Colombia presenta sus avances en Derechos Humanos ante la ONU

Este jueves en Ginebra, Suiza, el gobierno colombiano presentó ante la Organización de las Naciones Unidas un balance positivo de sus avances en materia de Derechos Humanos, en el que resaltó la importancia que ha tenido el Acuerdo de Paz con las Farc para la consecución de esos objetivos.

Colombia asisitió al denominado Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que pasa al tablero los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. 

La importancia del examen es de la mayor trascendencia para quienes conocen a profundidad el sistema en el cual se desarrollan todas las tareas de la ONU. En pocas palabras, se trata de una prueba en la que los ojos de los 193 países que integran el Consejo de Derechos Humanos se enfocan sobre Colombia 

El delegado por parte del gobierno nacional fue el ministro del Interior Rodrigo Rivera, quien viajó acompañado de una pequeña delegación de funcionarios. Allí, Rivera destacó que el EPU era una oportunidad para Colombia de "confirmar y compartir el compromiso con las obligaciones internacionales, al tiempo que constituye una pieza fundamental para la adopción de medidas, políticas y estrategias que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la ciudadanía". 

Puede leer: ¿Para qué sirve el examen de derechos humanos que presentará Colombia en la ONU?

No obstante, Rivera aclaró que aunque el Acuerdo de Paz con las Farc ha servido para mejorar en materia de Derechos Humanos, el proceso de paz con esta guerrilla no es el fin, sino el medio para conseguir la paz en el país.

“Como Estado reconocemos que la firma del Acuerdo no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional ha reconocido el valor del Acuerdo al ir más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de los excombatientes y promover un gran proyecto de país, más democrático e incluyente”, aseguró el ministro Rivera.

Uno de los avances que destacó la delegación colombiana fue la reducción de homicidios, que en 2017, de acuerdo con el gobierno, tuvo la tasa más baja de los últimos 42 años y permitió salvar 3.000 vidas. El desminado humanitario permitió una reducción de más del 95% en el número de afectados en los últimos diez años y otras problemáticas como el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas han disminuido considerablemente.

El ministro indicó también que 69.000 familias forman parte del programa para sustitución de cultivos de sustancias ilegales y que la mitad ya ha recibido el primer desembolso. Además, anunció que 12.000 excombatientes han recibido su renta básica y se han afiliado a la seguridad social, y que se han restituido 300.000 hectáreas de tierra.

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Pero en la intervención de Colombia no todo fueron elogios. Rivera reconoció que el Gobierno tiene un problema grave con la persistencia de desplazamientos forzosos de población rural y, sobre todo, con la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sindicales. De acuerdo con cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, desde el 2016 han asesinado 282 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos.

"Estamos luchando contra la impunidad de los homicidios de defensores de derechos humanos", afirmó y explicó que se ha creado una unidad específica en la Fiscalía y en la Policía para esclarecer estos asesinatos, e informó de que 4.000 activistas están siendo protegidos por el Estado. 

Precisamente, el hostigamiento y los homicidios de estos activistas fue la principal preocupación de la inmensa mayoría de los países que intervinieron, entre ellos Australia, Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica Congo, y Dinamarca, España.

Washington y Caracas se refirieron también al tema de los falsos positivos -los civiles asesinados y contabilizados como guerrilleros- pidieron que ninguno de estos casos quede en impune y que también se juzgue a los altos mandos responsables.

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Islandia alabó a Colombia por haber adoptado el matrimonio gay pero mostró su preocupación por la violencia de género, una crítica que secundaron Polonia, Italia e Irlanda.

Brasil, por su parte, ensalzó a Colombia por recibir en su territorio a miles de refugiados venezolanos con dignidad. 

El EPU se hace basado en los informes del Estado y en las recomendaciones de los países evaluadores. Estos últimos basan sus intervenciones en informes de expertos y grupos de trabajo independientes, así como en información proporcionada por actores interesados, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y ONG. 

Esta es la cuarta vez que Colombia se somete al pizarrón del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La última vez que el país asisitió a Ginebra a presentar su informe de Derechos Humanos fue en 2013, tres años antes de que se suscribiera el Acuerdo de Paz y en el que las mayores preocupaciones por parte de los países evaluadores tenían que ver, precisamente, con los desafíos que tenía en ese momento el gobierno para garantizar un proceso de paz que trajera beneficios a las víctimas. 

