El efecto frontera

El Gobierno venezolano celebra que en sus ciudades fronterizas estén apareciendo de nuevo los productos que normalmente escasean y que no haya filas para echar gasolina en las estaciones de servicio, mientras que al otro lado del río, en Colombia, ya hay letreros de “No Hay”. La revolución bolivariana lo considera como una victoria del presidente Nicolás Maduro, después de ordenar el cierre de la frontera el pasado miércoles 19 de agosto y de haber decretado el estado de excepción en seis municipios. La medida, según el Gobierno, ha sido tan exitosa que el viernes la amplió a cuatro más.

Del lado colombiano, la ciudad de Cúcuta vive una calamidad. No sólo han llegado miles de deportados y retornados colombianos —a quienes el Gobierno venezolano señala como contrabandistas y paramilitares—, sino que ya se empieza a sentir el impacto económico del cierre de la frontera. La mayoría de los cucuteños compran gasolina venezolana, que normalmente se vende por pimpinas (bidones) y no en las pocas estaciones que hay en la zona metropolitana. Desde hace una semana no hay pimpinas a la vista, y las que hay, se están vendiendo a 70.000 pesos (algo más de 20 dólares), cuando normalmente cuestan 17.000 (cinco dólares). Casi todas son de un líquido amarillo, lo que indica que es combustible colombiano revendido. “La gente está viniendo a las bombas a retanquear, es el mismo problema de Venezuela que ahora se vino para este lado”, dice el taxista Johnny Sanabria, mientras espera más de seis horas en una fila de coches de un kilómetro de largo.

Según el Gobierno venezolano, el contrabando de gasolina le causó pérdidas el año pasado por 3.600 millones de dólares y más de 6.000 toneladas de alimentos se fugaron por la frontera. Las cifras de la policía colombiana, sin contar el combustible, indican que tan solo en los primeros siete meses de este año, la mercancía que se incautaron está valuada en 25.000 millones de pesos. Los decomisos pueden ser apenas una pizca de lo que se presume entra a diario por la frontera y basta con entrar a La Parada, justo se cruza el puente, para encontrar todos los productos y marcas que hoy escasean en Caracas.

Detrás del negocio están tanto colombianos como venezolanos. Algunos son pequeños comerciantes informales, conocidos como bachaqueros. Dicen los habitantes de La Parada que el bachaqueo se volvió el empleo secundario, o el primero en muchos casos, de la gente de la región. Los que mueven grandes volúmenes, sin embargo, son las grandes mafias del crimen organizado, que tienen cómo pagar sobornos para que dejen pasar camiones enteros y actúan con complicidad de las autoridades en ambos países.

Ambos países habían elegido abordar el asunto hasta el momento como un problema de seguridad, porque atacar el problema de raíz es meterse con el modelo económico-ideológico que cada cual defiende y que diplomáticamente habían acordado respetar para mantener una convivencia de vecinos. Pero esa convivencia parece haberse roto.

Además de la oleada masiva de deportaciones de colombianos que estaban en territorio venezolano, ahora distintos portavoces del Gobierno están afirmando que la legislación interna colombiana fomenta el contrabando y que desde Cúcuta se atenta contra el bolívar para que siga perdiendo su valor. Es decir, Colombia ya no es sólo señalada por exportar a supuestos paramilitares y contrabandistas a su país, sino que es la culpable de la devaluación del bolívar y la especulación en el mercado paralelo de divisas, según Caracas. “Mientras no se acabe el ataque a la moneda venezolana no abriré la frontera hacia el Norte de Santander”, dijo el presidente Maduro.

En Venezuela existe desde hace años el control cambiario. Actualmente hay tres tipos de cambio oficial: el de 6,30 bolívares por dólar para compras prioritarias como medicinas y alimentos, otro de 12 bolívares y un tercero que fluctúa pero no supera los 200 bolívares por dólar. Como la demanda de divisas es superior a la oferta oficial, su valor en el mercado negro se ha trepado hasta 700 bolívares por dólar.

Según Juan Fernando González, presidente de Asocambios en Cúcuta, que agrupa a las casas de cambio en la ciudad, las páginas web como DolarToday —que funcionan también a través de cuentas de Twitter ante los intentos de bloqueo del gobierno venezolano— son las que marcan el valor del paralelo en Venezuela y la referencia que utilizan para determinarlo es la del bolívar respecto al peso en Cúcuta y el valor del peso respecto al dólar. “Macroeconómicamente no tiene sentido que esta ciudad le ponga el precio del dólar a Venezuela. Esto ha generado una distorsión”, dice González, pero afirma que es absurdo pensar que los cucuteños estén detrás de una conspiración en alianza con las páginas como DolarToday, que ante el cierre de la frontera, anunció un nuevo tipo de marcador, teniendo en cuenta los valores en las casas de cambio de Bogotá y de Manaos. “En Venezuela, el precio del bolívar respecto al dólar lo pone el Gobierno bajo unas reglas que solo entienden ellos. Acá en Colombia hay libre mercado y el valor depende de la oferta y la demanda, y desde 2010, la oferta de bolívares ha sido mayor que la demanda”, añade.

