¿Colombia debería recibir presos de Guantánamo?

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró este martes el llamado a los estados latinoamericanos para recibir presos de Guantánamo y así contribuir al cierre de este centro de detención, que es un referente mundial de las violaciones a los derechos humanos. "Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas", escribió Insulza en una nota divulgada en el sitio web de la OEA.

Según el secretario general, hay 79 personas detenidas en Guantánamo en condiciones de ser liberadas "si algún país" decide recibirlos. Estas personas no son terroristas, no son culpables de delito alguno, las agencias de inteligencia estadounidenses han revisado sus casos y han determinado que no hay ningún elemento por el cual se pueda justificar su detención. A la mayoría se les aprobó su liberación hace varios años, pero a falta de un lugar a donde ir siguen ilegalmente encerrados.

Trasladarlos de vuelta a sus países no es la mejor opción. En el derecho internacional existe el principio de no devolución (non refoulment), por el cual no se puede enviar a una persona a un país donde pueda ser sometida a persecución, tortura u otros malos tratos. Muchos de los detenidos podrían correr riesgos en sus naciones de origen, debido a la estigmatización que han sufrido por haber sido llevados a este centro de detención, así como por sus condiciones étnicas o religiosas, entre otras.

Por eso, como dijo Insulza, Estados Unidos ha solicitado a terceros países que examinen la posibilidad de recibir en su territorio a estas personas. Ese llamado lo hizo la Casa Blanca después de que en diciembre el Congreso estadounidense flexibilizó la Legislación de Defensa Nacional, que desde 2011 tenía maniatado al poder ejecutivo para decidir sobre el traslado de personas fuera de Guantánamo.

Una de las grandes promesas del presidente Barack Obama, desde su primera campaña electoral en 2008, era cerrar Guantánamo. De hecho, Uno de sus primeros actos oficiales, en enero de 2009, fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención militar en un plazo de un año. Aunque ha hecho esfuerzos por cumplir su promesa, el Congreso de mayoría republicana le ha planteado demasiados obstáculos. Ahora parece evidente que la solución no vendrá sólo por parte del gobierno estadounidense.

¿Los estados deberían cooperar? Guantánamo es un desastre en materia de derechos humanos. Un sinnúmero de organizaciones han denunciado las detenciones ilegales y las torturas sistemáticas que allí se han practicado desde que llegaron los primeros presos el 11 de enero de 2002. Desde entonces, se estima que al menos 779 individuos han estado encarcelados allí, la mayoría durante más de una década sin ser acusados. Las autoridades estadounidenses llevaban “sospechosos” de terrorismo capturados en países de Oriente Medio y Asia Central, en el marco de la guerra contra el terror liderada por George W. Bush tras los ataques a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido el cierre del centro de detención en múltiples ocasiones. Acabar con esa ilegalidad es una asignatura pendiente y para eso, a falta de la voluntad o la capacidad de Obama, se requiere la cooperación de terceros estados.

En palabras de Insulza: "Nuestro apego a la causa universal de los derechos humanos no sólo nos convoca a cumplirlos, sino también a considerar la posibilidad de cooperar en su cumplimiento cuando otro país de la región lo solicita".

Los gobiernos latinoamericanos han sido muy cautos en responder a la solicitud de la Casa Blanca. Aceptar personas que estuvieron detenidas en Guantánamo puede generar demasiado malestar en la opinión pública interna, debido especialmente al desconocimiento sobre el estatus jurídico de estos individuos y al alto grado de estigmatización que sufren quienes han estado detenidos en esta prisión militar de manera injusta. Es común pensar que todos los detenidos en Guantánamo son terroristas.