Este jueves en Ginebra, Suiza, el gobierno colombiano presentó ante la Organización de las Naciones Unidas un balance positivo de sus avances en materia de Derechos Humanos, en el que resaltó la importancia que ha tenido el Acuerdo de Paz con las Farc para la consecución de esos objetivos.

Colombia asisitió al denominado Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que pasa al tablero los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. 

La importancia del examen es de la mayor trascendencia para quienes conocen a profundidad el sistema en el cual se desarrollan todas las tareas de la ONU. En pocas palabras, se trata de una prueba en la que los ojos de los 193 países que integran el Consejo de Derechos Humanos se enfocan sobre Colombia 

El delegado por parte del gobierno nacional fue el ministro del Interior Rodrigo Rivera, quien viajó acompañado de una pequeña delegación de funcionarios. Allí, Rivera destacó que el EPU era una oportunidad para Colombia de "confirmar y compartir el compromiso con las obligaciones internacionales, al tiempo que constituye una pieza fundamental para la adopción de medidas, políticas y estrategias que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la ciudadanía". 

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No obstante, Rivera aclaró que aunque el Acuerdo de Paz con las Farc ha servido para mejorar en materia de Derechos Humanos, el proceso de paz con esta guerrilla no es el fin, sino el medio para conseguir la paz en el país.

“Como Estado reconocemos que la firma del Acuerdo no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional ha reconocido el valor del Acuerdo al ir más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de los excombatientes y promover un gran proyecto de país, más democrático e incluyente”, aseguró el ministro Rivera.

Uno de los avances que destacó la delegación colombiana fue la reducción de homicidios, que en 2017, de acuerdo con el gobierno, tuvo la tasa más baja de los últimos 42 años y permitió salvar 3.000 vidas. El desminado humanitario permitió una reducción de más del 95% en el número de afectados en los últimos diez años y otras problemáticas como el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas han disminuido considerablemente.

El ministro indicó también que 69.000 familias forman parte del programa para sustitución de cultivos de sustancias ilegales y que la mitad ya ha recibido el primer desembolso. Además, anunció que 12.000 excombatientes han recibido su renta básica y se han afiliado a la seguridad social, y que se han restituido 300.000 hectáreas de tierra.

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Pero en la intervención de Colombia no todo fueron elogios. Rivera reconoció que el Gobierno tiene un problema grave con la persistencia de desplazamientos forzosos de población rural y, sobre todo, con la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sindicales. De acuerdo con cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, desde el 2016 han asesinado 282 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos.

"Estamos luchando contra la impunidad de los homicidios de defensores de derechos humanos", afirmó y explicó que se ha creado una unidad específica en la Fiscalía y en la Policía para esclarecer estos asesinatos, e informó de que 4.000 activistas están siendo protegidos por el Estado. 

Precisamente, el hostigamiento y los homicidios de estos activistas fue la principal preocupación de la inmensa mayoría de los países que intervinieron, entre ellos Australia, Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica Congo, y Dinamarca, España.

Washington y Caracas se refirieron también al tema de los falsos positivos -los civiles asesinados y contabilizados como guerrilleros- pidieron que ninguno de estos casos quede en impune y que también se juzgue a los altos mandos responsables.

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Brasil, por su parte, ensalzó a Colombia por recibir en su territorio a miles de refugiados venezolanos con dignidad. 

El EPU se hace basado en los informes del Estado y en las recomendaciones de los países evaluadores. Estos últimos basan sus intervenciones en informes de expertos y grupos de trabajo independientes, así como en información proporcionada por actores interesados, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y ONG. 

Esta es la cuarta vez que Colombia se somete al pizarrón del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La última vez que el país asisitió a Ginebra a presentar su informe de Derechos Humanos fue en 2013, tres años antes de que se suscribiera el Acuerdo de Paz y en el que las mayores preocupaciones por parte de los países evaluadores tenían que ver, precisamente, con los desafíos que tenía en ese momento el gobierno para garantizar un proceso de paz que trajera beneficios a las víctimas.