El Gobierno venezolano celebra que en sus ciudades fronterizas estén apareciendo de nuevo los productos que normalmente escasean y que no haya filas para echar gasolina en las estaciones de servicio, mientras que al otro lado del río, en Colombia, ya hay letreros de “No Hay”. La revolución bolivariana lo considera como una victoria del presidente Nicolás Maduro, después de ordenar el cierre de la frontera el pasado miércoles 19 de agosto y de haber decretado el estado de excepción en seis municipios. La medida, según el Gobierno, ha sido tan exitosa que el viernes la amplió a cuatro más.

Del lado colombiano, la ciudad de Cúcuta vive una calamidad. No sólo han llegado miles de deportados y retornados colombianos —a quienes el Gobierno venezolano señala como contrabandistas y paramilitares—, sino que ya se empieza a sentir el impacto económico del cierre de la frontera. La mayoría de los cucuteños compran gasolina venezolana, que normalmente se vende por pimpinas (bidones) y no en las pocas estaciones que hay en la zona metropolitana. Desde hace una semana no hay pimpinas a la vista, y las que hay, se están vendiendo a 70.000 pesos (algo más de 20 dólares), cuando normalmente cuestan 17.000 (cinco dólares). Casi todas son de un líquido amarillo, lo que indica que es combustible colombiano revendido. “La gente está viniendo a las bombas a retanquear, es el mismo problema de Venezuela que ahora se vino para este lado”, dice el taxista Johnny Sanabria, mientras espera más de seis horas en una fila de coches de un kilómetro de largo.

Según el Gobierno venezolano, el contrabando de gasolina le causó pérdidas el año pasado por 3.600 millones de dólares y más de 6.000 toneladas de alimentos se fugaron por la frontera. Las cifras de la policía colombiana, sin contar el combustible, indican que tan solo en los primeros siete meses de este año, la mercancía que se incautaron está valuada en 25.000 millones de pesos. Los decomisos pueden ser apenas una pizca de lo que se presume entra a diario por la frontera y basta con entrar a La Parada, justo se cruza el puente, para encontrar todos los productos y marcas que hoy escasean en Caracas.

Detrás del negocio están tanto colombianos como venezolanos. Algunos son pequeños comerciantes informales, conocidos como bachaqueros. Dicen los habitantes de La Parada que el bachaqueo se volvió el empleo secundario, o el primero en muchos casos, de la gente de la región. Los que mueven grandes volúmenes, sin embargo, son las grandes mafias del crimen organizado, que tienen cómo pagar sobornos para que dejen pasar camiones enteros y actúan con complicidad de las autoridades en ambos países.

Ambos países habían elegido abordar el asunto hasta el momento como un problema de seguridad, porque atacar el problema de raíz es meterse con el modelo económico-ideológico que cada cual defiende y que diplomáticamente habían acordado respetar para mantener una convivencia de vecinos. Pero esa convivencia parece haberse roto.

Además de la oleada masiva de deportaciones de colombianos que estaban en territorio venezolano, ahora distintos portavoces del Gobierno están afirmando que la legislación interna colombiana fomenta el contrabando y que desde Cúcuta se atenta contra el bolívar para que siga perdiendo su valor. Es decir, Colombia ya no es sólo señalada por exportar a supuestos paramilitares y contrabandistas a su país, sino que es la culpable de la devaluación del bolívar y la especulación en el mercado paralelo de divisas, según Caracas. “Mientras no se acabe el ataque a la moneda venezolana no abriré la frontera hacia el Norte de Santander”, dijo el presidente Maduro.

En Venezuela existe desde hace años el control cambiario. Actualmente hay tres tipos de cambio oficial: el de 6,30 bolívares por dólar para compras prioritarias como medicinas y alimentos, otro de 12 bolívares y un tercero que fluctúa pero no supera los 200 bolívares por dólar. Como la demanda de divisas es superior a la oferta oficial, su valor en el mercado negro se ha trepado hasta 700 bolívares por dólar.

Según Juan Fernando González, presidente de Asocambios en Cúcuta, que agrupa a las casas de cambio en la ciudad, las páginas web como DolarToday —que funcionan también a través de cuentas de Twitter ante los intentos de bloqueo del gobierno venezolano— son las que marcan el valor del paralelo en Venezuela y la referencia que utilizan para determinarlo es la del bolívar respecto al peso en Cúcuta y el valor del peso respecto al dólar. “Macroeconómicamente no tiene sentido que esta ciudad le ponga el precio del dólar a Venezuela. Esto ha generado una distorsión”, dice González, pero afirma que es absurdo pensar que los cucuteños estén detrás de una conspiración en alianza con las páginas como DolarToday, que ante el cierre de la frontera, anunció un nuevo tipo de marcador, teniendo en cuenta los valores en las casas de cambio de Bogotá y de Manaos. “En Venezuela, el precio del bolívar respecto al dólar lo pone el Gobierno bajo unas reglas que solo entienden ellos. Acá en Colombia hay libre mercado y el valor depende de la oferta y la demanda, y desde 2010, la oferta de bolívares ha sido mayor que la demanda”, añade.