Un tribunal federal de Washington suspendió cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por la administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.
Albanese, que tenía prohibido entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra, anunció en su cuenta de la red social X la decisión del juez federal de Washington, Richard Leon, en virtud de la demanda interpuesta por sus familiares y destacó que la resolución indica que “la libertad de expresión siempre es del interés público”.
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De acuerdo con la resolución, consultada por la agencia EFE, la suspensión, que es de carácter temporal, está basada en que las sanciones podrían vulnerar la Primera Enmienda, al estar dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese, lo que exige el más alto nivel de escrutinio.
La medida implica que, mientras dure la suspensión, quedan paralizados los efectos principales de las sanciones, incluyendo las restricciones de entrada a Estados Unidos y el bloqueo de activos en el sistema financiero estadounidense, hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.
El 27 de febrero pasado, el esposo de la abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron la denuncia alegando que, debido a las medidas impuestas por el gobierno de Trump, la experta fue afectada económicamente y quedó sin acceso a su hogar en Washington.
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El recurso judicial argumenta que la administración del republicano violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.
El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una “herramienta poderosa” contra las “actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios”, pero advierte que “se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno”.
A principios de 2026, el Departamento de Estado estadounidense reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese “son legales y apropiadas”, y sostuvo sus denuncias de que la relatora “ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al ‘lawfare’ (guerra jurídica)” contra Estados Unidos y sus intereses.
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El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, anunció en julio de 2025 que su país sancionaba a Albanese, quien ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra, incluyendo un genocidio, en la Franja de Gaza.
“La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, dijo entonces el funcionario.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado estas acciones de “inaceptables” y de “peligroso precedente”. Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones. Albanese, por su parte, afirmó que estas medidas son “la culminación de un acoso que es realmente innecesario”.
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