El debate en Singapur por dictar su primera condena de muerte a través de videoconferencia
Un tribunal de Singapur ha condenado por primera vez a un reo a la pena de muerte a través de una videoconferencia realizada en la aplicación Zoom como consecuencia de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19, lo que ha sido denunciado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
EFE
Una enorme polémica se desató en Singapur luego de que un Tribunal condenara por primera vez a un hombre de 37 años a pena de muerte a través de Zoom, la popular aplicación de videollamadas. Todo esto debido a la crisis sanitaria desatada por el nuevo coronavirus. El detenido era acusado de narcotráfico, según advirtió Amnistía Internacional (AI).
"Tanto a través de Zoom como en persona, una condena a muerte es siempre cruel e inhumana. Este caso supone otro recordatorio de que Singapur continúa desafiando la ley y los estándares internacionales al imponer la pena de muerte por tráfico de drogas como un castigo obligatorio", denunciaba Chiara Sangiorgio, asesora sobre la pena capital de AI, en el comunicado.
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Punithan Genasan, el reo, fue detenido en Malasia, tras lo cual fue deportado a Singapur el 21 de enero de 2016 y acusado de organizar el contrabando de 28,5 kilogramos de heroína en 2011 a través de dos correos, uno de los cuales había sido condenado anteriormente a cadena perpetua y el otro a la pena capital, según el diario local The Straits Times.
Singapur es uno de los países del Sudeste Asiático que contempla la pena capital para delitos de narcotráfico, al igual que Indonesia, Malasia o Tailandia, aunque en este último no se ha ejecutado a ningún condenado desde hace más de un decenio.
"Ha llegado el momento de que el Gobierno (singapurense) revise sus castigos draconianos y revoque la pena de muerte de una vez por todas. En un momento en el que la atención del mundo se centra en salvar y proteger vidas durante una pandemia, la aplicación de la pena de muerte es especialmente abominable", señalaba Sangiorgio.
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La suspensión de las vistas jurídicas presenciales es una de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 que ha tomado Singapur, que fue uno de los primeros países fuera de China en detectar casos del nuevo coronavirus.
Las autoridades singapurenses actuaron con rapidez y firmeza para contener el virus, pero dejaron desprotegidos los barracones en los que viven los trabajadores no-cualificados extranjeros en condiciones de hacinamiento y los casos de COVID-19 se han disparado en esos alojamientos en los últimos dos meses.
En la actualidad hay un total de 29.364 casos confirmados del coronavirus en la ciudad-Estado de algo menos de 6 millones de habitantes, la mayoría de ellos trabajadores extranjeros.
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"Tanto a través de Zoom como en persona, una condena a muerte es siempre cruel e inhumana. Este caso supone otro recordatorio de que Singapur continúa desafiando la ley y los estándares internacionales al imponer la pena de muerte por tráfico de drogas como un castigo obligatorio", denunciaba Chiara Sangiorgio, asesora sobre la pena capital de AI, en el comunicado.
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Punithan Genasan, el reo, fue detenido en Malasia, tras lo cual fue deportado a Singapur el 21 de enero de 2016 y acusado de organizar el contrabando de 28,5 kilogramos de heroína en 2011 a través de dos correos, uno de los cuales había sido condenado anteriormente a cadena perpetua y el otro a la pena capital, según el diario local The Straits Times.
Singapur es uno de los países del Sudeste Asiático que contempla la pena capital para delitos de narcotráfico, al igual que Indonesia, Malasia o Tailandia, aunque en este último no se ha ejecutado a ningún condenado desde hace más de un decenio.
"Ha llegado el momento de que el Gobierno (singapurense) revise sus castigos draconianos y revoque la pena de muerte de una vez por todas. En un momento en el que la atención del mundo se centra en salvar y proteger vidas durante una pandemia, la aplicación de la pena de muerte es especialmente abominable", señalaba Sangiorgio.
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