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Stephen Paddock, el atacante de la masacre de Las Vegas (Nevada), logró matar a 58 personas y herir a más de 500 desde el piso 32 del Mandaly Bay Hotel, perteneciente a la cadena MGM Resorts International. Lo tenía todo fríamente calculado.
Se armó bien: tenía 23 armas en la habitción del hotel y también munición suficiente para disparar durante 10 minutos y alcanzar a más de medio millar de personas. Su blanco: la multitud que se congregó en el concierto que se realizaba en Las Vegas Village, un campo abierto con capacidad para hasta 25.000 personas, justo a 400 metros del hotel. Se calcula que ese día había 22.000 personas.
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The Washington Post aseguraba tras la masacre, el 1 de octubre de 2017, las autoridades encontraron un accesorio que le permitió al asesino que su arma semiautomátia disparara como si fuera automática. El bump-stock es de fácil acceso para los amantes de las armas en Estados Unidos. Paddock acabó con la vida de 58 personas e hirió a más de 500.
Tras el tiroteo, las víctimas iniciaron acciones judiciales contra la cadena de hoteles. Sin embargo MGM se negó a indemnizar a las víctimas diciendo que lo que pasó ese día allá fue un acto de terrorismo.
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De acuerdo con The New York Times, "la compañía intentó de impedir que las víctimas accedieran a dinero de la compañía, argumentando que una ley federal poco conocida aprobada después de los ataques del 11 de septiembre significaba que MGM disfrutaba de un escudo de responsabilidad porque el tiroteo calificaba como un "acto de terrorismo", según una interpretación de la ley".
Por eso, y también porque una empresa de seguridad contratada para el concierto poseía una designación especial del Departamento de Seguridad Nacional, MGM argumentó que su interpretación de la ley significaba que no debería tener que pagar reclamos por daños a los asistentes al concierto lesionados. La ley federal se conoce como la Ley Antiterrorista de Apoyo al Fomentar Tecnologías Efectivas, o Ley de Seguridad.
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Este jueves, finalmente MGM accedió a indemnizar a las víctimas con US$800 millones, según informó Robert Eglet, uno de los abogados del proceso.
“Nada puede traer de vuelta las vidas perdidas o sanar los horrores sufridos ese día, pero este acto puede proveer la compensación justa por las miles de víctimas y sus familias”, dijo el abogado.