Una familia colombiana se libra del desahucio en España

Una familia de origen colombiano residente en la localidad cántabra de Torrelavega se libró del desahucio, al no personarse los oficiales judiciales en la vivienda, a cuyas puertas se concentraron unas 50 personas para evitar su desalojo.

Los afectados son una familia colombiana residente en España desde hace once años y que hace tres dejó de pagar la hipoteca de su vivienda cuando perdieron su empleo el marido, la esposa y los dos hijos mayores de 22 y 32 años.

El Juzgado había notificado hace días a los residentes en el inmueble -la vivienda es propiedad de una financiera de Madrid- que hoy debían abandonar la casa e incluso la familia tenía preparados sus efectos personales por si tenían que hacerlo.

En declaraciones a un grupo de periodistas, el cabeza de familia, Alirio de 54 años, aseguró que el piso se encuentra ya subastado y la entidad bancaria reclama a la familia una deuda cercana a los 400.000 euros (más de 500.000 dólares) por el principal más la acumulación de intereses de demora.

Las personas que acudieron en apoyo a la familia respondieron al llamamiento efectuado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, un movimiento que se ha extendido por toda España, cuyo objetivo es impedir los desahucios.

Alirio explicó que cuando llegó a España vino "buscando un futuro mejor" porque en aquel momento en Colombia se encontraba en desempleo, y ahora once años después, tiene previsto regresar a su país "en cuanto puede pagar el pasaje".

Reconoció estar "muy contento y agradecido" por el apoyo de sus vecinos en la difícil situación por la que atraviesa la familia.

"Yo soy inmigrante y esto me ha tocado a mí, pero es una situación que también puede afectar a muchos de mis vecinos españoles", aseguró el cabeza de familia, para quien su caso debe servir "para que todos vean que es una injusticia lo que se está cometiendo".

Sobre su futuro, aseguró no saber qué hacer, ya que la familia solo cuenta con 640 euros de ingresos y no encuentran trabajo, aunque han puesto su caso en manos de un abogado de oficio.

Una familia de origen colombiano residente en la localidad cántabra de Torrelavega se libró del desahucio, al no personarse los oficiales judiciales en la vivienda, a cuyas puertas se concentraron unas 50 personas para evitar su desalojo.

Los afectados son una familia colombiana residente en España desde hace once años y que hace tres dejó de pagar la hipoteca de su vivienda cuando perdieron su empleo el marido, la esposa y los dos hijos mayores de 22 y 32 años.

El Juzgado había notificado hace días a los residentes en el inmueble -la vivienda es propiedad de una financiera de Madrid- que hoy debían abandonar la casa e incluso la familia tenía preparados sus efectos personales por si tenían que hacerlo.

En declaraciones a un grupo de periodistas, el cabeza de familia, Alirio de 54 años, aseguró que el piso se encuentra ya subastado y la entidad bancaria reclama a la familia una deuda cercana a los 400.000 euros (más de 500.000 dólares) por el principal más la acumulación de intereses de demora.

Las personas que acudieron en apoyo a la familia respondieron al llamamiento efectuado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, un movimiento que se ha extendido por toda España, cuyo objetivo es impedir los desahucios.

Alirio explicó que cuando llegó a España vino "buscando un futuro mejor" porque en aquel momento en Colombia se encontraba en desempleo, y ahora once años después, tiene previsto regresar a su país "en cuanto puede pagar el pasaje".

Reconoció estar "muy contento y agradecido" por el apoyo de sus vecinos en la difícil situación por la que atraviesa la familia.

"Yo soy inmigrante y esto me ha tocado a mí, pero es una situación que también puede afectar a muchos de mis vecinos españoles", aseguró el cabeza de familia, para quien su caso debe servir "para que todos vean que es una injusticia lo que se está cometiendo".

Sobre su futuro, aseguró no saber qué hacer, ya que la familia solo cuenta con 640 euros de ingresos y no encuentran trabajo, aunque han puesto su caso en manos de un abogado de oficio.