En Colombia esto fue evidente en marzo de este año, cuando se conoció que el gobierno de Uruguay estaba dispuesto a recibir sin condiciones y como personas libres a seis prisioneros de Guantánamo. Al contemplar la posibilidad de que Colombia hiciera lo mismo, no sólo el grueso de la opinión pública sino personalidades políticas expresaron su rechazo. Por ejemplo, la entonces candidata presidencial Marta Lucía Ramírez dijo a otros medios que “Colombia no puede correr el riesgo de que ellos (los detenidos) tengan vinculaciones con grupos terroristas, islamistas, extremistas, debemos tener cuidado y evitar que lleguen refuerzos a los terroristas que ya operan en nuestro país”. El senador Juan Lozano se preguntó: “¿A quién le cabe en la cabeza que Colombia vaya a recibir presos de Guantánamo, cuando no somos capaces ni siquiera de atender presos colombianos? … el solo hecho de abrir la posibilidad de recibir presos extranjeros en las cárceles colombianas es una equivocación garrafal”.

Los individuos cuya liberación ha sido aprobada no son terroristas. La idea de transferirlos a otro país es liberarlos. Recibirlos no representa peligro alguno para el país, siempre y cuando el procedimiento se realice con los protocolos de seguridad y controles respectivos. Más bien, contribuir a la liberación de personas inocentes, ilegalmente encerradas durante años, para que puedan rehacer sus vidas, podría elevar el perfil del Estado en el escenario de la política regional y la protección de los derechos humanos. Además, sería un paso importante para resolver uno de los problemas más graves y vergonzosos del continente a través de la cooperación.

Por ahora, Uruguay pone la pauta. No obstante, no será este el primer Estado que recibiría detenidos de Guantánamo. Según informes del New York Times y del Centro de Derechos Constitucionales de EE.UU., hay al menos 52 países que lo han hecho. En Latinoamérica, El Salvador es hasta ahora el único que recibió a dos detenidos el 19 de abril de 2012: Abdul Razak y Ahmed Mohamed, ciudadanos chinos cuya liberación estaba aprobada desde 2010. Otros países lo han hecho bajo acuerdos estrictamente confidenciales.

* Daniel Salgar Antolínez / @DanielSalgar1
 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró este martes el llamado a los estados latinoamericanos para recibir presos de Guantánamo y así contribuir al cierre de este centro de detención, que es un referente mundial de las violaciones a los derechos humanos. "Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas", escribió Insulza en una nota divulgada en el sitio web de la OEA.

Según el secretario general, hay 79 personas detenidas en Guantánamo en condiciones de ser liberadas "si algún país" decide recibirlos. Estas personas no son terroristas, no son culpables de delito alguno, las agencias de inteligencia estadounidenses han revisado sus casos y han determinado que no hay ningún elemento por el cual se pueda justificar su detención. A la mayoría se les aprobó su liberación hace varios años, pero a falta de un lugar a donde ir siguen ilegalmente encerrados.

Trasladarlos de vuelta a sus países no es la mejor opción. En el derecho internacional existe el principio de no devolución (non refoulment), por el cual no se puede enviar a una persona a un país donde pueda ser sometida a persecución, tortura u otros malos tratos. Muchos de los detenidos podrían correr riesgos en sus naciones de origen, debido a la estigmatización que han sufrido por haber sido llevados a este centro de detención, así como por sus condiciones étnicas o religiosas, entre otras.

Por eso, como dijo Insulza, Estados Unidos ha solicitado a terceros países que examinen la posibilidad de recibir en su territorio a estas personas. Ese llamado lo hizo la Casa Blanca después de que en diciembre el Congreso estadounidense flexibilizó la Legislación de Defensa Nacional, que desde 2011 tenía maniatado al poder ejecutivo para decidir sobre el traslado de personas fuera de Guantánamo.

Una de las grandes promesas del presidente Barack Obama, desde su primera campaña electoral en 2008, era cerrar Guantánamo. De hecho, Uno de sus primeros actos oficiales, en enero de 2009, fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención militar en un plazo de un año. Aunque ha hecho esfuerzos por cumplir su promesa, el Congreso de mayoría republicana le ha planteado demasiados obstáculos. Ahora parece evidente que la solución no vendrá sólo por parte del gobierno estadounidense.

