El extraño fenómeno Brasil

Brasil es un hervidero. Eso se sabe. Lo que se desconoce es cómo o por qué llegó a este punto de ebullición, cuando la mayoría de medios y analistas de todas partes del mundo señalaban al gigante del sur como un ejemplo a seguir en sus políticas económicas y sociales. Por lo menos hasta hace un par de meses.
Las quejas de miles de ciudadanos no han cesado, y del reproche por los gastos exorbitantes para la celebración de la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo 2014 se pasó a incesantes señalamientos de inflación y corrupción, a la demanda por mejores servicios de salud y educación, y a una protesta furibunda, articulada y cada vez más masiva en contra del aumento del pasaje en el transporte público, decretado en varios estados.

A esta cadena de resentimientos e insatisfacciones se le enredaron los eslabones. Poco a poco se ha hecho más pesada y la cúpula del poder en Brasil estudia aún las salidas a la mayor crisis política experimentada por el Partido de los Trabajadores (PT) desde el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien dejó la Presidencia en manos de su sucesora, Dilma Rousseff, con un histórico 80% de aprobación de su gestión.

Para el columnista y escritor Marcelo Carneiro da Cunha, quien también ha sido asesor en mercadeo político y empresarial, los factores son múltiples: conflictos que estaban debajo de la superficie, políticas erradas en términos macroeconómicos y, de una forma más coyuntural, una respuesta popular que no quiere dejar de pertenecer a un momento clave en la historia del país, frente a la inoperancia de un gobierno que ha demostrado poca velocidad de acción.

“Son muchas cosas. Ahora existe un sentimiento claro de insatisfacción, pero antes en Brasil hubo una evolución institucional, hasta el punto de llegar a creer que ya no necesitábamos a un líder carismático, como Lula, que tiene una sensibilidad política muy fuerte. Él quizá hubiera podido afrontar esta situación de mejor forma. Dilma es una mujer de carácter, pragmática, con experiencia en otro tipo de toma de decisiones que tienen más que ver con gestión pública”, adelanta Da Cunha, para quien las dimensiones de las protestas han sido también consecuencia del descontento que siente la población frente al Senado, liderado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), así como del error político de Rousseff, quien nunca previó que estas manifestaciones pudieran tomar la forma de “crisis nacional”.

El pasado miércoles, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), afirmó en una rueda de prensa junto con el prefecto Fernando Haddad (PT) que se revocaría el aumento del valor del pasaje de autobús de 3 a 3,20 reales, vigente en ese estado desde principios de junio. Lo que se pensaba que sería una medida que traería calma a la población se convirtió en una motivación para miles de disconformes. El Movimiento Pase Libre (MPL), una de las organizaciones responsables de convocar a concentraciones y presionar contra el aumento, anunció esa misma noche que las protestas seguirían en la búsqueda de nuevas reivindicaciones y “en solidaridad con los detenidos y procesados”.

El jueves, marchas simultáneas en unas 80 ciudades del país, con cerca de un millón de manifestantes en las calles, según medios locales, aumentaron el clima de tensión e incertidumbre. Los enfrentamientos con las fuerzas policiales se dieron en lugares tan distantes como Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador, Belén y Brasilia. En la capital hubo fuertes presiones de parte de un pequeño grupo de indignados que intentó invadir el Congreso después de gritar consignas como

“llegó la hora de ocupar”.

La policía enfrentó al grupo con bombas lacrimógenas y balas de goma, y lo obligó a abandonar la entrada del Legislativo, donde una mayoría de manifestantes ya había repudiado la acción vandálica y violenta de los pretendidos invasores. Los conflictos se trasladaron hasta la sede de la Cancillería brasileña, en el vecino Palacio de Itamaraty.

Lo que comenzó como una protesta pacífica de unas 25.000 personas, acabó al final de la noche con bombas molotov, conatos de incendio y marcas de destrucción en las sedes de ministerios y edificios gubernamentales; además de un arresto, dos manifestantes y dos agentes de seguridad heridos, según la propia Policía y medios de comunicación presentes en la capital brasileña.

“Aquí hay que evaluar tres elementos”, advierte Da Cunha, “primero, no hay un deseo de ruptura con el sistema de gobierno, lo que hay son demandas muy diversas, las personas saben que están en todo su derecho de protestar y que, salvo quienes causan destrozos, que son una minoría, nadie teme a fuertes represiones de la policía. Lo que pasó en Itamaraty es un ejemplo claro; la policía no estaba preparada para responder porque nunca pensó que se atreverían a atacar un espacio que hasta ese momento había sido sagrado. Y ese es el segundo elemento: a la sociedad brasileña le gusta verse como una sociedad armónica, por eso ves a manifestantes señalando a los violentos, a los skinheads, a los que agreden a los gays o a los representantes de los partidos políticos en las mismas marchas”.

