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Amnistía Internacional (AI) y la ONG venezolana Foro Penal alabaron este jueves que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas haya cuestionado el abandono de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Por primera vez desde hace doce años, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre este jueves y viernes revisará si ese Estado cumple con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sin valorar el fondo de la sesión de hoy, a la espera de las respuestas que el Gobierno venezolano ofrezca mañana a decenas de cuestiones planteadas por los miembros del Comité, Nuria García, de Amnistía Internacional, destacó la mención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El relator del país, el experto Jens Modvig, preguntó a los representantes venezolanos las razones en las que sustentó su decisión de retirarse de la Convención Interamericana, "algo que a todas luces no es una acción progresista", y les pidió que reconsideren esa decisión.
"Me pareció muy importante que un miembro del Comité pida a Venezuela que reconsidere haber abandonado la Convención. Según las propias estadísticas oficiales, la impunidad es un problema mayor en el país. Con el retiro de la Convención y por lo tanto de la jurisdicción de la Corte, las víctimas tienen una instancia menos a la que recurrir la violación a sus derechos", aseguró García a Efe.
García recordó que la no aplicación de la jurisdicción se restringe al momento de la retirada efectiva, y no a lo sucedido antes, pero señaló que "tampoco cumplen con las sentencias dictadas con anterioridad".
En el mismo sentido se expresó Alfredo Romero, director del Foro Penal, para quien "ahora tenemos un sistema menos al que acudir aunque, en la práctica, antes el Gobierno tampoco cumplía las decisiones de la Corte Interamericana". "Ojalá que no ocurra lo mismo con lo que dicte la ONU", apuntó ese activista.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias decretó que las detenciones del líder de la oposición Leopoldo López y de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fueron arbitrarias y solicitó su excarcelación.
Una opinión que secundó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
El Gobierno venezolano no sólo ignoró la petición, sino que tildó la petición de "insensatez", y acusó a los órganos de Naciones Unidas de estar manipulados.
"Es algo tradicional en la Historia, que los gobiernos se escuden en la soberanía nacional como justificación para no acatar resoluciones sobre derechos humanos", afirmó Romero.
Recordó además que el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, dijo durante su intervención que Venezuela es firmante de la Convención, "cuya observancia es obligante".
"Vamos a ver si eso es verdad. Si la Convención es 'obligante', entonces el gobierno debería acatar las recomendaciones del Comité", concluyó Romero.
Venezuela se retiró en septiembre de 2013 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), mecanismo que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de acusar al sistema interamericano de justicia de estar manipulado por Estados Unidos.
Por EFE
