5 Jun 2018 - 8:09 p. m.

Costa Rica, el primer país latinoamericano en nacionalizar un apátrida

A sus 69 años, Eloísa Castro Méndez no tenía nacionalidad. Sus padres la abandonaron cuando era niña y desconocía su lugar de nacimiento. Su vida era un calvario, como el de miles de personas en el mundo con la condición de apátrida (sin nación). Hoy, se volvió otra costarricense con identificación.

-Redacción Internacional con información de EFE

Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en otorgar la nacionalidad a una persona apátrida, una condición que afecta a millones en el mundo y que suele pasar inadvertida en la sociedad. Eloísa Castro Méndez, una mujer de 69 años y madre de seis hijos, recibió la nacionalidad costarricense y es un hito en Latinoamérica al ser la primera persona de la región en salir de la apatridia, una condición que le generaba problemas como el acceso a los servicios públicos, especialmente a los de salud.

"Por no tener ese documento (la cédula de identidad), aunque soy diabética, cuando iba enferma a los hospitales no me atendían. Ahora estoy feliz y le doy gracias a todos lo que me ayudaron, porque ahora puedo recibir atención médica", comentó Castro en declaraciones divulgadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Campos, vecina de Coronado, en el sector noroeste de San José, nunca fue registrada por sus padres, que la abandonaron cuando niña, y desconoce su lugar preciso de nacimiento. Su condición de apátrida fue certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El TSE, que tiene a su cargo el Registro Civil, explicó que este logro es producto de una modificación a sus reglamentos y la inclusión de un capítulo que permite a las personas declaradas apátridas por el Ministerio de Relaciones Exteriores optar por la nacionalidad.

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El director general del Registro Civil, Luis Bolaños, dijo Efe que la historia de Eloísa Castro es "muy dura", pues durante su vida ha tenido que pasar "por cosas muy feas debido a que no tenía la posibilidad de identificarse". Bolaños explicó que hay países en Latinoamérica como Brasil y Uruguay que cuentan con legislación que permite declarar a alguien como apátrida, pero que Costa Rica es el primero que da un paso más allá para otorgar la nacionalidad a la persona.

"El tema de legislación que permite a las personas ser declaradas apátridas es muy reciente y ninguno había dado el salto a dar la nacionalidad. Hemos ratificado dos convenciones desde los años sesenta que tienen que ver con la reducción de la apatridia, por lo que lo que hemos hecho ahora es acatar esas disposiciones que a pesar de que son tan viejas, no se les había dado la importancia", comentó Bolaños.

Con su nacionalidad oficializada y al contar ya con su cédula de identidad, Eloísa Castro "podrá votar y tener acceso a servicios médicos, bancarios, ayudas estatales y a todos los beneficios y derechos que tiene un ciudadano costarricense", detalló Bolaños. Castro recibió recientemente el documento de identidad, de acuerdo con la información oficial.

El Registro Civil no tiene en trámite más solicitudes de personas apátridas para su nacionalización, pero sí hay varios casos en la etapa previa de estudio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo Bolaños. La apatridia es un fenómeno que afecta a 10 millones de personas en el mundo, según datos de la ONU, que pasa prácticamente inadvertido, pero que causa serias afectaciones a las personas que lo sufren.

En Costa Rica y Panamá está en marcha un proyecto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto con autoridades locales, considerado un ejemplo mundial en la lucha contra la apatridia. La iniciativa, llamada "Chiriticos", por un juego de palabras que une la provincia panameña occidental de Chiriquí y el apodo de "ticos" que reciben los costarricenses; pretende disminuir el riesgo de apatridia a los indígenas Ngäbe Buglé, nativos de la provincia panameña de Chiriquí.

Grandes grupos de estos indígenas se movilizan constantemente hacia Costa Rica para las cosechas agrícolas, la mayoría sin documentos de identificación, lo que les hace vulnerables a la explotación laboral y al pobre acceso a servicios básicos como los de salud. Muchas de estas personas se quedan a vivir en Costa Rica e incluso mujeres dan a luz y por temor a ser deportadas o, por problemas económicos, no registran a sus hijos ante las autoridades civiles.Desde su puesta en marcha en 2014, el proyecto contabiliza más de 23.000 trámites civiles realizados en beneficio de esta población indígena tanto en Costa Rica como en Panamá.

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