El cerco legal a Israel
Este jueves se celebra el Día Mundial contra la Utilización de Niños para la Guerra.
Juan Camilo Maldonado T.
Y mientras las agencias internacionales organizan eventos para hacer visible la realidad de los niños en armas, una coalición internacional de defensores de derechos humanos, compuesta por fiscales de África, Asia y Latinoamérica, presentará ante los despachos de las principales cortes internacionales un documento en el que declaran al Estado de Israel “culpable de crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio contra la Infancia Palestina de la Franja de Gaza”. .
El extenso documento contiene los nombres de los 460 niños que murieron durante los 22 días de la Operación Plomo Fundido, que implicó la movilización e incursión de tropas y el bombardeo a la Franja de Gaza; fue la respuesta israelí a los recurrentes ataques con cohetes de la organización islamista Hamas. Con testimonios de sobrevivientes de la zona, así como con los censos realizados por los ministerios palestinos y las Agencias de Naciones Unidas en la zona, el documento acusa a Israel de matar a población civil, utilizarla de escudo humano, bombardear escuelas y emplear armas no ortodoxas, como los explosivos de metal denso inerte (DIME, en inglés), cuyo componente principal es el tungsteno, agente cancerígeno según la Fuerza Armada de los Estados Unidos.
Pero la acción llevada a cabo por el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, como se hacen llamar este grupo de activistas, no es única en su género. A finales de la semana pasada, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, aceptó revisar 210 peticiones que han llegado a su despacho, para que abra una investigación formal sobre las violaciones de Israel al Derecho Internacional Humanitario. “Mi trabajo ahora es analizar esto de acuerdo con la ley internacional y aplicarla”, afirmó a los medios el Fiscal en La Haya. .
Israel, sin embargo, no hace parte de la jurisdicción de la CPI. Y aunque la Autoridad Palestina, tras el ataque Israelí, aceptó la jurisdicción de la Corte en su territorio para que ésta investigara lo ocurrido en enero, los defensores de derechos humanos buscan otros mecanismos.
“Cuando un tribunal nacional falla en materia de derecho humanitario, pueden actuar otros Estados, ya que todos los Estados están obligados a hacer respetar los convenios”, afirma Sergio Tapia, director del Tribunal Internacional Sobre la Infancia.
Este principio, al que los expertos llaman “jurisdicción universal”, llevó a la Audiencia Nacional española a imputar, el 29 de enero (cuándo la Operación Plomo Fundido llegaba a su fin) al ex ministro israelí Benjamin Ben Eliezer y a seis militares israelíes, por la muerte de 14 civiles (11 de ellos niños), ocurrida en la Franja de Gaza durante un ataque a Hamas, el 22 de julio de 2002.
Jerusalén veía venir la decisión del alto tribunal español. El gabinete del primer ministro, Ehud Olmert emitió cinco días antes una resolución que garantizaba el total respaldo técnico y legal a cualquier de sus militares que fuera imputado en una corte extranjera. El ministerio de relaciones exteriores incluso recomendó a oficiales susceptibles de ser acusados en una corte, a no viajar a algunos países de occidente, entre ellos España, Inglaterra y Francia.
No todos, sin embargo, concuerdan con estos argumentos. Y en defensa de la Fuerzas Israelíes, Anthony Cordesman, del prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), escribió en un informe a finales de enero una sentencia que resonó en los medios de Medio Oriente: “Israel usó la fuerza deliberadamente para mejorar su disuasión regional, esto es un legítimo objetivo militar pese a sus reales costos humanitarios”.
Y mientras las agencias internacionales organizan eventos para hacer visible la realidad de los niños en armas, una coalición internacional de defensores de derechos humanos, compuesta por fiscales de África, Asia y Latinoamérica, presentará ante los despachos de las principales cortes internacionales un documento en el que declaran al Estado de Israel “culpable de crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio contra la Infancia Palestina de la Franja de Gaza”. .
El extenso documento contiene los nombres de los 460 niños que murieron durante los 22 días de la Operación Plomo Fundido, que implicó la movilización e incursión de tropas y el bombardeo a la Franja de Gaza; fue la respuesta israelí a los recurrentes ataques con cohetes de la organización islamista Hamas. Con testimonios de sobrevivientes de la zona, así como con los censos realizados por los ministerios palestinos y las Agencias de Naciones Unidas en la zona, el documento acusa a Israel de matar a población civil, utilizarla de escudo humano, bombardear escuelas y emplear armas no ortodoxas, como los explosivos de metal denso inerte (DIME, en inglés), cuyo componente principal es el tungsteno, agente cancerígeno según la Fuerza Armada de los Estados Unidos.
Pero la acción llevada a cabo por el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, como se hacen llamar este grupo de activistas, no es única en su género. A finales de la semana pasada, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, aceptó revisar 210 peticiones que han llegado a su despacho, para que abra una investigación formal sobre las violaciones de Israel al Derecho Internacional Humanitario. “Mi trabajo ahora es analizar esto de acuerdo con la ley internacional y aplicarla”, afirmó a los medios el Fiscal en La Haya. .
Israel, sin embargo, no hace parte de la jurisdicción de la CPI. Y aunque la Autoridad Palestina, tras el ataque Israelí, aceptó la jurisdicción de la Corte en su territorio para que ésta investigara lo ocurrido en enero, los defensores de derechos humanos buscan otros mecanismos.
“Cuando un tribunal nacional falla en materia de derecho humanitario, pueden actuar otros Estados, ya que todos los Estados están obligados a hacer respetar los convenios”, afirma Sergio Tapia, director del Tribunal Internacional Sobre la Infancia.
Este principio, al que los expertos llaman “jurisdicción universal”, llevó a la Audiencia Nacional española a imputar, el 29 de enero (cuándo la Operación Plomo Fundido llegaba a su fin) al ex ministro israelí Benjamin Ben Eliezer y a seis militares israelíes, por la muerte de 14 civiles (11 de ellos niños), ocurrida en la Franja de Gaza durante un ataque a Hamas, el 22 de julio de 2002.
Jerusalén veía venir la decisión del alto tribunal español. El gabinete del primer ministro, Ehud Olmert emitió cinco días antes una resolución que garantizaba el total respaldo técnico y legal a cualquier de sus militares que fuera imputado en una corte extranjera. El ministerio de relaciones exteriores incluso recomendó a oficiales susceptibles de ser acusados en una corte, a no viajar a algunos países de occidente, entre ellos España, Inglaterra y Francia.
No todos, sin embargo, concuerdan con estos argumentos. Y en defensa de la Fuerzas Israelíes, Anthony Cordesman, del prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), escribió en un informe a finales de enero una sentencia que resonó en los medios de Medio Oriente: “Israel usó la fuerza deliberadamente para mejorar su disuasión regional, esto es un legítimo objetivo militar pese a sus reales costos humanitarios”.