Para el amanecer de este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula, ya debe haber llegado a Israel para oficializar el miércoles el inicio de operaciones de la embajada colombiana en Jerusalén, con Tania Gilinski como jefa de la misión diplomática. La embajada será restablecida después de dos años de ruptura de relaciones. Con esta decisión, anunciada durante la campaña por el presidente Abelardo de la Espriella, Colombia se suma a Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Kosovo, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia, una nación no reconocida por las Naciones Unidas, pero sí por Israel.
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El traslado de una embajada a esa ciudad puede interpretarse como un reconocimiento de la soberanía israelí sobre un territorio cuyo estatus sigue siendo objeto de disputa y que la ONU considera sujeto a un régimen jurídico especial. En concreto, en 1980 el organismo internacional pidió a los países, mediante la Resolución 478, que retiraran sus misiones de Jerusalén. Ese mismo año Colombia estableció su embajada en Tel Aviv, donde permaneció hasta 2024. El movimiento diplomático del gobierno de De la Espriella es apenas lógico, dado su interés en acercarse a Israel como uno de sus aliados clave. Se suma a otras medidas, como el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Sin embargo, la decisión sobre Jerusalén abre la puerta a importantes consecuencias diplomáticas para el país.
Así lo advirtió al Gobierno Nacional un informe enviado el 8 de agosto por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), uno de los dos grupos sindicales de los diplomáticos de carrera. La asociación cuenta con más de 250 profesionales, que representan más del 80 % de los funcionarios activos pertenecientes a la carrera diplomática y consular del país. Asodiplo anunció públicamente este informe el 31 de julio, cuando se conoció que el Gobierno entrante planeaba cerrar 14 embajadas y 15 consulados. El documento fue presentado el 8 de agosto, y sus conclusiones se reafirmaron en una reunión entre los directivos de la agremiación y el canciller Bula el 21 de agosto. El Espectador tuvo acceso al documento, que hasta la fecha permanece bajo embargo indefinido.
La guerra, desencadenada por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza, cumplió tres años la semana pasada. Los ataques de Hamás dejaron más de 1.195 israelíes muertos, mientras que el balance de víctimas palestinas superaba las 74.300 en la Franja de Gaza. Esta contraofensiva fue calificada como genocidio por una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas, que presentó sus conclusiones en septiembre de 2025. La asociación sostiene que la política de Estado colombiana ha consistido en respetar el estatus especial de la ciudad, en el marco de las resoluciones 242 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Su argumento es que abrir una embajada en Jerusalén supone apartarse de esa posición histórica y situaría a Colombia en una posición minoritaria. Además, advierte que el país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales como Estado parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948. El Gobierno ha justificado el cierre de las misiones diplomáticas anunciadas —en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Cuba, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica— como una medida para optimizar la presencia diplomática de Colombia en el mundo.
Sin embargo, Asodiplo también resalta que, pese a que formalmente no había relaciones con Israel, un cuerpo consular seguía operando desde Tel Aviv. Trasladar esta misión implicaría gastos adicionales y aumentaría los riesgos de seguridad para el personal diplomático colombiano, dado que se trata de un territorio en disputa. Los planes también contemplan suspender la apertura de una embajada en Cisjordania. Esto, afirma el informe, “puede tener repercusiones frente a la Liga Árabe y nos aleja de la posición mayoritaria mundial en cuanto al estatus de Jerusalén”.
El informe analiza los cierres de misiones diplomáticas y la fusión de las representaciones ante la FAO y la Unesco. Asodiplo advierte que estas medidas podrían debilitar la presencia internacional de Colombia, afectar la atención consular y poner en riesgo las relaciones comerciales y las oportunidades de cooperación, mientras que los ahorros fiscales serían inferiores a los costos potenciales. Como ejemplo, señala que el cierre de las 14 embajadas supondría un ahorro bruto anual de COP 38.300 millones, pero estima que el ahorro recurrente efectivo estaría entre COP 20.000 y COP 32.000 millones. La asociación calcula que las medidas pondrían en riesgo exportaciones por USD 802 millones anuales, equivalentes, según el documento, a cerca de COP 2,5 billones. Asimismo, frente a los cierres de embajadas en África, destaca que las exportaciones colombianas a Argelia alcanzaron los USD 34 millones en 2025, y que Colombia exportó USD 358,8 millones a Sudáfrica ese mismo año.
Ambas misiones figuran en la lista de las que el gobierno de De la Espriella planea cerrar. Como se explicó anteriormente, el canciller se reunió con los representantes de Asodiplo el 21 de agosto. Por su parte, el otro grupo gremial de la Cancillería, Unidiplo, también se reunió con Bula en septiembre para expresar sus “recomendaciones e inquietudes” frente al cierre de las misiones diplomáticas. En ambos casos, la respuesta fue la misma: los representantes fueron recibidos, pero no obtuvieron ninguna respuesta adicional. En contraste, los planes del Gobierno en materia de política exterior siguen adelante, pese a las observaciones de los diplomáticos de carrera.
El Espectador pudo establecer que varios funcionarios que hasta el 7 de agosto estaban asignados a distintas misiones fueron removidos y se enteraron por los medios de comunicación de quiénes serían sus reemplazos. Las advertencias de los gremios dejan abierta una pregunta: si el Gobierno está dispuesto a asumir sus eventuales costos diplomáticos, también queda por ver cómo responderá a las inquietudes de sus funcionarios.
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