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El Gobierno de Canadá pondrá en marcha el próximo miércoles la comisión investigadora sobre el asesinato y desaparición de centenares de mujeres y niñas indígenas, tras años de reivindicaciones de los aborígenes canadienses.
Desde que llegó al poder en octubre de 2015, el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha mantenido consultas con las familias de las mujeres desaparecidas y las autoridades provinciales para establecer los términos de referencia de la comisión.
Y tras meses de discusiones, está previsto que el 3 de agosto, la ministra de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, anuncie las competencias de la comisión, que durante dos años estudiará los asesinatos y desapariciones de centenares de mujeres y niñas indígenas.
Según filtraciones a los medios de comunicación, la comisión, que tendrá cinco comisionados, estará encargada de identificar las causas sistemáticas de la violencia contra las indígenas y recomendar acciones concretas para poner punto y final a la situación.
Pero la comisión parece que no tendrá potestad sobre las fuerzas de seguridad, que han sido criticadas por su falta de interés en investigar las desapariciones de indígenas y, en algunos casos, han sido acusadas de ser parte del problema.
Aunque la desaparición y asesinato masivos de mujeres y niñas indígenas ha sido un secreto a voces desde décadas, hasta la llegada al poder de Trudeau y el Partido Liberal las autoridades canadienses se habían negado a investigar la problemática.
Poco después de que la Policía Montada canadiense emitiera en 2014 su primer y único informe sobre las desapariciones y asesinatos, confirmando que las víctimas ascienden a al menos 1.200 personas en los pasados 30 años, el entonces primer ministro, Stephen Harper, justificó su negativa a estudiar el fenómeno.
Los datos policiales revelaron que en las últimas tres décadas, 1.026 mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas y 160 están desaparecidas, aunque estas cifras son consideradas bajas por las organizaciones indígenas.
Y a pesar de que el propio director de la Policía Montada canadiense, Bob Paulson, reconoció que la cifra le sorprendió por lo elevado, Harper se negó a actuar.
"Se han hecho algo así como 40 estudios en los últimos años. Ahora es el momento de actuar y no de seguir estudiando el asunto", declaró Harper quien, a pesar de las protestas de las familias, añadió que la problemática no era "sociológica" sino criminal.
La decisión de Harper fue criticada por la comunidad indígena canadiense y el resto de grupos políticos.
El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, Thomas Mulcair, calificó la negativa de Harper como "escandalosa" y señaló que el entonces primer ministro habría actuado de forma diferente si 1.200 mujeres y niñas caucasianas hubiesen desaparecido de Ottawa, una ciudad con un millón de habitantes.
La comisión es una de las piezas fundamentales del plan de Trudeau para "renovar" las relaciones de Canadá con su población indígena, más de 1,4 millones de personas que constituyen el grupo con las peores condiciones de vida de los más de 35 millones de canadienses.
La creación de la comisión, que tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares canadienses (unos 30,8 millones de dólares estadounidenses), se une a la reciente finalización de los trabajos de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá que investigó el "genocidio cultural" cometido por el país.
En junio del año pasado, la Comisión publicó su informe final sobre el sistema de residencias escolares para indígenas, que durante un siglo fue utilizado para "reeducar" a la población aborigen infantil.
En las escuelas, por las que pasaron de forma forzosa decenas de miles de niños indígenas, se cometieron de manera sistemática violaciones, abusos físico y psicológicos, bajo la supervisión de organizaciones cristianas.
Además, unos 4.000 niños murieron en los internados, principalmente a consecuencia de enfermedades y malnutrición, pero también en algunos casos a consecuencia de los maltratos.
Para muchos indígenas, las heridas causadas durante ese siglo de terror son el origen de los males que afectan ahora a las comunidades y que se manifiestan en un desproporcionado número de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas indígenas.