Ecuador investigará si hubo violación a los derechos humanos en base de Manta
Existen denuncias sobre hundimientos de barcos de pescadores artesanales y sobre la detención de ciudadanos que habrían sido sacados del país para ser juzgados en EE.UU.
Agencia EFE
La Comisión de Asuntos Internacionales del poder Legislativo de Ecuador se trasladará en los próximos días a la base estadounidense de Manta (costa oeste) para analizar las actividades de las tropas militares y estudiar varias denuncias que los acusan de supuestas violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Legislativa informó en su portal de Internet que, además, convocará a Juan José Pons, ex presidente del Congreso Nacional, a Heinz Moeller, ex presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y al ex canciller Benjamín Ortiz para que expliquen cuáles fueron los términos del convenio para establecer la base.
De acuerdo con Marcos Martínez, actual presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, la institución recibió "serias denuncias sobre hundimientos de barcos de pescadores artesanales en alta mar o sobre la detención de ciudadanos que habrían sido sacados del país para ser juzgados en EE.UU.".
Asimismo, Martínez indicó que también existen reportes de permanentes violaciones a los derechos humanos y de abusos contra trabajadoras sexuales.
Tras su visita a la base estadounidense, la Comisión preparará un informe que "someterá a la consideración del presidente Rafael Correa, para que a la brevedad posible, disponga el inicio de una auditoría de gestión respecto de las tareas de los militares norteamericanos en la Base de Manta".
El convenio que acordó el establecimiento del puesto militar estadounidense de operaciones antinarcóticos (FOL, por su sigla en inglés) en la ciudad portuaria de Manta, lo firmó el ex mandatario Jamil Mahuad, en 1999, "sin que fuera discutido y aprobado por el pleno de la Legislatura", explicó Martínez.
El acuerdo, de diez años de duración, finaliza en los próximos meses y desde su campaña electoral, Correa aseguró que no iba a renovarlo, por lo que el año pasado ya hizo la respectiva notificación oficial sobre el fin de convenio.
La salida de los militares estadounidenses se prevé para antes de noviembre próximo y el Gobierno ecuatoriano ya adelantó que el complejo militar se convertirá en un centro de operaciones de vigilancia aérea y marítima de la frontera norte del país con Colombia.
La Comisión de Asuntos Internacionales del poder Legislativo de Ecuador se trasladará en los próximos días a la base estadounidense de Manta (costa oeste) para analizar las actividades de las tropas militares y estudiar varias denuncias que los acusan de supuestas violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Legislativa informó en su portal de Internet que, además, convocará a Juan José Pons, ex presidente del Congreso Nacional, a Heinz Moeller, ex presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y al ex canciller Benjamín Ortiz para que expliquen cuáles fueron los términos del convenio para establecer la base.
De acuerdo con Marcos Martínez, actual presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, la institución recibió "serias denuncias sobre hundimientos de barcos de pescadores artesanales en alta mar o sobre la detención de ciudadanos que habrían sido sacados del país para ser juzgados en EE.UU.".
Asimismo, Martínez indicó que también existen reportes de permanentes violaciones a los derechos humanos y de abusos contra trabajadoras sexuales.
Tras su visita a la base estadounidense, la Comisión preparará un informe que "someterá a la consideración del presidente Rafael Correa, para que a la brevedad posible, disponga el inicio de una auditoría de gestión respecto de las tareas de los militares norteamericanos en la Base de Manta".
El convenio que acordó el establecimiento del puesto militar estadounidense de operaciones antinarcóticos (FOL, por su sigla en inglés) en la ciudad portuaria de Manta, lo firmó el ex mandatario Jamil Mahuad, en 1999, "sin que fuera discutido y aprobado por el pleno de la Legislatura", explicó Martínez.
El acuerdo, de diez años de duración, finaliza en los próximos meses y desde su campaña electoral, Correa aseguró que no iba a renovarlo, por lo que el año pasado ya hizo la respectiva notificación oficial sobre el fin de convenio.
La salida de los militares estadounidenses se prevé para antes de noviembre próximo y el Gobierno ecuatoriano ya adelantó que el complejo militar se convertirá en un centro de operaciones de vigilancia aérea y marítima de la frontera norte del país con Colombia.