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En medio del ruido mediático que se ha generado por los movimientos militares de Estados Unidos en el sur del Caribe, de la propaganda desplegada por Washington y Caracas para defender sus posturas, y de las alertas que se han activado en algunas capitales de la región por las consecuencias que podría traer una eventual intervención militar en Venezuela, cabe preguntarse qué pasaría si, al final, no ocurre nada que cambie el actual estado de cosas que mantiene a Nicolás Maduro en el poder.
No se trata de una pregunta retórica, pues tenemos un importante antecedente ocurrido durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), cuando se ejerció gran presión sobre el gobierno venezolano a través del incremento de las sanciones personales sobre figuras del régimen y de sanciones financieras para afectar su economía; del apoyo diplomático al gobierno interino de Juan Guaidó, secundado por más de cincuenta países; y de una velada amenaza de injerencia militar reflejada en la famosa frase “todas las opciones están sobre la mesa”, repetida por los principales colaboradores del mandatario republicano.
Trump dejó la Casa Blanca sin que, efectivamente, pasara nada, y el gobierno de Joe Biden, que lo sucedió, cambió de estrategia al volcarse hacia unas negociaciones que buscaban abrir la puerta a una salida democrática en Venezuela a través de las elecciones previstas para 2024, a cambio de un relajamiento de las sanciones económicas que pesaban sobre el país suramericano. Esto también terminó en un estruendoso fracaso tras el monumental fraude cometido en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que se desconoció el amplio triunfo del candidato opositor apoyado por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia.
Curiosamente, el regreso de Trump no varió en un primer momento de manera significativa la estrategia negociadora implementada por los demócratas. Se produjo tanto un intercambio de prisioneros norteamericanos en Venezuela por migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, como un alivio aún mayor de las sanciones que pesan sobre Caracas, sintetizado en el restablecimiento parcial de la licencia a la empresa petrolera Chevron para continuar con sus negocios en tierras venezolanas. Una medida nada agresiva contra los gobernantes venezolanos y que fue recibida con gran algarabía en el Palacio de Miraflores.
El despliegue de la flota naval norteamericana en las cercanías de las costas de Venezuela, con la discutible excusa de la lucha contra el narcotráfico, después de haber declarado al Cartel de los Soles como grupo terrorista y denunciado a Nicolás Maduro como su principal líder —por cuya captura se elevó la recompensa a 50 millones de dólares— sí supone un cambio en la actitud del gobierno norteamericano hacia una posición de mayor dureza, igual que en el primer cuatrienio de Trump, como se señaló antes. Sin embargo, algunos factores podrían estar indicando que tampoco se llegará al extremo de una intervención armada.
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Es indudable que se está ejerciendo una amenaza creciente sobre el régimen venezolano, buscando probablemente llegar a algún tipo de negociación que posibilite la salida de Maduro del poder y la apertura de un proceso de transición a la democracia. El ataque a una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela apunta precisamente en esa dirección.
Algunos voceros del gobierno norteamericano han hablado de “máxima presión”, pero el subsecretario de Estado, Christopher Landau, aclaró hace pocos días que no está planteada una acción militar para derrocar al mandatario venezolano y reiteró que esa tarea le corresponde al pueblo de Venezuela. Por cierto, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, coincidió recientemente con este planteamiento al afirmar que “no hay intención de una intervención”.
Esta posición es congruente con la política exterior de carácter aislacionista defendida por el gobierno de Trump, quien ha querido diferenciarse de sus antecesores en el cargo, tanto demócratas como republicanos, en lo referente a las políticas que en el pasado llevaron a diversas intervenciones armadas en el exterior, como las de Irak y Afganistán, por solo citar algunas.
El presidente norteamericano no ha escondido sus intenciones de hacerse acreedor del Premio Nobel de la Paz y, para ello, se ha atribuido mediaciones exitosas en varios brotes de conflictos armados surgidos en diferentes partes del mundo, como entre la India y Pakistán, así como entre Tailandia y Myanmar. Si bien ha expresado su apoyo total a Israel en el caso de la Franja de Gaza y en su enfrentamiento con Irán —lo que podría verse como una excepción—, también ha desplegado, aunque sin éxito alguno por el momento, todos sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.
En este sentido, no luciría coherente una acción bélica terrestre en Venezuela que, más allá de la evidente superioridad militar sobre el país latinoamericano, podría llevar a un terreno desconocido con imprevisibles consecuencias. Si comparamos este caso con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Noriega, Venezuela es una nación geográficamente más grande y compleja, con grandes ciudades, donde además actúan grupos guerrilleros colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que verían esta ocasión como una oportunidad de oro para justificar su lucha.
Si la intención de Washington no es generar una incursión armada, cobra fuerza la explicación de que este despliegue de fuerza bélica en el Caribe podría formar parte de una operación propagandística del trumpismo para volver a conectar con la población latina estadounidense, cuyas relaciones con el gobierno se han visto muy deterioradas tras las agresivas políticas migratorias adoptadas desde que Trump llegó al poder en enero de 2025. Los estados de Florida y Texas, con un decisivo electorado de origen latino, son clave para la pretensión republicana de alcanzar una clara mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en las elecciones de medio mandato previstas para 2026.
Si bien esta escalada entre Estados Unidos y Venezuela ejerce presión sobre el régimen venezolano, también le sirve a este para fortalecer la narrativa nacionalista y antiimperialista, que su aparato de propaganda aprovecha al máximo en un intento —es pronto para decir si con éxito o no— por aglutinar en torno suyo a una población que ha dado claras muestras de desapego y hartazgo hacia Maduro.
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También es una oportunidad para el presidente venezolano de romper el aislamiento internacional que padece por parte del mundo democrático, especialmente tras el fraude electoral que lo mantuvo en el poder, al recabar apoyos de países —particularmente de América Latina— que rechazan una intervención armada. Las posiciones expresadas sobre este tema por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, son un claro ejemplo de ello.
*Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario e investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
