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El Gobierno español, de izquierda, propuso este viernes incluir en la Constitución el derecho al aborto, legal desde 2010, luego de que la derecha en Madrid aprobara una polémica iniciativa para informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome posaborto”.
La controversia estalló el martes, cuando la alcaldía de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP, derecha), aprobó una propuesta impulsada por la extrema derecha para obligar a los servicios médicos a advertir a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un “síndrome posaborto”, que causaría “consumo de alcohol y drogas (...) pensamientos suicidas” y “aumento de cánceres”.
“El síndrome posaborto es algo conscientemente ocultado, especialmente en España”, afirma el texto, que también señala que “el aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y promociona: el feminismo”.
En un primer momento, el PP defendió la propuesta, pero horas después marcó distancia y el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, militante de ese partido, admitió el jueves que el síndrome posaborto no es una “categoría científica reconocida” y garantizó que informar de él no será “obligatorio”.
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Esta situación fue aprovechada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusar en X al PP de haber “decidido fundirse con la ultraderecha” y anunciar que llevará al Parlamento una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución.
De todas maneras, una reforma constitucional parece muy difícil ya que necesita una mayoría de tres quintas partes del Parlamento, lo que hace imprescindible que sea apoyada por la derecha.
Efectivamente, el PP no tardó en rechazar la iniciativa de Sánchez, en boca de su secretario general, Miguel Tellado, quien haciendo referencia a la situación de minoría del Gobierno en el Parlamento preguntó: “¿No tiene votos para convalidar un simple decreto y pretende modificar la Constitución?”
En España, un país considerado referencia de los derechos de la mujer en Europa, el aborto se despenalizó en 1985 y se legalizó en 2010.
Pero sigue siendo un derecho con obstáculos en este país de tradición católica, como la masiva objeción de conciencia de los médicos en los hospitales públicos, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse cientos de kilómetros para abortar.
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La extrema izquierda, cercana de los socialistas en el Gobierno, propuso en marzo de 2024 incluir el derecho al aborto en la Constitución, una idea que respaldó Pedro Sánchez a finales de ese año.
Francia se convirtió el año pasado en el primer y único país del mundo en incluir explícitamente en su Constitución el derecho a la interrupción del embarazo.
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