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"Tenemos la presencia de peritos, de expertos en explosivos y algunas otras condiciones particulares de la investigación de parte de Colombia", declaró el fiscal general, Carlos Baca, en una rueda de prensa.
Desde San Lorenzo, la localidad fronteriza con Colombia donde ocurrió lo que el gobierno catalogó de "acto terrorista", Baca dijo también que cuentan "con el apoyo de los Estados Unidos y de las agencias (de ese país) que tiene que ver con el tema de lucha contra la droga".
El ataque ocurrido el sábado dejó 28 personas con lesiones leves y el puesto policial semidestruido. Las autoridades apuntan que se trata de una retaliación de bandas de narcotráfico que han sido golpeadas por decomisos recientes.
Tras la inusual explosión del carro bomba, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un estado de excepción por 60 días en las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas (norte), donde los uniformados enfrentan narcotráfico y delincuencia común.
Estamos "haciendo adecuadamente lo que corresponde hacer a un Estado que ve amenazada su seguridad", aseguró el fiscal, quien visitó el lugar junto a otras autoridades como el ministro del Interior, César Navas.
Las autoridades ecuatorianas han reforzado la presencia militar y policial en la zona del ataque con unos 1.000 uniformados. Además realizan un censo de los vecinos del lugar cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión.
Por Agencia Afp
