El Congreso hondureño aprobará esta semana la amnistía política de la que se beneficiarán los golpistas del 28 de junio, así como el presidente depuesto Manuel Zelaya y varios funcionarios de su gobierno. Con esta iniciativa se pretende poner fin a la crisis política y facilitar la reconciliación nacional antes de que el presidente electo, Porfirio Lobo, tome posesión el próximo día 27.
Zelaya sólo se vería parcialmente favorecido con la medida porque tiene pendientes graves acusaciones de corrupción, que no exonerará la amnistía.
Por otra parte, el gobernante de facto, Roberto Micheletti, ha rechazado las presiones de Washington para que renuncie el día 15, antes de asumir el nuevo presidente. Porfirio Lobo, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y toda la comunidad internacional le han pedido que deje el cargo. Para evitar el boicot internacional a la toma de posesión de Lobo, Micheletti considera que es suficiente con no acudir a la ceremonia en el Estadio Nacional. La Constitución establece que el presidente del Congreso impone la banda presidencial al nuevo jefe de Estado.
Según juristas consultados por el periódico español La Vanguardia, el fiscal general solicitó a la Corte Suprema una orden de detención contra la cúpula de las Fuerzas Armadas como una maniobra para allanar el camino a que los militares, Zelaya y Micheletti y se acojan a la amnistía política.
A ojos foráneos resultará chocante que el fiscal pida el enjuiciamiento de la cúpula militar por la expulsión de Zelaya a Costa Rica y no por su participación directa en el golpe de Estado. La fiscalía no ve delito alguno en el derrocamiento de Zelaya. Todos los hechos anexos al golpe, así como los protagonizados por el depuesto mandatario en su intento de referéndum para posibilitar su reelección, quedarían jurídicamente olvidados con la amnistía. En realidad, el Congreso se dará amnistía a sí mismo, ya que la casi totalidad de diputados aprobaron la destitución de Zelaya.
La amnistía fue rechazada originalmente por Zelaya y Micheletti, pero la comunidad internacional presionó para que se apruebe una especie de perdón y olvido que permita a Lobo iniciar un proceso de reconciliación interna y de reconocimiento internacional.
Pero más que para la reconciliación, la amnistía servirá para que los cabecillas de ambos bandos, políticos y militares, queden exonerados de cualquier responsabilidad por el golpe y por los actos previos y posteriores a éste; así se evitan posibles incomodidades castrenses que pudieran derivar en ruido de sables. También será útil para que la comunidad internacional presuma de haber conseguido un logro pírrico en el embrollo hondureño; de esta manera, ayudaría a que se reconozca más rápido la presidencia de Lobo.
Micheletti se saldrá con la suya al mantenerse en el poder hasta el final; la única concesión —ver por televisión desde la casa presidencial la toma de posesión de Lobo— puede ser suficiente para que mandatarios vecinos se animen a viajar a Tegucigalpa el día 27.
Por Joaquim Ibarz / México
