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Un año después de la caída de Hosni Mubarak, el autócrata que controló Egipto durante más de tres décadas, la revolución en el país árabe sigue en pie, porque sus objetivos no han sido alcanzados. Hoy, miles de manifestantes calentaron la víspera del aniversario con una marcha hasta las puertas del Ministerio de Defensa en El Cairo, reivindicando su lucha por derrocar a la Junta Militar que sucedió al exmandatario y que ha resultado estar marcada por el continuismo y actos represivos aún más fuertes que los cometidos durante la dictadura. Mañana habrá huelga general en el país.
Ubicado en el distrito de Abbasiya, un amplio despliegue de soldados, vehículos blindados, alambradas y muros de cemento protegían la sede del Ministerio de Defensa, en una demostración más del poder militar que mantiene enardecidos los ánimos de los manifestantes. Durante la marcha, las consignas revolucionarias exigieron la salida del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), presidido por el mariscal de campo Husein Tantaui, que asumió el poder el 11 de febrero de 2011 después de que 18 días de revueltas forzaran la salida de Mubarak. Los egipcios también buscan las vías para juzgar a los miembros del ejército responsables de la salvaje represión que ya ha acabado con la vida de más de cien personas durante los 12 meses de transición política.
La Alianza de Revolucionarios Egipcios, con el tiempo, no sólo ha adquirido experiencia en batallas campales contra las autoridades, también han logrado tener el liderazgo de figuras políticas como la candidata a la presidencia del país, Buzaina Kamel, quien hoy se plantó entre los manifestantes frente a la sede ministerial. Además, para el aniversario del destronamiento del pseudofaraón, no sólo habrá grandes movilizaciones –que reunirán a más de medio centenar de partidos, sindicatos y organizaciones juveniles-, sino que la huelga incluye un llamado a boicotear los productos elaborados en las fábricas que son propiedad del ejército, que desde la época de Mubarak es dueño de un imperio económico que puede controlar hasta el 40% de la economía nacional. Los revolucionarios evitarán consumir productos elaborados por el ejército, lo cual será la primera de varias medidas a tomar en un paro gradual en contra de las autoridades y al que se espera que se sumen cada vez más trabajadores.
Aunque la Junta Militar no cuenta con la aprobación de las principal autoridad religiosa, que es el partido de la Libertad y la Justicia (brazo político de los Hermanos Musulmanes que ostenta 45% de los escaños del nuevo Parlamento.), la autoridad islámica tampoco se ha hecho partícipe de las protestas y ha rechazado la huelga que se organiza en contra de los militares. Por esta razón, los manifestantes aseguran que existe un pacto tácito entre el gobierno castrense y los uniformados para compartir el poder.
“Tenemos que reconstruir el país, no derribarlo ... Estas llamadas son extremadamente peligrosas y amenazan a nuestra nación y a nuestro futuro”, afirmó Mahmud Husein, secretario general de los Hermanos Musulmanes, para quien la desobediencia civil de los egipcios es completamente "inaceptable".