El Congreso de Chile aprobó este jueves de manera definitiva el proyecto de ley de reforma constitucional que permite a los ciudadanos retirar el 10 % de sus fondos de pensiones para hacer frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia de coronavirus.
Una vez promulgada la ley, explica el portal chileno Emol.com, los afiliados podrán hacer la solicitud del retiro de los fondos hasta 365 días después de la publicación de la norma, que entregará el monto de los recursos hasta en dos cuotas, que estarán libres de pago de impuestos.
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La ley también contempla que el dinero será transferido a la cuenta bancaria del beneficiario o a la cuenta que tenga en su fondo de pensiones; eso lo decide el afiliado; la norma también dice que los actuales pensionados pueden verse beneficiados por la nueva ley.
La iniciativa fue aprobada en tercer trámite por la Cámara de Diputados, finalizando su curso parlamentario y quedando lista para su eventual promulgación como ley por el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, quien es contrario a esta reforma y podría vetarla o recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
El proyecto, impulsado por la oposición, está generando una fuerte crisis en el oficialismo chileno, pues fue aprobado gracias al voto a favor de varios legisladores gubernamentales, mientras que desde las bancadas progresistas se califica como “histórico” porque entienden que puede suponer el inicio de un cambio profundo en el sistema de pensiones del país, basado en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas.
¿Derrota para Piñera?
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo antes de la aprobación de la reforma que ésta no es una “derrota” para su Gobierno. ”No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree que es lo mejor para Chile y los chilenos”, afirmó en rueda de prensa.
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Para tratar de frenar la ley, Piñera anunció un paquete para la clase media, que incluye un ingreso básico de 600 dólares y créditos estatales blandos, pero no convenció a algunos parlamentarios de su propia coalición, que votaron a favor del retiro.
“Las ayudas de [el gobierno de Sebastián] Piñera no han llegado, yo saco el 10% y me pongo al día con el colegio de las niñas”, dijo a la AFP Agustín Serrano, un ingeniero mecánico desempleado, de 41 años.
El gran empresariado chileno y parte del oficialismo, incluido Piñera, se oponen al proyecto, que cuenta con gran apoyo popular, porque creen que empobrecerá a los pensionados y es el primer paso para desmantelar el sistema chileno de jubilaciones, replicado en otros países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y criticado con dureza en los últimos años.
Según la encuesta Plaza Pública Cadem, el 86 % de la población está de acuerdo con que la Cámara de Diputados diese luz verde en primera instancia al proyecto y el 82 % declara que, de aprobarse definitivamente, retiraría sus fondos.El sistema de pensiones chileno
"Vivimos en democracia y no siempre lo que uno cree que es mejor para el país se aprueba en el Congreso y, en consecuencia, vamos a esperar que termine el proceso legislativo", apuntó Piñera.
El presidente tiene la opción de vetar el proyecto o recurrir al Tribunal Constitucional, aunque los expertos lo descartan pues podría provocar una nueva ola de protestas como la que estalló a finales del año pasado.
El sistema de pensiones chileno
Implantado en 1981 en plena dictadura de Augusto Pinochet e ideado por José Piñera, hermano del actual mandatario, el sistema de pensiones es uno de los pilares del llamado "modelo chileno" y se basa en la capitalización individual del trabajador.
Los fondos, a su vez, son gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.
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Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, el modelo de economía ultraliberal y el propio sistema de pensiones llevaron a Chile a ser el país con el mayor PIB per capita de la región y redujeron drásticamente la pobreza, pero acrecentaron la desigualdad.
“La rebelión de la derecha tiene que ver con una pérdida de legitimidad de la política más doctrinaria. Hay parlamentarios en la derecha que ya no quieren mantener a cualquier costo esa forma tan rígida de desarrollo”, aseguró a Efe.
Por Redacción Internacional con información de agencias