“El tercer punto es que todos se quieren montar en el tren, pero en esa multitud tan grande es inevitable que se abran espacios para agendas propias, de partidos y grupos organizados que tienen intenciones de desestabilizar, como los neonazis o el ala más radical de la izquierda. Por eso ahora el MPL se hace a un lado. Crearon un monstruo que ya no saben cómo dominar”, cierra el analista.

A lo que se refiere Da Cunha es a una estrategia del MPL, que decidió hacer un pronunciamiento público en la sede del Sindicato de Periodistas de São Paulo, mientras el país se levantaba y en algunos puntos de la Avenida Paulista y otras ciudades del interior, grupos extremistas agredían a otros manifestantes.

En boca de tres de sus líderes, el movimiento anunciaba la suspensión de nuevas acciones públicas en São Paulo, por considerar que “grupos conservadores se infiltraron en los últimos actos para defender intereses que no nos representan”, como dijo el profesor de música y activista Rafael Siqueira, de 38 años, quien advirtió que igual podrían seguir las demandas organizadas en ciudades donde aún no se haya logrado la anulación del aumento de los pasajes: “Lo que nos preocupa no es la participación de tantas personas en la calle, sino de aquellos que demuestran estar en contra de organizaciones sociales, aquellos que nunca antes habían ido a manifestar y ahora comenzaron a usar estos actos pacíficos para promover la barbarie”.

Entretanto, la FIFA, ampliamente cuestionada a través de pancartas dentro y fuera de los estadios por anteponer sus intereses a los del pueblo brasileño, también presiona al gobierno federal por la seguridad y el correcto desempeño de la Copa Confederaciones. El secretario general del máximo organismo del fútbol, Jerome Valcke, declaró a periodistas brasileños que “la FIFA no tiene nada que resolver, eso le toca al gobierno de Brasil. Espero que esto no dure hasta 2014”. A las presiones de FIFA y de la población descontenta, se suma ahora también la de la Conferencia Nacional de Obispos, que divulgó una nota declarando el apoyo a las manifestaciones.

Brasil es un hervidero. Eso se sabe. Lo que se desconoce es cómo o por qué llegó a este punto de ebullición, cuando la mayoría de medios y analistas de todas partes del mundo señalaban al gigante del sur como un ejemplo a seguir en sus políticas económicas y sociales. Por lo menos hasta hace un par de meses.
Las quejas de miles de ciudadanos no han cesado, y del reproche por los gastos exorbitantes para la celebración de la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo 2014 se pasó a incesantes señalamientos de inflación y corrupción, a la demanda por mejores servicios de salud y educación, y a una protesta furibunda, articulada y cada vez más masiva en contra del aumento del pasaje en el transporte público, decretado en varios estados.

A esta cadena de resentimientos e insatisfacciones se le enredaron los eslabones. Poco a poco se ha hecho más pesada y la cúpula del poder en Brasil estudia aún las salidas a la mayor crisis política experimentada por el Partido de los Trabajadores (PT) desde el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien dejó la Presidencia en manos de su sucesora, Dilma Rousseff, con un histórico 80% de aprobación de su gestión.

Para el columnista y escritor Marcelo Carneiro da Cunha, quien también ha sido asesor en mercadeo político y empresarial, los factores son múltiples: conflictos que estaban debajo de la superficie, políticas erradas en términos macroeconómicos y, de una forma más coyuntural, una respuesta popular que no quiere dejar de pertenecer a un momento clave en la historia del país, frente a la inoperancia de un gobierno que ha demostrado poca velocidad de acción.

“Son muchas cosas. Ahora existe un sentimiento claro de insatisfacción, pero antes en Brasil hubo una evolución institucional, hasta el punto de llegar a creer que ya no necesitábamos a un líder carismático, como Lula, que tiene una sensibilidad política muy fuerte. Él quizá hubiera podido afrontar esta situación de mejor forma. Dilma es una mujer de carácter, pragmática, con experiencia en otro tipo de toma de decisiones que tienen más que ver con gestión pública”, adelanta Da Cunha, para quien las dimensiones de las protestas han sido también consecuencia del descontento que siente la población frente al Senado, liderado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), así como del error político de Rousseff, quien nunca previó que estas manifestaciones pudieran tomar la forma de “crisis nacional”.

