'La educación superior gratuita contribuye a la desigualdad'

Considerado una autoridad mundial en el tema educativo, afirma que la educación en Latinoamérica debe ser financiada con fondos públicos y privados, compara los modelos educativos de América y Asia con Europa y se va en contra de la universidad gratuita en los países subdesarrollados. El académico visitó a Bogotá por invitación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

¿Cuánto dinero del presupuesto nacional de un país considera que debe estar destinado a la educación?

Los países de América Latina han declarado que destinarán el 1% por ciento del Producto Interior Bruto, PIB, al terma de Investigación y Desarrollo (I+D). No digo, claro está, que la cuantía tenga que salir exclusivamente del Estado, sino de una combinación de fondos públicos y fondos privados, parte de los cuales se destinarían a las universidades y otros a laboratorios independientes o de empresa.

Sin embargo, Colombia, en la actualidad, seguramente gasta un 0.5% de su PIB en el tema, mientras que otros países de la zona están llegando a esa cantidad. Un caso aparte es el de Brasil, puesto que llegó a la meta del 1% por ciento tiempo atrás y, durante varios años, ha ido superando esa cantidad.

Si tenemos en cuenta que en los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se está destinando entre 2.5 y 3.5% por ciento del PIB a I+D, la brecha existente es enorme y, en caso de no apurarnos, destinando más para investigación y desarrollo, nos iremos quedando más rezagados, dentro de este tipo de sociedad global que, cada vez más, vive del conocimiento.

¿Qué diferencias marcadas existen entre la educación superior de Latinoamérica, respecto a la de Estados Unidos y Europa?

Nuestra educación superior es altamente especializada desde el primer año: obligamos a nuestros jóvenes, a los 18 o 19 años, a definir si quieren ser abogados, sociólogos o antropólogos, cuando a esa edad no tienen por qué saber cómo van a ir desarrollando sus vocaciones.

Otra falencia es que desarrollamos poco la educación superior técnica y tecnológica, que no hace parte de la educación tradicional. Nuestras economías no requieren únicamente profesionales formados durante seis o siete años en la universidad, sino técnicos, capacitados durante dos años en una serie de competencias que les permiten, de inmediato, entrar al mercado laboral y luego, a lo largo de la vida, hacer otros perfeccionamientos, cambiando las competencias inicialmente adquiridas.

En 1994, presidió el Comité Presidencial de Modernización de la Educación en Chile, ¿qué logros ha tenido esa iniciativa para su país?

En aquel entonces se propuso una comisión creada por el Gobierno, pero compuesta por académicos, investigadores, personas con experiencia que estableció una estrategia amplia y cuidadosa, pensada a diez o quince años.

Quienes integramos esa comisión hemos sido invitados y llamados, cinco y diez años después, para que nos den cuenta de aquello que han llevado a cabo en función de las propuestas iniciales. Muchas de las sugerencias que dimos en el 94 se han ido realizando y, pese a que el sistema educativo de mi país aun cuenta con grandes falencias y profundos retos, es un hecho que Chile, en las pruebas internacionales, es una de las naciones del mundo que más ha aumentado la calidad de la educación.

Los conocimientos que recibe un estudiante chileno actualmente, más allá de la familia o condición social de la que provenga, le da la opción de obtener resultados netamente superiores de los que lograban sus generaciones pares hace 10 o 20 años.

Tanto en Chile como en Colombia, se ha dado en el último tiempo una fuerte polémica respecto a si la educación debe priorizarse desde el ámbito público, o contar con elementos y participantes del ámbito privado, ¿qué opina al respecto?

En general, América Latina tiene un modelo mixto de educación superior. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, me cuesta creer que una diferencia en dicho sentido pueda constituir un elemento decisorio, cuando la educación que se provee a la sociedad es pública en su conjunto, más allá de que la brinde un ente particular u oficial.

La tendencia general de oponer lo público a lo privado, en términos de financiamiento, me parece que no refleja la profundidad del problema y de la realidad latinoamericana. Debemos tener en cuenta que, tanto Latinoamérica como Asia, tienen un modelo de educación superior que se separa del patrón clásico, creado en Europa, donde el 100% por ciento de la educación superior está al amparo del Estado y donde, hasta hace muy poco tiempo, los docentes eran considerados servidores públicos.

