Dos policías brasileños fueron capturados por asesinato de la política Marielle Franco

Dos policías fueron capturados este martes en Río de Janeiro como sospechosos del asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, tiroteada brutalmente hace un año junto con el conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos, el policía militarizado Ronnie Lessa, es sospechoso de ser el autor de los disparos que mataron a la concejala de Río de Janeiro, muy crítica con los abusos policiales y cuyo asesinato causó una profunda indignación en Brasil y el resto del mundo.

(Le puede interesar: ¿Quién mató a la concejal brasileña Marielle Franco?)

El otro detenido, Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años y quien había sido expulsado de la Policía Militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen.

Franco, una mujer negra, lesbiana, procedente de una favela, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de las minorías, fue asesinada a tiros dentro del vehículo en el que se dirigía a su residencia tras salir de un evento político el 14 de marzo de 2018.

Su asesinato provocó gran indignación en Brasil, ya que la concejala se había destacado por su enérgica condena a los abusos policiales y en defensa de las minorías, así como condenas en el exterior, especialmente de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

(Ver más: El asesinato de Marielle Franco, el Brasil que no queremos)

"Es incontestable que Marielle Fanco fue sumariamente ejecutada debido a su actuación política por las causas que defendía", según la denuncia presentada por la Fiscalía para solicitar la detención de los acusados.

Marielle Franco y su muerte, que estuvo impune casi un año, fueron recordados en los desfiles de algunas de las escuelas de samba que participaron en el carnaval de Río de Janeiro la semana pasada.

Agentes de la Policía Civil y de la Fiscalía regional de Río de Janeiro, responsables por la operación, también adelantaron allanamientos en las residencias de los acusados, así como en las de otras 34 personas sospechosas de haber participado en el crimen.

(En contexto: El trágico asesinato de Marielle Franco )

Lessa fue arrestado en una casa en el mismo condominio en que tiene su residencia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro.

Los investigadores descubrieron que el crimen fue minuciosamente preparado durante tres meses y que Lessa hizo averiguaciones en internet de los lugares frecuentados por la concejala.

Igualmente establecieron que desde octubre de 2017 el acusado también investigaba detalles de la vida del diputado Marcelo Freixo, uno de los principales dirigentes del PSOL, así como del oficial del Ejército que entonces ejercía como interventor en la seguridad pública de Río de Janeiro, general Walter Braga Neto.

El Ministerio Público, que preventivamente solicitó a la Justicia la suspensión del pago de la pensión del Lessa y de su licencia para portar armas, presentó igualmente peticiones para que los acusados, en caso de ser hallados culpables, sean obligados a pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

Dos policías fueron capturados este martes en Río de Janeiro como sospechosos del asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, tiroteada brutalmente hace un año junto con el conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos, el policía militarizado Ronnie Lessa, es sospechoso de ser el autor de los disparos que mataron a la concejala de Río de Janeiro, muy crítica con los abusos policiales y cuyo asesinato causó una profunda indignación en Brasil y el resto del mundo.

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El otro detenido, Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años y quien había sido expulsado de la Policía Militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen.

Franco, una mujer negra, lesbiana, procedente de una favela, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de las minorías, fue asesinada a tiros dentro del vehículo en el que se dirigía a su residencia tras salir de un evento político el 14 de marzo de 2018.

Su asesinato provocó gran indignación en Brasil, ya que la concejala se había destacado por su enérgica condena a los abusos policiales y en defensa de las minorías, así como condenas en el exterior, especialmente de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

(Ver más: El asesinato de Marielle Franco, el Brasil que no queremos)

"Es incontestable que Marielle Fanco fue sumariamente ejecutada debido a su actuación política por las causas que defendía", según la denuncia presentada por la Fiscalía para solicitar la detención de los acusados.

Marielle Franco y su muerte, que estuvo impune casi un año, fueron recordados en los desfiles de algunas de las escuelas de samba que participaron en el carnaval de Río de Janeiro la semana pasada.

Agentes de la Policía Civil y de la Fiscalía regional de Río de Janeiro, responsables por la operación, también adelantaron allanamientos en las residencias de los acusados, así como en las de otras 34 personas sospechosas de haber participado en el crimen.

(En contexto: El trágico asesinato de Marielle Franco )

Lessa fue arrestado en una casa en el mismo condominio en que tiene su residencia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro.

Los investigadores descubrieron que el crimen fue minuciosamente preparado durante tres meses y que Lessa hizo averiguaciones en internet de los lugares frecuentados por la concejala.

Igualmente establecieron que desde octubre de 2017 el acusado también investigaba detalles de la vida del diputado Marcelo Freixo, uno de los principales dirigentes del PSOL, así como del oficial del Ejército que entonces ejercía como interventor en la seguridad pública de Río de Janeiro, general Walter Braga Neto.

El Ministerio Público, que preventivamente solicitó a la Justicia la suspensión del pago de la pensión del Lessa y de su licencia para portar armas, presentó igualmente peticiones para que los acusados, en caso de ser hallados culpables, sean obligados a pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas.