A tres semanas del golpe en Birmania, la desobediencia civil solo ha crecido. La campaña a la que se han sumado decenas de miles de personas se ha centrado en paralizar al país y aminorar la legitimidad interna y el reconocimiento externo de los militares. Para ello, la difusión de expresiones simbólicas de resistencia en redes, desde el saludo de tres dedos, el canto punk de Rebel Riot hasta el desfile de la discriminada comunidad LGBTI, también ha sido decisiva. Si bien los estudiantes y los trabajadores fueron los primeros en salir a protestar, se les han juntado monjes budistas, enfermeras, médicos, abogados, ingenieros, profesores, funcionarios públicos y algunos policías en un ejercicio general de huelga pacífica. No obstante, en el contexto político birmano, la ventana de oportunidad para que la situación sea resuelta sin mayor violencia es pequeña.
Cuando el Tatmadaw decidió impulsar la democratización, nunca era su intención abandonar el poder sino formalizarlo mediante su incrustación en el Estado, independencia frente a los civiles y control sobre la economía. De ahí que según la Constitución de 2008 los militares tienen derecho al 25 % de los escaños en ambas cámaras del parlamento y a los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, al tiempo que son garantes de una unión nacional que debe ser preservada con violencia ante la existencia de 135 minorías étnicas. Dado que son los arquitectos del sistema actual, cabe preguntarse por qué los militares optan por desconocer las elecciones de noviembre de 2020 —en las que Aun San Suu Kyi y su partido, Liga Nacional para la Democracia (NLD), ganaron el 83 % de los escaños parlamentarios sujetos a voto popular—, toda vez que el golpe ha energizado la popularidad de la líder, aumentado el desprestigio de Tatmadaw y el de su partido en la sombra, Unión de Solidaridad y Desarrollo (USDP) y estimulado un mayor descontento social. Además de su difícil convivencia con Suu Kyi y el NLD, el posible temor de perder el tutelaje por algunas tentativas de los gobernantes civiles de desmilitarizar las instituciones estatales y su humillación en las urnas, la respuesta sencilla es que, tristemente, no hay mucho que se lo impida. Más allá de la condena internacionalque ha buscado estigmatizar a la junta militar y dar apoyo moral a los manifestantes, poco hará la adopción de sanciones selectivas por parte de EE. UU. y la Unión Europea cuando China, país con el que Birmania comparte un tercio de sus relaciones comerciales, está presta a llenar el vacío sin condiciones.
La “democracia disciplinada” de Birmania sugiere varias lecciones. Primero, por más que toda transición debe celebrarse, el simultáneo aflojamiento del control sobre la vida de los ciudadanos y preservación del mando al interior del Estado hace que cualquier gobierno civil sea preso de los militares, como se evidenció en la vergonzosa defensa de Suu Kyi, ex nobel de Paz, del genocidio de los rohingyas. Segundo, una democratización parcial en la que el derecho al voto no se acompaña del reconocimiento de las libertades civiles de expresión y asociación arriesga la brutalidad estatal. Finalmente, el cambio duradero exige que haya renovación generacional de líderes y movimientos políticos. El que la edad promedio de quienes integran el NLD sea alrededor de 70 no es motivo de esperanza.
A tres semanas del golpe en Birmania, la desobediencia civil solo ha crecido. La campaña a la que se han sumado decenas de miles de personas se ha centrado en paralizar al país y aminorar la legitimidad interna y el reconocimiento externo de los militares. Para ello, la difusión de expresiones simbólicas de resistencia en redes, desde el saludo de tres dedos, el canto punk de Rebel Riot hasta el desfile de la discriminada comunidad LGBTI, también ha sido decisiva. Si bien los estudiantes y los trabajadores fueron los primeros en salir a protestar, se les han juntado monjes budistas, enfermeras, médicos, abogados, ingenieros, profesores, funcionarios públicos y algunos policías en un ejercicio general de huelga pacífica. No obstante, en el contexto político birmano, la ventana de oportunidad para que la situación sea resuelta sin mayor violencia es pequeña.
Cuando el Tatmadaw decidió impulsar la democratización, nunca era su intención abandonar el poder sino formalizarlo mediante su incrustación en el Estado, independencia frente a los civiles y control sobre la economía. De ahí que según la Constitución de 2008 los militares tienen derecho al 25 % de los escaños en ambas cámaras del parlamento y a los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, al tiempo que son garantes de una unión nacional que debe ser preservada con violencia ante la existencia de 135 minorías étnicas. Dado que son los arquitectos del sistema actual, cabe preguntarse por qué los militares optan por desconocer las elecciones de noviembre de 2020 —en las que Aun San Suu Kyi y su partido, Liga Nacional para la Democracia (NLD), ganaron el 83 % de los escaños parlamentarios sujetos a voto popular—, toda vez que el golpe ha energizado la popularidad de la líder, aumentado el desprestigio de Tatmadaw y el de su partido en la sombra, Unión de Solidaridad y Desarrollo (USDP) y estimulado un mayor descontento social. Además de su difícil convivencia con Suu Kyi y el NLD, el posible temor de perder el tutelaje por algunas tentativas de los gobernantes civiles de desmilitarizar las instituciones estatales y su humillación en las urnas, la respuesta sencilla es que, tristemente, no hay mucho que se lo impida. Más allá de la condena internacionalque ha buscado estigmatizar a la junta militar y dar apoyo moral a los manifestantes, poco hará la adopción de sanciones selectivas por parte de EE. UU. y la Unión Europea cuando China, país con el que Birmania comparte un tercio de sus relaciones comerciales, está presta a llenar el vacío sin condiciones.
La “democracia disciplinada” de Birmania sugiere varias lecciones. Primero, por más que toda transición debe celebrarse, el simultáneo aflojamiento del control sobre la vida de los ciudadanos y preservación del mando al interior del Estado hace que cualquier gobierno civil sea preso de los militares, como se evidenció en la vergonzosa defensa de Suu Kyi, ex nobel de Paz, del genocidio de los rohingyas. Segundo, una democratización parcial en la que el derecho al voto no se acompaña del reconocimiento de las libertades civiles de expresión y asociación arriesga la brutalidad estatal. Finalmente, el cambio duradero exige que haya renovación generacional de líderes y movimientos políticos. El que la edad promedio de quienes integran el NLD sea alrededor de 70 no es motivo de esperanza.