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El gobierno colombiano, a través de su canciller, María Ángela Holguín, denunciará los abusos a los que han sido sometidos los colombianos expulsados de Venezuela y lo hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario general de las Naciones Unidas, el alto comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y la Organización Internacional de Migraciones, así como ante la opinión y los medios del mundo. Al mismo tiempo desistirá de acudir a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que le había pedido una reunión de cancilleres de urgencia para abordar la crisis fronteriza con el vecino país, la cual nunca fue atendida.
Así lo anunció anoche al país el presidente Juan Manuel Santos en una alocución radio-televisada en la que cuestionó duramente el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Colombia acudió precisamente para buscar ese mismo encuentro de cancilleres el lunes pasado, que finalmente no fue avalado debido a la oposición de cinco países y la abstención de otros 11, en su mayoría caribeños. “Infortunadamente pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. Es triste constatarlo, pero fue así”, dijo.
En este sentido, el jefe de Estado comparó los guetos nazis y lo que sucede con los colombianos en Venezuela, donde se han marcado las casas de las familias con una D para luego demolerlas. “Cuando se conoció esta infamia, la pregunta universal fue: ¿dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto? Pues bien, hoy —guardadas proporciones— la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está la región? Se ha confiscado la propiedad de los más humildes, o se les ha impedido llevarse sus pocas pertenencias”.
“Venezuela, como cualquier Estado, tiene derecho a cerrar su frontera o expulsar personas por razones de seguridad. Pero la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional. Las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad. Las deportaciones no pueden ser masivas ni arbitrarias. Deben ser individuales, previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades. No pueden afectar los derechos de los menores ni separar familias. Y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados. Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela”, agregó.
Por otra parte, Santos reveló que el fiscal general, Eduardo Montealegre, estaría considerando presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables de crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. “Se trata, específicamente, de la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional”, indicó.
Además, para el primer mandatario es evidente que la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro es culpar a Colombia de todos sus males: “Los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia. Son tan absurdas, tan fuera de la realidad, las acusaciones y señalamientos que se caen de su propio peso. ¿Quién puede culpar a una pobre anciana deportada de la tremenda escasez de productos básicos que sufre el pueblo venezolano? ¿Quién puede culpar a los niños que están siendo expulsados de la altísima tasa de cambio o la inflación que se ha disparado allá? ¿Y quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, “con la anuencia y la vista gorda” de mi gobierno, se planee atentar contra la vida del presidente Maduro? No, mil veces no”, enfatizó.
Por último, Santos hizo un llamado a la unidad, al tiempo que señaló que el Gobierno seguirá adelantando una diplomacia firme y serena, que exija el respeto de la dignidad humana. “El que tiene la razón no necesita gritar para que lo oigan. La razón se explica por sí misma y los hechos lo confirman, están a la vista. Los colombianos pueden tener la certeza de que no vamos a descansar, no vamos a cesar un solo momento en la exigencia de respeto por nuestros compatriotas, por su dignidad, por sus derechos y por la dignidad de nuestro país”.