¿Los estados deberían cooperar? Guantánamo es un desastre en materia de derechos humanos. Un sinnúmero de organizaciones han denunciado las detenciones ilegales y las torturas sistemáticas que allí se han practicado desde que llegaron los primeros presos el 11 de enero de 2002. Desde entonces, se estima que al menos 779 individuos han estado encarcelados allí, la mayoría durante más de una década sin ser acusados. Las autoridades estadounidenses llevaban “sospechosos” de terrorismo capturados en países de Oriente Medio y Asia Central, en el marco de la guerra contra el terror liderada por George W. Bush tras los ataques a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido el cierre del centro de detención en múltiples ocasiones. Acabar con esa ilegalidad es una asignatura pendiente y para eso, a falta de la voluntad o la capacidad de Obama, se requiere la cooperación de terceros estados.

En palabras de Insulza: "Nuestro apego a la causa universal de los derechos humanos no sólo nos convoca a cumplirlos, sino también a considerar la posibilidad de cooperar en su cumplimiento cuando otro país de la región lo solicita".

Los gobiernos latinoamericanos han sido muy cautos en responder a la solicitud de la Casa Blanca. Aceptar personas que estuvieron detenidas en Guantánamo puede generar demasiado malestar en la opinión pública interna, debido especialmente al desconocimiento sobre el estatus jurídico de estos individuos y al alto grado de estigmatización que sufren quienes han estado detenidos en esta prisión militar de manera injusta. Es común pensar que todos los detenidos en Guantánamo son terroristas.

En Colombia esto fue evidente en marzo de este año, cuando se conoció que el gobierno de Uruguay estaba dispuesto a recibir sin condiciones y como personas libres a seis prisioneros de Guantánamo. Al contemplar la posibilidad de que Colombia hiciera lo mismo, no sólo el grueso de la opinión pública sino personalidades políticas expresaron su rechazo. Por ejemplo, la entonces candidata presidencial Marta Lucía Ramírez dijo a otros medios que “Colombia no puede correr el riesgo de que ellos (los detenidos) tengan vinculaciones con grupos terroristas, islamistas, extremistas, debemos tener cuidado y evitar que lleguen refuerzos a los terroristas que ya operan en nuestro país”. El senador Juan Lozano se preguntó: “¿A quién le cabe en la cabeza que Colombia vaya a recibir presos de Guantánamo, cuando no somos capaces ni siquiera de atender presos colombianos? … el solo hecho de abrir la posibilidad de recibir presos extranjeros en las cárceles colombianas es una equivocación garrafal”.

Los individuos cuya liberación ha sido aprobada no son terroristas. La idea de transferirlos a otro país es liberarlos. Recibirlos no representa peligro alguno para el país, siempre y cuando el procedimiento se realice con los protocolos de seguridad y controles respectivos. Más bien, contribuir a la liberación de personas inocentes, ilegalmente encerradas durante años, para que puedan rehacer sus vidas, podría elevar el perfil del Estado en el escenario de la política regional y la protección de los derechos humanos. Además, sería un paso importante para resolver uno de los problemas más graves y vergonzosos del continente a través de la cooperación.

Por ahora, Uruguay pone la pauta. No obstante, no será este el primer Estado que recibiría detenidos de Guantánamo. Según informes del New York Times y del Centro de Derechos Constitucionales de EE.UU., hay al menos 52 países que lo han hecho. En Latinoamérica, El Salvador es hasta ahora el único que recibió a dos detenidos el 19 de abril de 2012: Abdul Razak y Ahmed Mohamed, ciudadanos chinos cuya liberación estaba aprobada desde 2010. Otros países lo han hecho bajo acuerdos estrictamente confidenciales.

* Daniel Salgar Antolínez / @DanielSalgar1