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El Tribunal Constitucional español (TC), que tiene como tarea interpretar la Constitución, paralizó este lunes la tramitación de un proyecto de ley que buscaba cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, el cual ya había sido aprobado por el Congreso y estaba pendiente de votarse en el Senado este jueves. Es una decisión sin precedentes en la corte de garantías que abre paso a una nueva crisis institucional en el país, pues se trata de la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento. La votación fue de seis a cinco.
Esta decisión conlleva la paralización inmediata del trámite parlamentario, de manera que impide la votación que tenía previsto llevar a cabo el Senado este jueves para dar el aval definitivo a la reforma legal.
¿Qué buscaba el proyecto?
Los partidos que apoyan al Gobierno, socialistas y Unidas Podemos (izquierda), aprobaron la pasada semana en el Congreso cambiar la mayoría con la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elige a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden, con lo que ya no haría falta una mayoría reforzada y, además, suprime la necesidad de aprobación del propio Constitucional para los nuevos miembros.
El Gobierno de Pedro Sánchez trataba de sortear así el bloqueo que desde hace cuatro años ha provocado el PP con su negativa a negociar la renovación del CGPJ, algo que para los socialistas supone un “incumplimiento de la Constitución española”.
Las reformas, que afectan directamente al funcionamiento del TC, se aprobaron de forma urgente en el Congreso y mediante una enmienda introducida en otra ley que no tenía nada que ver con la reforma judicial, una práctica en la que han incurrido gobiernos de distinto signo.
Esto provocó un fuerte debate en la Cámara Baja y el PP presentó un recurso ante el TC, en el que pedía que este, de forma cautelarísima, impidiera la votación parlamentaria, algo sin precedentes en la historia democrática española.
Como era de esperar, el tribunal se ha fragmentado en dos bloques que ya desde el inicio del pleno tenían posiciones enfrentadas respecto a las cuestiones a resolver. Los conservadores votaron a favor del bloqueo.
Eso sucedió con la admisión a trámite del recurso de amparo del PP y con el rechazo a las recusaciones solicitadas por los partidos que conforman el Gobierno español para apartar a su presidente, Pedro González Trevijano, y a otro magistrado del pleno que iba a decidir si paralizaba la tramitación de los cambios en el Poder Judicial.
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Precisamente, este último resultado ha sido clave, porque ya otorgaba la mayoría conservadora para la votación del ultimo punto del orden del día y el más importante, que no era otro que la cautelarísima del PP, porque de lo contrario, la mayoría hubiera correspondido a los progresistas por cuatro a cinco.
Tras su decisión de este lunes, el TC ha concedido un plazo de diez días a la Fiscalía, al Congreso y a las demás partes personadas (PP, PSOE y Unidas Podemos) para que presenten alegaciones respecto a si mantiene paralizada la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio TC.
El Gobierno y las Cortes Generales (Congreso y Senado) como representación del poder Ejecutivo y Legislativo han acatado la decisión del Constitucional aunque han mostrado su preocupación ante un hecho “insólito”.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que por lealtad institucional acata la decisión, aunque, en una declaración institucional en la Moncloa, ha considerado que es “de una gravedad máxima”, ya que se adopta mediante un procedimiento “insólito”.
Minutos antes, los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, han dejado claro que también las Cortes Generales acatan la decisión del Constitucional, pero que seguirán defendiendo la autonomía parlamentaria.
“A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria”, ha dicho Batet.
Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, escribió en su cuenta de Twitter que “hoy nuestra democracia sale fortalecida”.
“En un Estado de derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón”, añadió Feijóo.
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El Tribunal Constitucional, considerado como el tribunal de garantías y el máximo intérprete de la Carta Magna, está compuesto por doce miembros, tres elegidos por el Congreso, tres por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces.
El pasado mes de junio finalizó el mandato de los magistrados nombrados por el Gobierno y por el Poder Judicial, pero no se han renovado debido a la falta de acuerdo en el seno del CGPJ.
Hasta hace poco, el Gobierno estuvo esperando a nombrar sus magistrados para hacerlo a la vez que el CGPJ, pero el pasado mes ya anunció a sus dos candidatos, pendientes de que el TC se pronuncie, por lo que en estos momentos hay cuatro magistrados con su mandato caducado, entre ellos, su propio presidente.
“En España la justicia es lenta, pero no la política. La política es vibrante, inmediata. Y vibrante e inmediata es la reacción del TC como órgano político que es. Si el TC se dedicase a la justicia, respetaría la ley y esperaría a que el Gobierno y sus socios aprobasen la legislación necesaria para renovar un tribunal inconstitucionalmente caducado. Una vez aprobada la ley y renovado el tribunal, el TC resultante decidiría si el modo de hacerlo fue el correcto. Pero esto no es justicia, es política. Permitir la renovación, sacar a quienes ocupan sus puestos caducados, sería provocar un vuelco político en las mayorías del tribunal. Cosa que, en una lógica judicial, no tendría importancia alguna, pero que en una lógica política lo es todo”, escribió Gerardo Tecé, en Contexto y Acción.
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