El Congreso de Bolivia, tercer país productor mundial de cocaína después de Perú y Colombia, estudia la Ley de Arribo impulsada por el presidente Evo Morales, que permitiría a aviones militares derribar naves que transportan droga de manera ilegal, en caso de que éstas no obedezcan las órdenes de las autoridades y haya suficientes sospechas de su actividad vinculada al narcotráfico.
La petición para que el Congreso apruebe esta medida fue presentada por Morales durante un evento en el que entregó seis aviones K-8 que Bolivia compró a China (donde 12 pilotos bolivianos fueron capacitados) por US$57,8 millones. El mandatario aseguró que, sin embargo, esas aeronaves no serían suficientes para enfrentar la tecnología de punta de los narcos, “que en algunos temas están más equipados que cualquier Estado”.
Morales pidió a la Unión Europea y a la ONU que faciliten helicópteros y radares para combatir el tráfico de estupefacientes y urgió a la Asamblea, que es controlada por su partido, a aprobar la ley: “Necesitamos normas. En algunos países vecinos las hay y en Bolivia no”, dijo.
Pero el resultado de tales normas, al menos en Perú y Colombia, no ha sido del todo satisfactorio. A principios de los noventa, EE.UU. asesoró un programa de interdicción aérea para derribar aviones del narcotráfico en ambos países. Sin embargo, el programa tuvo que suspenderse en 2001, luego de que un avión de la Fuerzas Aéreas Peruanas derribara una avioneta civil provocando la muerte de dos misioneros que viajaban sobre el Amazonas.
Por Redacción Internacional
