31 May 2021 - 2:04 a. m.

Los retos de seguridad en América Latina tras la pandemia

El mundo, la región y, sobre todo, Colombia atraviesan el momento más complejo del último siglo. En el III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible de Fescol, que comienza hoy y termina el 3 de junio, analistas debatirán los caminos que se abren.

Redacción Mundo

Internacional

La pandemia recrudeció los problemas que ya venía padeciendo América Latina: no solo la economía cayó el 8,1 %, superando el impacto de la crisis en otros lugares del mundo, sino que agudizó el descontento social. En Colombia, desde el 28 de abril se movilizan a diario multitudes para protestar contra el Gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia. En un intento por controlar la situación, que se ha desbordado por el vandalismo y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado, el presidente Iván Duque firmó un decreto en el que activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para diez departamentos afectados por bloqueos viales.

Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina, ya que un soldado está formado para neutralizar una amenaza, no para controlar protestas”.

Para debatir situaciones tan complejas como la que vive Colombia y otros desafíos de seguridad que deja la emergencia sanitaria en la región, este lunes comienza el III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, organizado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). Desde este 31 de mayo hasta el 3 de junio, analistas debatirán sobre las grandes transformaciones de la seguridad y la paz en tiempos de digitalización y crisis climática.

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“Desde hace más de un año vivimos los impactos de la pandemia —de manera diferenciada— en todos los ámbitos de la vida. Al mismo tiempo, estamos en medio de grandes transformaciones, en donde el cambio climático y la digitalización causan angustia e incertidumbre. En este contexto, pervive el gran reto de hacer de la seguridad en la región y en el mundo una realidad accesible a toda la ciudadanía en el planeta. Sigue siendo un reto que las personas se sientan tranquilas con la garantía de sus derechos humanos y libertades, y que tengan confianza en las instituciones democráticas de seguridad”, explica Kristina Birke, directora de Fescol.

En una región en la que las protestas se repiten desde 2019 y persiste la tendencia a valerse de policías y militares para enfrenar el malestar social, los retos son enormes. “Recurrir a las fuerzas de seguridad es un camino que puede parecer fácil a los gobiernos, pero tiene costos altísimos. En las sociedades latinoamericanas, históricamente, ha habido un reclamo de mano dura y respuestas represivas ante situaciones en las que la gente se siente insegura. En una región donde la provisión de bienes y servicios públicos es escasa, la militarización es la respuesta rápida a problemas estructurales complejos. Sin atender a las causas profundas del descontento social que se manifiesta, por ejemplo, con las movilizaciones en Colombia, la respuesta de mano dura solo lleva a profundizar este descontento”, agrega Kristina Birke.

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¿Qué sigue para Colombia? El III Congreso de Seguridad tendrá un panel especial dedicado a la actual coyuntura nacional, este martes 1° de junio. Según la directora de Fescol, hay desafíos a corto y largo plazo. “El tema más urgente en términos de seguridad es desescalar la violencia y consolidar el respeto a los derechos humanos. Creo que esto implicaría aclarar los hechos de violencia policial y encontrar un camino para establecer responsabilidades, con el acompañamiento de mediadores internacionales; a largo plazo, quizás hasta después de las elecciones de 2022, sería una reforma estructural del sector de seguridad, que se adapte a la nueva realidad colombiana: en una situación de implementación del Acuerdo de Paz, con conflictos armados abiertos, pero con procesos fuertes de construcción de paz”.

Paz y medio ambiente

En tiempos de grandes transformaciones, la seguridad y la paz enfrentan otros importantes desafíos. Lo que se ha visto en la última década es que hay un nexo indudable entre los conflictos armados y las crisis ambientales, que termina teniendo un efecto directo en la construcción de paz. Explotaciones minerales (legales e ilegales), deforestación, agricultura y ganadería intensiva, degradación de tierras cultivables, fertilizaciones contaminantes, y extinción y tráfico de fauna y flora son solo algunas de las consecuencias de la crisis ambiental. Un informe reciente del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo reveló que los conflictos socioambientales en las regiones mineras aumentaron en la última década, particularmente en América Latina. No solo eso, la relación entre el clima, el hambre, la pobreza y los conflictos provoca que la inseguridad alimentaria se convierta en una causa de desplazamientos, según señala el informe de 2019 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las sequías, lluvias e inundaciones, entre otros efectos del cambio climático, tienen un efecto adicional en las poblaciones, pues provocan la huida de miles de personas.

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Según los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), las mayores catástrofes naturales del 2018 dejaron casi veinte millones de personas desplazadas. Se trata de una tendencia al alza en América Latina, que puede llegar a tener, en 2050, 17 millones de personas desplazadas internamente debido a los impactos del cambio climático, según señala un estudio del Banco Mundial.

Bram Ebus, analista del International Crisis Group y participante del Congreso, explica que “cada año de alrededor de veinte millones de personas tienen que moverse por asuntos de cambio de clima, igual sabemos que en el 1 % del territorio mundial ya prácticamente no se puede vivir por temperaturas extremas, lo que podría aumentar hasta un 19 % del territorio del mundo para el 2070”.

Desafíos digitales

A esto se le suman los problemas de ciberseguridad a los que está expuesta América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los derechos humanos en internet, entre otros temas. El control social a través de la digitalización, el movimiento internacional de fondos ilícitos sin control y la capacidad de crear caos social y económico a través de ciberataques son algunas de las consecuencias, indeseadas por la mayor parte de la ciudadanía, del uso de los avances tecnológicos y científicos con escaso debate social y control democrático.

“Los problemas más visibles son los relacionados con la actividad cibercriminal, porque son percibidos por los consumidores, las empresas, las instituciones públicas y los medios. Pero en la región también se experimenta la intervención en procesos electorales (Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos); hay diseminación masiva de noticia falsas y desinformación; existen serias brechas en la protección de datos personales y una seria deficiencia en la planificación de la protección de la infraestructura crítica; existe escaso control sobre el empleo político de tecnologías de identificación facial; así como sobre el acoso y el hackeo en internet, porque la legislación y las políticas que protegen la privacidad, la inclusión digital y el respeto de los derechos humanos de los Estados, empresas y organizaciones criminales aún son débilmente ejecutadas”, explica Catalina Botero, directora de la Fundación Karisma, una de las participantes del Congreso.

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La tecnología está cambiando todo, incluso la forma como se ejerce la ciudadanía y se desarrolla un Estado. Entonces, ¿cómo preservar una relación saludable entre la gobernanza de la ciberseguridad con la democracia? Botero señala que “el foco hoy debe estar puesto en el desarrollo de una adecuada gobernanza global de las nuevas tecnologías, que necesitan ser reguladas urgentemente porque en el futuro su capacidad sobrepasará a la de los seres humanos. Naciones Unidas debate en este momento un tratado internacional, pero aún existe mucha resistencia de los Estados y empresas a limitar su poder y sus ganancias. Se trata de una situación muy delicada”, concluye.

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