Australia anunció el martes que prohibirá la aplicación TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, en los dispositivos gubernamentales por cuestiones de seguridad, sumándose a la lista de países occidentales que adoptaron la misma medida.
El fiscal general Mark Dreyfus dijo que la decisión sigue el consejo de las agencias de inteligencia del país y se aplicará “tan pronto como sea viable”. Previamente, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Países Bajos y la Comisión Europea habían tomado decisiones similares.
Dreyfus explicó que el gobierno aprobaría algunas excepciones “caso por caso” pero estableciendo medidas para atenuar los riesgos de seguridad.
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Expertos de ciberseguridad advierten que la aplicación, con más de 1.000 millones de usuarios, puede usarse para recoger datos que luego se comparten con las autoridades chinas.
Pekín condenó la medida, y dijo haber protestado oficialmente ante las autoridades australianas. “Pedimos a la parte australiana que respete sinceramente las normas de la economía de mercado y los principios de competencia leal, y que facilite a las empresas chinas un entorno comercial justo, transparente y no discriminatorio”, declaró a la prensa Mao Ning, portavoz de la cancillería china.
Las encuestas estiman que hasta siete millones de australianos usan la aplicación, lo que supone un cuarto de la población.
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El departamento del fiscal general australiano aseguró que TikTok plantea “riesgos significativos de seguridad y privacidad” debido a “la recogida extensiva de datos de los usuarios”.
TikTok critica que estos vetos están “basados en la xenofobia”, pero reconoció en diciembre del año pasado que había recogido datos de usuarios para espiar a periodistas.
Su portavoz en Australia, Lee Hunter, aseguró que la empresa “nunca” ha dado datos al gobierno chino. “Nadie trabaja más duro que nosotros para garantizar que esto nunca sea una posibilidad”, dijo a la televisión Channel Seven.
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A comienzos de año, el gobierno australiano también anunció que iba a prescindir de cientos de cámaras de seguridad producidas en China de las oficinas de políticos debido a preocupaciones de seguridad.
Los temores se sustentan en una ley china de 2017 que obliga a las empresas locales a entregar a las autoridades, previo pedido, datos personales que tengan que ver con cuestiones de seguridad nacional.
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