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“No sé quién es Simone Veil”, dice Cindy Leoni, presidenta de la asociación SOS Racisme y quien se encuentra en el centro de una polémica luego de que en su columna de la edición francesa del Huffington Post afirmara que abortar le había permitido tener “una nueva vida como mujer”. La persona a la que se refiere es la senadora que en la década de 1960 logró para las mujeres francesas el derecho a la anticoncepción y posteriormente, en 1975, a la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto que Leoni ha escuchado hablar de Veil, pero su idea, dice, es que este derecho debería estar tan incorporado a la sociedad francesa que no habría necesidad de estar repitiéndolo en las discusiones desde hace cuatro décadas.
El pasado miércoles la Asamblea Nacional francesa modificó el artículo sobre los requisitos para acceder al procedimiento, que desde 1982 asume la seguridad social.
La modificación consistía en eliminar la condición de “estado de angustia” existente en la ley original. Con la nueva normativa, cualquier mujer tiene derecho a recurrir a la salud pública para interrumpir su embarazo sin explicación ni justificación algunas.
La discusión francesa coincide con la presentación en España de un proyecto de ley que busca, por el contrario, limitar el acceso de las mujeres al aborto voluntario. En este país el Partido Popular, encabezado por el presidente, Mariano Rajoy, dio en diciembre pasado el visto bueno al proyecto que comenzará a debatirse la próxima semana.
“No podemos detener el aumento del paro (desempleo), la solución es prohibir el aborto”, ironiza en París Mariana, una militante española que junto con un grupo de sus compatriotas pega afiches en las cercanías de la embajada de su país. Las manifestaciones conjuntas, tanto de partidarios como de opositores, se han vuelto comunes en Madrid y en la capital francesa. En París, el pasado domingo, durante una manifestación de extrema derecha en la que participaron cerca de 300.000 personas, los eslóganes antiaborto se mezclaron con los saludos nazis, las críticas a las leyes que permiten el matrimonio homosexual en los dos países y los gritos de apoyo al gobierno español en el tema del aborto.
Con la misma lógica de “lucha común”, cerca de un centenar de profesionales de la salud depositaron simbólicamente esta semana solicitudes de asilo en la embajada francesa en Madrid.
El derecho de una mujer a abortar sin otro requisito que su voluntad de hacerlo está reconocido prácticamente en la totalidad de Europa. Los únicos países en los que existe una prohibición explícita son Irlanda y Polonia, en donde, como en el caso colombiano, es condición que el embarazo presente un alto riesgo o sea fruto de una violación. Es a este escenario al que pretende regresar el gobierno español por medio del proyecto de ley que ya recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. La normativa exigiría también que la interrupción del embarazo sea aprobada por dos médicos, ninguno de los cuales puede estar vinculado al establecimiento en el que se realizará el procedimiento.
La oposición a este proyecto es particularmente fuerte en la región de Cataluña, en la que el aborto fue legal por primera vez en 1936, antes que en cualquier otro país europeo.
Según el Ministerio de Sanidad español, durante 2012 se realizaron cerca de 120.000 abortos en España. En Francia, la cifra sería de unos 200.000 procedimientos anuales.
Por supuesto, en ninguno de los dos países existen “abortos clandestinos”. El Instituto Nacional de Estadísticas de Francia estimaba en un informe publicado en 2004 que los procedimientos sin supervisión, o al menos sin un consejo médico, eran un fenómeno marginal desde mediados de los años noventa y que aun así el número de abortos legales no había superado nunca las estimaciones de abortos clandestinos existentes antes de la legalización.
“En otras palabras, la legalización no aumenta el número de mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo; en cambio reduce casi a cero las muertes relacionados con complicaciones”, afirma Marie-Pierre Martinet, directora del centro de planificación familiar de París. “De la misma manera, la prohibición no disminuye el número de procedimientos. Si la norma se aprueba, las mujeres españolas pudientes viajarán a realizarse la interrupción del embarazo en otro país. Las menos favorecidas, lo volverán a hacer de manera clandestina”, concluye.
r_abdahllah@hotmail.com
@r_abdahllah
Por Ricardo Abdahllah / París
