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Más de 70 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la colombiana Corporación Acción Técnica Social (Échele Cabeza), firmaron una declaración conjunta exige a Naciones Unidas una postura firme contra la pena de muerte por delitos de drogas, una práctica que sigue activa en al menos 35 países y que viola tratados de derechos humanos.
La petición se publicó en vísperas del Día Mundial contra las Drogas, conmemorado el 26 de junio, una fecha que está pensada para fomentar la prevención, la concientización y la libertad sobre el uso de drogas.
“La pena de muerte por drogas no solo es ineficaz: es cruel, desproporcionada y contraria al derecho internacional”, sostiene el comunicado conjunto enviado a la UNODC y a la Comisión de Estupefacientes (CND).
Según Harm Reduction International, en 2024 se registraron al menos 600 ejecuciones por delitos de drogas, principalmente en Irán, Arabia Saudita, Singapur y China, lo que representa el 40 % de todas las ejecuciones a nivel mundial.
Esto convierte a 2024 en el año más letal desde 2015. La mayoría de estas ejecuciones en 2024 ocurrieron en Irán (500 casos), Arabia Saudita (122), Singapur (8) y China (sin cifras oficiales).
También se reportaron sentencias de muerte en 13 países (como Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Yemen), y se estima que al menos 2.300 personas permanecían en el corredor de la muerte por delitos de drogas al finalizar 2024.
Prohibido por el derecho internacional
El comunicado recuerda que las ejecuciones por delitos de drogas violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita la pena capital a los “crímenes más graves”, es decir, aquellos que implican homicidio intencional. Así lo ha ratificado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, así como otras agencias internacionales.
Ni los tratados de fiscalización de drogas ni las convenciones de la ONU mencionan la pena de muerte. Por el contrario, el uso de esta pena extrema ha sido señalado como un obstáculo para la cooperación internacional y la salud pública.
“La aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas no respeta el espíritu de las Convenciones de la ONU sobre drogas y puede convertirse en un obstáculo para la cooperación internacional eficaz contra el narcotráfico”, dice la ONU.
¿Un cambio posible? Casos esperanzadores en Asia
A pesar del aumento de ejecuciones, hay señales de avance. En 2023, Pakistán eliminó la pena de muerte para delitos de drogas, y en abril de 2025, Vietnam propuso eliminarla para varios delitos, incluido el narcotráfico. En Malasia, más de 1.000 condenas fueron conmutadas tras la derogación de la pena obligatoria en 2023.
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Un uso irónico del Día Mundial contra las Drogas
Lo más preocupante, advierten las organizaciones, es que el 26 de junio, día promovido por la ONU para sensibilizar sobre el consumo de sustancias, se ha convertido en una excusa para aplicar castigos ejemplarizantes por parte de países con leyes estrictas sobre las drogas.
En países como China e Irán, donde las autoridades utilizan esta fecha para llevar a cabo las ejecuciones y también para lanzar campañas de “tolerancia cero” o emitir sentencias de muerte.
Las organizaciones exigen que la ONU, especialmente la UNODC y la CND, integren de forma constante los derechos humanos en su labor sobre políticas de drogas. Entre sus peticiones están: condenar públicamente las ejecuciones por delitos de droga; establecer un punto fijo sobre derechos humanos en las agendas de la CND; e incluir un capítulo específico sobre derechos humanos en el Informe Mundial sobre Drogas, publicado anualmente el 26 de junio.
“La pena de muerte por delitos de drogas no solo es ineficaz, sino que es inhumana y contraria al derecho internacional”, concluye el comunicado firmado por organizaciones de todos los continentes. Desde Colombia, Échele Cabeza se suma a este llamado para que el 26 de junio no sea más un día de ejecuciones, sino un día de justicia y salud pública.
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