Turquía levanta estado de emergencia después de dos años
El régimen de excepción, que ampliaba de forma considerable los poderes del presidente y de las fuerzas de seguridad, entró en vigor el 20 de julio de 2016 tras el fallido golpe de Estado organizado por el grupo terrorista FETO.
Agencia Anadolu y EFE
Turquía levantó su estado de emergencia después de dos años a partir de este jueves 1 a.m. hora local. (Lea: Turquía mantiene en prisión a un pastor estadounidense acusado de terrorismo)
El gobierno declaró el estado de emergencia por primera vez el 20 de julio de 2016 tras un fallido golpe de Estado orquestado por la organización terrorista Fetullah (FETO) y su líder protegido por Estados Unidos, Fetullah Gulen, que dejó 251 personas muertas y casi 2.200 heridos.
Para promulgar un estado de emergencia, el gobierno debe prever graves levantamiento de violencia generalizada que pueda interferir con el entorno democrático o los derechos y libertades constitucionales básicos de sus ciudadanos.
En abril, el gobierno renovó el estado de emergencia por séptima vez.
Ankara acusa a FETO de estar detrás de una campaña de larga duración para derrocar al Estado a través de la infiltración de instituciones turcas, particularmente militares, policiales y judiciales.
En estos dos últimos años las autoridades turcas han llevado a cabo una purga sin precedentes en las estructuras estatales y privadas, con la destitución por decreto de unos 130.000 funcionarios -entre ellos jueces, policías y militares-, sin que los afectados hayan podido recurrir esas decisiones ante la Justicia.
Además, se han cerrado numerosos medios de comunicación cercanos a Gülen y a la izquierda kurda y, según Amnistía Internacional, 1.300 ONG han sido clausuradas en Turquía mediante decretos.
Decenas de miles de personas se encuentran detenidas por sus supuestos vínculos con la asonada.
Ahora, la oposición critica que el levantamiento del estado de emergencia, exigido desde hace tiempo también por los defensores de los derechos humanos desde dentro y fuera del país, no parece que vaya a poner fin a esta política represiva.
Por un lado, con el nuevo sistema presidencial que entró en vigor tras las elecciones del 24 de junio y que confiere al presidente amplios poderes ejecutivos, Erdogan podrá seguir gobernando mediante decretos.
Por otra parte, el Parlamento debate a partir de mañana un proyecto de una nueva ley antiterrorista, que prevé mantener numerosas restricciones de derechos y prerrogativas del Gobierno que han regido desde 2016.
Se espera que la ley que prevé prolongar el periodo que permite a la policía mantener detenido sin cargos a un sospechoso, sea aprobada en las próximas semanas con el voto de los diputados del AKP y del partido nacionalista MHP.
Entre otros, otorgará a los ministros la potestad de despedir funcionarios considerados sospechosos de vínculos terroristas, mientras que los gobernadores regionales podrán prohibir la entrada a determinadas zonas cuando lo consideren justificado.
En el hecho de que algunos de los 25 artículos de la nueva ley tendrán vigencia por tres años la oposición ve de facto una prolongación del estado de excepción por el mismo periodo de tiempo.
Turquía levantó su estado de emergencia después de dos años a partir de este jueves 1 a.m. hora local. (Lea: Turquía mantiene en prisión a un pastor estadounidense acusado de terrorismo)
El gobierno declaró el estado de emergencia por primera vez el 20 de julio de 2016 tras un fallido golpe de Estado orquestado por la organización terrorista Fetullah (FETO) y su líder protegido por Estados Unidos, Fetullah Gulen, que dejó 251 personas muertas y casi 2.200 heridos.
Para promulgar un estado de emergencia, el gobierno debe prever graves levantamiento de violencia generalizada que pueda interferir con el entorno democrático o los derechos y libertades constitucionales básicos de sus ciudadanos.
En abril, el gobierno renovó el estado de emergencia por séptima vez.
Ankara acusa a FETO de estar detrás de una campaña de larga duración para derrocar al Estado a través de la infiltración de instituciones turcas, particularmente militares, policiales y judiciales.
En estos dos últimos años las autoridades turcas han llevado a cabo una purga sin precedentes en las estructuras estatales y privadas, con la destitución por decreto de unos 130.000 funcionarios -entre ellos jueces, policías y militares-, sin que los afectados hayan podido recurrir esas decisiones ante la Justicia.
Además, se han cerrado numerosos medios de comunicación cercanos a Gülen y a la izquierda kurda y, según Amnistía Internacional, 1.300 ONG han sido clausuradas en Turquía mediante decretos.
Decenas de miles de personas se encuentran detenidas por sus supuestos vínculos con la asonada.
Ahora, la oposición critica que el levantamiento del estado de emergencia, exigido desde hace tiempo también por los defensores de los derechos humanos desde dentro y fuera del país, no parece que vaya a poner fin a esta política represiva.
Por un lado, con el nuevo sistema presidencial que entró en vigor tras las elecciones del 24 de junio y que confiere al presidente amplios poderes ejecutivos, Erdogan podrá seguir gobernando mediante decretos.
Por otra parte, el Parlamento debate a partir de mañana un proyecto de una nueva ley antiterrorista, que prevé mantener numerosas restricciones de derechos y prerrogativas del Gobierno que han regido desde 2016.
Se espera que la ley que prevé prolongar el periodo que permite a la policía mantener detenido sin cargos a un sospechoso, sea aprobada en las próximas semanas con el voto de los diputados del AKP y del partido nacionalista MHP.
Entre otros, otorgará a los ministros la potestad de despedir funcionarios considerados sospechosos de vínculos terroristas, mientras que los gobernadores regionales podrán prohibir la entrada a determinadas zonas cuando lo consideren justificado.
En el hecho de que algunos de los 25 artículos de la nueva ley tendrán vigencia por tres años la oposición ve de facto una prolongación del estado de excepción por el mismo periodo de tiempo.