El juicio político contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, comenzó hoy hacia las 18.15 horas (22.15 GMT) con la presentación de la acusación a cargo de cinco diputados que ejercen como "fiscales".
Ante el pleno del Senado constituido en tribunal, el primero en exponer las razones por las que Lugo debe ser destituido por "mal desempeño" en sus funciones es el "colorado" Carlos Liseras.
El enjuiciamiento al presidente fue decidido el jueves por la Cámara de Diputados, que responsabilizó a Lugo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" en una hacienda de Curuguaty, el pasado día 15 en el nordeste del país.
Los 5 puntos de la acusación
Según el periódico ABC de Paraguay, estos son los temas sobre los que el Parlamento basará la acusación contra el presidente Fernando Lugo.
Ñacunday: durante el conflicto de tierras en esta región, el mandatario dispuso el uso de la fuerza militar para provocar miedo entre los colonos. Uniformados entraron a propiedades privadas sin autorización judicial.
Inseguridad: Lugo no desarrolló una política eficaz para disminuir la inseguridad, a pesar de que el Congreso aprobó importantes recursos para este fin. “Todos los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento Partido patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP”, indica la acusación.
Atentado a la soberanía
Con el protocolo Ushuaia II que fue firmado por el mandatario Fernando Lugo, dice la acusación, “los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay”. El cuestionado documento fue firmado en la ciudad de Montevideo en diciembre pasado. El protocolo fue elaborado por los presidentes de la región para protegerse uno a otro, refiere el escrito.
Justicia
Aparte de la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, los acusadores pedirán al Senado que remitan los antecedentes del caso a la justicia ordinaria.
Por El Espectador/EFE
