El jefe de estado mayor argelino, general Ahmed Gaid Salah, pidió el martes en un discurso televisado que se declare incapacitado para ejercer el poder al presidente Abdelaziz Buteflika, o que éste dimita por voluntad propia, tras un mes de protestas populares que se desataron luego de que el mandatario anunciara que aspiraba a un quinto periodo a cargo del país.
Sin embargo, el gobierno anunció que se suspendían las elecciones de forma indefinida. Salah, considerado un hombre fiel a Buteflika, propuso en su discurso aplicar el artículo 102 de la Constitución argelina.
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"Es necesario, por no decir imperativo, adoptar una solución para salir de la crisis que responda a las reivindicaciones legítimas del pueblo argelino y que garantice el respeto de las disposiciones de la Constitución y el mantenimiento de la soberanía del Estado", declaró en un discurso durante un ejercicio de revisión de tropas.
El artículo 102 de la Constitución argelina prevé que el parlamento, a propuesta del Consejo Constitucional "reunido de pleno derecho", declare por mayoría de dos tercios "el estado de incapacidad" cuando "el presidente de la República, por causa de enfermedad grave y duradera, se encuentre en la posibilidad total de ejercer sus funciones". El artículo también deja la posibilidad de que el propio presidente presente su dimisión.
El presidente del Consejo de la Nación, equivalente a la cámara alta, toma entonces la jefatura del Estado provisionalmente durante 45 días. Si la "incapacidad" se prolonga tras ese plazo, se declara un "vacío" de poder, que puede prolongarse a su vez 90 días como máximo. Durante ese periodo debe organizarse una elección presidencial.
Sin embargo, la persona en el cargo, Tayeb Belaiz, de 70 años, que debería convocar al organismo para aplicar el artículo 102, es también, como Salah, un hombre fiel al presidente.
Era uno de los consejeros de Buteflika antes de que éste lo nombrara en su actual cargo en febrero, pocos días después de la muerte del titular del cargo, Mourad Medelci.
Argelia vive desde el 22 de febrero manifestaciones masivas, provocadas por el anuncio de que Buteflika, que llegó al poder en 1999, y que desde su ictus apenas ha hablado en público, quería volver a presentarse a las elecciones.
Ante la presión de la calle, el presidente anunció que prolongaba sine die la convocatoria, prevista inicialmente para el 18 de abril, lo que de hecho supone mantener su mandato por una duración indeterminada.
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La pretensión del gobierno es convocar una "Conferencia nacional" para elaborar una nueva Constitución, antes de la celebración de un nuevo escrutinio, opción totalmente rechazada por los manifestantes.
Del lado de los partidos políticos, mayormente marginados por el movimiento de protesta, el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), el principal grupo islamista, denunció la invocación del artículo 102, que "no permite la implementación de reformas" una vez aplicado y evita futuras "elecciones libres".
El MSP, que rompió con la mayoría presidencial en 2012, pidió al ejército "limitarse a acompañar a la clase política en la búsqueda de una solución".
El Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el partido de oposición más antiguo, denunció "un golpe de Estado contra la voluntad del pueblo" que no es otra que "la salida del sistema y sus hombres, no solo el jefe de Estado".
Por - Redacción Internacional con información de agencias
