Avianca es una empresa que puede sentirse orgullosa de sí misma: sus filiales se han expandido a Perú, Ecuador, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y tiene alianzas con aerolíneas en México, Canadá, Chile, España, Alemania y Estados Unidos. Desde 2004 se ha afianzado en el mercado gracias a su acuerdo de inversión con el Synergy Group y la fusión con Taca en 2010. Sin embargo, sus ansias de expansión están pasando ahora por el filtro de la justicia: este miércoles, el fiscal argentino Jorge di Lello abrió una investigación en contra del titular de la aerolínea, Germán Efromovich, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, entre otros funcionarios públicos, por irregularidades en el otorgamiento de rutas aéreas el año pasado.
Según Di Lello, Avianca habría resultado beneficiada en contrataciones con el Estado desde que, a principios del año pasado, adquirió la empresa Macair Jet, que pertenecía al conglomerado del padre del presidente argentino, Franco Macri. Las acusaciones de Di Lello, basadas en las denuncias de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, son certeras: asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
La historia comenzó a finales de 2016, cuando el gobierno argentino dio inicio a un proceso de apertura del mercado aéreo, en el que permitió participar a diversas empresas aéreas para que aumentara el tráfico nacional. Según la Junta Asesora del Transporte Aéreo, que es la encargada argentina de recomendar qué rutas se aprueban y cuáles se rechazan, el 100 % de las rutas solicitadas por Avianca (26) fueron aprobadas por 15 años. A Fly Bondi, otra de las empresas que habría contado con las mismas ventajas que Avianca al tener entre sus socios a un funcionario público, le otorgaron el 70 % de las rutas que solicitó.
Tailhade y Cabandié aseguran que los Macri aún tienen mandato en Macair Jet y, por lo tanto, habría un conflicto de intereses que dio ventaja, de entrada, a Avianca. “Comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios”, aseguraron los denunciantes.
Consultada por El Espectador, Avianca aseguró que no tenía una respuesta conjunta puesto que se señala sólo a uno de sus socios y ellos responden como empresa. Una solicitud escrita a la oficina privada de Germán Efromovich en Brasil tampoco fue respondida. Al momento en que se dieron a conocer las acusaciones, el titular de la empresa se encontraba en un viaje desde China. En la página web de la compañía no existe ningún comunicado al respecto.
La investigación pasará a manos del juez Sergio Torres. En los meses que vienen se presentarán pruebas de la defensa y la acusación y se citará a los imputados, entre los que están también el padre del mandatario; el director ejecutivo de Avian Líneas Aéreas (matriz de Avianca), Carlos Benjamín Colunga López; el titular de Unidos Air S.A., Diego Martín Colunga López; el secretario general de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andreis, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Un segundo embrollo judicial opaca el esfuerzo expansivo de la aerolínea. Esta semana, un grupo de inversores de Avianca interpuso una demanda en Nueva York para detener la alianza de US$800 millones a la que llegarían la aerolínea y United Airlines. El grupo de socios, que hace parte de Kingsland Holdings (la empresa que representa a Taca), controla el 21,9 % de la empresa y asegura que Efromovich negoció la alianza “de manera clandestina”. Avianca dijo que no había sido notificada de la demanda de manera oficial. En ella, los socios afirman que el trato beneficia sobre todo a los socios más cercanos a Efromovich y que él canceló numerosas reuniones en las que se suponía que informaría sobre la estrategia.
El presidente argentino, Mauricio Macri, también suma un nuevo lío judicial con esta nueva investigación. Desde que asumió en diciembre de 2015, ha sido involucrado por diversos fiscales en varias diligencias. Por ejemplo, un procurador solicitó, el 14 de febrero, que el mandatario sea investigado por la negociación de una millonaria deuda con el Estado que el Grupo Macri adquirió por la concesión del correo estatal entre 1997 y 2003. Como presidente, Macri condonó el 98 % de dicha deuda y luego dio marcha atrás. En ese caso, lo investigan también por tráfico de influencias.
Por redacción internacional
