto, el PSOE dirá 'No' la primera sesión, quizás 'No' a la segunda sesión también", estimó estimó el politólogo Pablo Simón, al augurar un proceso que podría prolongarse. "Después ya veremos si acepta negociar para evitar unas terceras elecciones", acotó.
Al volver a pedir este jueves la "colaboración" del PSOE, Rajoy se mostró cautamente optimista: "No se acude cuando se tiene la certeza absoluta de que no se va a ser investido, por eso ahora voy a la sesión de investidura".
Por lo pronto, el líder conservador comenzará a negociar el viernes el apoyo de Ciudadanos.
A cambio, Rajoy tendrá que cumplir con una condición impuesta por los centristas: firmar un pacto anticorrupción, un tema doloroso para su formación conservadora que ha enfrentado un escándalo de corrupción tras otro en los últimos años.
En una muestra de lo incómodo que le resulta el tema, Rajoy se negó a abordar detalles del pacto con Ciudadanos ante insistentes preguntas de los periodistas y abrevió una comparecencia para no tener que abordar los casos de corrupción que contribuyeron a que el PP perdiera su mayoría parlamentaria.
Dicho pacto incluye la creación de una comisión parlamentaria que investigue el llamado "caso Bárcenas" de presunta financiación ilegal de la formación conservadora, y apartar de sus cargos a quienes estén imputados por corrupción.
En septiembre el PP debe ir a juicio como persona jurídica por haber borrado los discos duros utilizados por su extesorero Luis Bárcenas, que podrían haber contenido información comprometedora.
El bloqueo institucional en España comenzó con las elecciones del 20 de diciembre, que resultaron en un Parlamento muy fragmentado entre cuatro formaciones (PP, PSOE, los izquierdistas de Podemos y Ciudadanos). Las legislativas debieron repetirse en junio, pero produjeron un escenario similar.