En Asia, los regímenes mixtos de provisión educacional existen desde que nacieron las repúblicas. Y con ello, cuentan con dinámicas, al igual que nosotros, completamente distintas a las demás.

Pienso que debemos hacernos cargo, plenamente, del modelo que tenemos, siendo un tema que hasta ahora está realmente sub-investigado. La meta real pasa por determinar cómo hacemos buena gestión de las instituciones de educación universitaria, ya sean privadas o públicas, para que todas ellas cumplan con estándares similares de exigencia y para que todos los títulos entregados tengan la validez que, de hecho, tienen. Cuando alguien obtiene su título universitario, allí no se especifica si es público o privado, sino que tiene la misma connotación.

¿Debe existir o no gratuidad para el acceso a la educación superior?

Creo que en países donde existe desigualdad económica y social, desde la cuna, y donde las plataformas de recaudación de impuestos son débiles, no existe un elemento que contribuya más a la desigualdad que la gratuidad en la educación superior.

En naciones con sociedades igualitarias, donde el Estado es capaz de captar el 50% por ciento del PIB en impuestos, como los nórdicos, Inglaterra, Holanda o Alemania, sí es posible hablar de lo que se considera “gratuidad” y que realmente no existe, puesto que alguien paga por ello, ya sea el Estado, una persona o una institución.

En América Latina se busca que exista acceso gratuito a la educación, incluso para las personas que provienen del 20% por ciento que más gana en nuestras sociedades, donde una parte sustantiva de los jóvenes, como sucede en Colombia, no llega a la universidad. Pretender algo así, frente a tales condiciones de desigualdad, es profundizar en las existentes.

Tengo claro que uno debe asegurarle la gratuidad a aquellos jóvenes que, contando con gran talento, no cuentan con los recursos económicos para el acceso a la educación superior. También sé que debe cobrársele a quienes pueden pagar por su educación, y que lo han hecho, desde la primaria y la secundaria, preparándose para la universidad.

Considerado una autoridad mundial en el tema educativo, afirma que la educación en Latinoamérica debe ser financiada con fondos públicos y privados, compara los modelos educativos de América y Asia con Europa y se va en contra de la universidad gratuita en los países subdesarrollados. El académico visitó a Bogotá por invitación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

¿Cuánto dinero del presupuesto nacional de un país considera que debe estar destinado a la educación?

Los países de América Latina han declarado que destinarán el 1% por ciento del Producto Interior Bruto, PIB, al terma de Investigación y Desarrollo (I+D). No digo, claro está, que la cuantía tenga que salir exclusivamente del Estado, sino de una combinación de fondos públicos y fondos privados, parte de los cuales se destinarían a las universidades y otros a laboratorios independientes o de empresa.

Sin embargo, Colombia, en la actualidad, seguramente gasta un 0.5% de su PIB en el tema, mientras que otros países de la zona están llegando a esa cantidad. Un caso aparte es el de Brasil, puesto que llegó a la meta del 1% por ciento tiempo atrás y, durante varios años, ha ido superando esa cantidad.

Si tenemos en cuenta que en los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se está destinando entre 2.5 y 3.5% por ciento del PIB a I+D, la brecha existente es enorme y, en caso de no apurarnos, destinando más para investigación y desarrollo, nos iremos quedando más rezagados, dentro de este tipo de sociedad global que, cada vez más, vive del conocimiento.

¿Qué diferencias marcadas existen entre la educación superior de Latinoamérica, respecto a la de Estados Unidos y Europa?

Nuestra educación superior es altamente especializada desde el primer año: obligamos a nuestros jóvenes, a los 18 o 19 años, a definir si quieren ser abogados, sociólogos o antropólogos, cuando a esa edad no tienen por qué saber cómo van a ir desarrollando sus vocaciones.

