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La Fiscalía Popular Suprema de China (FPS) prometió “castigos severos, estrictos y rápidos” para quienes cometan “crímenes atroces” después de los últimos ataques indiscriminados registrados en el gigante asiático.
La semana pasada, un atropello dejó 35 muertos en el sur de China y, días después, al menos 8 personas fallecieron tras un ataque con cuchillo en una escuela de formación profesional en Yixing (este).
Este mismo martes 19 de noviembre, la Policía de la ciudad de Changde, en Hunan (centro), detuvo a un hombre de 39 años acusado de atropellar a varios peatones frente a un colegio, sin causar víctimas mortales.
En respuesta, la FPS prometió hoy castigos “severos, estrictos y rápidos” para quienes cometan “crímenes atroces” con vistas a “mantener la estabilidad social y mejorar la sensación de seguridad y bienestar entre el público”.
La FPS señaló en un comunicado publicado tras una reunión de trabajo que pondrá en práctica “un enfoque de tolerancia cero hacia crímenes dirigidos contra estudiantes o que comprometan la seguridad escolar”.
La nota subrayó “la importancia de procesar tales casos de manera decisiva y rápida para lograr un poderoso efecto disuasorio”.
Asimismo, destacó que los órganos fiscales del país tienen “deberes críticos” para “prevenir y resolver riesgos” y mantener la estabilidad social.
La FPS también instó a los fiscales a resolver disputas civiles en su origen antes de que se “intensifiquen”.
Salud mental en China
Estos incidentes han puesto en el foco la salud mental de un país sacudido por la llamada “venganza contra la sociedad”. Cada vez que se registra un ataque indiscriminado de estas características, las autoridades hablan de este término, que describe una situación donde los agresores, motivados por frustraciones personales, descargan su ira contra inocentes debido a conflictos sentimentales, legales o económicos.
Pero al atropello que dejó 35 muertos la semana pasada en el sur de China o los últimos asesinatos masivos a cuchilladas, hay que sumar otros ataques indiscriminados contra transeúntes, agresiones en escuelas o atentados con bombas caseras que han dado lugar a unos asaltos con cada vez más rasgos comunes.
Los sucesos de los últimos meses también han levantado también controversia por el control informativo del gobierno a fin de evitar un “efecto llamada”, según los expertos, que lamentan que no haya más información pública disponible para encontrar las verdaderas causas subyacentes.
“La estrategia de censura del Gobierno chino está impulsada por el miedo a perder el control de la narrativa y, potencialmente, a que se dispare la inestabilidad social. Busca evitar un ´efecto llamada´. Pero la efectividad de esta estrategia es discutible, y las verdaderas causas subyacentes de estos ataques siguen oscurecidas por la falta de transparencia”, explica a EFE la investigadora Rose Luqiu, especializada en censura y propaganda en regímenes autoritarios.
La académica, de la Universidad Baptista de Hong Kong, cree que la ralentización económica actual puede ser “un factor contribuyente” a esta crisis, si bien asegura que “es crucial reconocer las limitaciones de sacar conclusiones sin acceso a más datos”.
“Muchos relacionan estos ataques con la crisis económica, pero la falta de información oficial dificulta vincular ambos factores de forma precisa. No obstante, el enfoque del Gobierno es rastrear a personas desempleadas, lo que sugiere una preocupación por aquellos que están fuera de la red social y que, por lo tanto, son más difíciles de monitorear”, argumenta Luqiu.
Según la experta, “es incierto si este enfoque mitigará eficazmente incidentes futuros. Puede ser simplemente una narrativa conveniente para el Gobierno o puede reflejar una creencia genuina de que las dificultades económicas contribuyen a estos actos”.
“En cualquier caso, sin transparencia es difícil determinar a qué se debe una potencial reducción o aumento de los ataques”, zanja.
La psicóloga Zhang Defen, citada por la prensa local, considera que algunas personas “no logran mitigar su sufrimiento y encuentran en la violencia un escape para su frustración”, al tiempo que destaca la importancia de mejorar la educación en salud mental, un tema hasta ahora tabú en China y sobre el que se ha debatido en algunos artículos publicados en redes que lograron escapar a la censura.
Mientras, la académica Luqiu incide en que el control del Gobierno a la información, tardaron casi 24 horas en anunciar las primeras cifras de víctimas tras el atropello masivo de Zhuahi y eliminaron comentarios y fotografías en las redes sociales chinas, se debe a que perciben una “vulnerabilidad” en esta era en la que los medios son “omnipresentes”.
“Creen que la rápida difusión de información sobre este tipo de suecos, potencialmente amplificada y distorsionada por lo que consideran ‘fuerzas occidentales hostiles’ podría escalar rápidamente hasta convertirse en una tormenta de opinión pública”, señala.
Y eso podría “desencadenar disturbios sociales”, con lo que adoptan “un enfoque cauteloso que choca con las recomendaciones de las voces que abogan por una mayor transparencia, una mayor capacidad de respuesta a las preocupaciones públicas y una comunicación proactiva para contrarrestar los rumores”.
“Este conflicto interno dentro del Gobierno en última instancia conduce a una preferencia por suprimir la información. La suposición subyacente es que controlar la narrativa es crucial para mantener la estabilidad social”, remata.
Y es que estos sucesos son particularmente incómodos para China, cuya prensa oficial informa puntualmente de los tiroteos en Estados Unidos, en un contexto de competencia entre ambas potencias, y contrastan con el mensaje de las autoridades, que afirman que su país es “uno de los más seguros del mundo”, percepción hasta ahora compartida por sus habitantes.
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