Otra falencia es que desarrollamos poco la educación superior técnica y tecnológica, que no hace parte de la educación tradicional. Nuestras economías no requieren únicamente profesionales formados durante seis o siete años en la universidad, sino técnicos, capacitados durante dos años en una serie de competencias que les permiten, de inmediato, entrar al mercado laboral y luego, a lo largo de la vida, hacer otros perfeccionamientos, cambiando las competencias inicialmente adquiridas.

En 1994, presidió el Comité Presidencial de Modernización de la Educación en Chile, ¿qué logros ha tenido esa iniciativa para su país?

En aquel entonces se propuso una comisión creada por el Gobierno, pero compuesta por académicos, investigadores, personas con experiencia que estableció una estrategia amplia y cuidadosa, pensada a diez o quince años.

Quienes integramos esa comisión hemos sido invitados y llamados, cinco y diez años después, para que nos den cuenta de aquello que han llevado a cabo en función de las propuestas iniciales. Muchas de las sugerencias que dimos en el 94 se han ido realizando y, pese a que el sistema educativo de mi país aun cuenta con grandes falencias y profundos retos, es un hecho que Chile, en las pruebas internacionales, es una de las naciones del mundo que más ha aumentado la calidad de la educación.

Los conocimientos que recibe un estudiante chileno actualmente, más allá de la familia o condición social de la que provenga, le da la opción de obtener resultados netamente superiores de los que lograban sus generaciones pares hace 10 o 20 años.

Tanto en Chile como en Colombia, se ha dado en el último tiempo una fuerte polémica respecto a si la educación debe priorizarse desde el ámbito público, o contar con elementos y participantes del ámbito privado, ¿qué opina al respecto?

En general, América Latina tiene un modelo mixto de educación superior. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, me cuesta creer que una diferencia en dicho sentido pueda constituir un elemento decisorio, cuando la educación que se provee a la sociedad es pública en su conjunto, más allá de que la brinde un ente particular u oficial.

La tendencia general de oponer lo público a lo privado, en términos de financiamiento, me parece que no refleja la profundidad del problema y de la realidad latinoamericana. Debemos tener en cuenta que, tanto Latinoamérica como Asia, tienen un modelo de educación superior que se separa del patrón clásico, creado en Europa, donde el 100% por ciento de la educación superior está al amparo del Estado y donde, hasta hace muy poco tiempo, los docentes eran considerados servidores públicos.

En Asia, los regímenes mixtos de provisión educacional existen desde que nacieron las repúblicas. Y con ello, cuentan con dinámicas, al igual que nosotros, completamente distintas a las demás.

Pienso que debemos hacernos cargo, plenamente, del modelo que tenemos, siendo un tema que hasta ahora está realmente sub-investigado. La meta real pasa por determinar cómo hacemos buena gestión de las instituciones de educación universitaria, ya sean privadas o públicas, para que todas ellas cumplan con estándares similares de exigencia y para que todos los títulos entregados tengan la validez que, de hecho, tienen. Cuando alguien obtiene su título universitario, allí no se especifica si es público o privado, sino que tiene la misma connotación.

¿Debe existir o no gratuidad para el acceso a la educación superior?

Creo que en países donde existe desigualdad económica y social, desde la cuna, y donde las plataformas de recaudación de impuestos son débiles, no existe un elemento que contribuya más a la desigualdad que la gratuidad en la educación superior.

En naciones con sociedades igualitarias, donde el Estado es capaz de captar el 50% por ciento del PIB en impuestos, como los nórdicos, Inglaterra, Holanda o Alemania, sí es posible hablar de lo que se considera “gratuidad” y que realmente no existe, puesto que alguien paga por ello, ya sea el Estado, una persona o una institución.

En América Latina se busca que exista acceso gratuito a la educación, incluso para las personas que provienen del 20% por ciento que más gana en nuestras sociedades, donde una parte sustantiva de los jóvenes, como sucede en Colombia, no llega a la universidad. Pretender algo así, frente a tales condiciones de desigualdad, es profundizar en las existentes.

Tengo claro que uno debe asegurarle la gratuidad a aquellos jóvenes que, contando con gran talento, no cuentan con los recursos económicos para el acceso a la educación superior. También sé que debe cobrársele a quienes pueden pagar por su educación, y que lo han hecho, desde la primaria y la secundaria, preparándose para la universidad.