El pasado miércoles, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), afirmó en una rueda de prensa junto con el prefecto Fernando Haddad (PT) que se revocaría el aumento del valor del pasaje de autobús de 3 a 3,20 reales, vigente en ese estado desde principios de junio. Lo que se pensaba que sería una medida que traería calma a la población se convirtió en una motivación para miles de disconformes. El Movimiento Pase Libre (MPL), una de las organizaciones responsables de convocar a concentraciones y presionar contra el aumento, anunció esa misma noche que las protestas seguirían en la búsqueda de nuevas reivindicaciones y “en solidaridad con los detenidos y procesados”.

El jueves, marchas simultáneas en unas 80 ciudades del país, con cerca de un millón de manifestantes en las calles, según medios locales, aumentaron el clima de tensión e incertidumbre. Los enfrentamientos con las fuerzas policiales se dieron en lugares tan distantes como Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador, Belén y Brasilia. En la capital hubo fuertes presiones de parte de un pequeño grupo de indignados que intentó invadir el Congreso después de gritar consignas como

“llegó la hora de ocupar”.

La policía enfrentó al grupo con bombas lacrimógenas y balas de goma, y lo obligó a abandonar la entrada del Legislativo, donde una mayoría de manifestantes ya había repudiado la acción vandálica y violenta de los pretendidos invasores. Los conflictos se trasladaron hasta la sede de la Cancillería brasileña, en el vecino Palacio de Itamaraty.

Lo que comenzó como una protesta pacífica de unas 25.000 personas, acabó al final de la noche con bombas molotov, conatos de incendio y marcas de destrucción en las sedes de ministerios y edificios gubernamentales; además de un arresto, dos manifestantes y dos agentes de seguridad heridos, según la propia Policía y medios de comunicación presentes en la capital brasileña.

“Aquí hay que evaluar tres elementos”, advierte Da Cunha, “primero, no hay un deseo de ruptura con el sistema de gobierno, lo que hay son demandas muy diversas, las personas saben que están en todo su derecho de protestar y que, salvo quienes causan destrozos, que son una minoría, nadie teme a fuertes represiones de la policía. Lo que pasó en Itamaraty es un ejemplo claro; la policía no estaba preparada para responder porque nunca pensó que se atreverían a atacar un espacio que hasta ese momento había sido sagrado. Y ese es el segundo elemento: a la sociedad brasileña le gusta verse como una sociedad armónica, por eso ves a manifestantes señalando a los violentos, a los skinheads, a los que agreden a los gays o a los representantes de los partidos políticos en las mismas marchas”.

“El tercer punto es que todos se quieren montar en el tren, pero en esa multitud tan grande es inevitable que se abran espacios para agendas propias, de partidos y grupos organizados que tienen intenciones de desestabilizar, como los neonazis o el ala más radical de la izquierda. Por eso ahora el MPL se hace a un lado. Crearon un monstruo que ya no saben cómo dominar”, cierra el analista.

A lo que se refiere Da Cunha es a una estrategia del MPL, que decidió hacer un pronunciamiento público en la sede del Sindicato de Periodistas de São Paulo, mientras el país se levantaba y en algunos puntos de la Avenida Paulista y otras ciudades del interior, grupos extremistas agredían a otros manifestantes.

En boca de tres de sus líderes, el movimiento anunciaba la suspensión de nuevas acciones públicas en São Paulo, por considerar que “grupos conservadores se infiltraron en los últimos actos para defender intereses que no nos representan”, como dijo el profesor de música y activista Rafael Siqueira, de 38 años, quien advirtió que igual podrían seguir las demandas organizadas en ciudades donde aún no se haya logrado la anulación del aumento de los pasajes: “Lo que nos preocupa no es la participación de tantas personas en la calle, sino de aquellos que demuestran estar en contra de organizaciones sociales, aquellos que nunca antes habían ido a manifestar y ahora comenzaron a usar estos actos pacíficos para promover la barbarie”.

Entretanto, la FIFA, ampliamente cuestionada a través de pancartas dentro y fuera de los estadios por anteponer sus intereses a los del pueblo brasileño, también presiona al gobierno federal por la seguridad y el correcto desempeño de la Copa Confederaciones. El secretario general del máximo organismo del fútbol, Jerome Valcke, declaró a periodistas brasileños que “la FIFA no tiene nada que resolver, eso le toca al gobierno de Brasil. Espero que esto no dure hasta 2014”. A las presiones de FIFA y de la población descontenta, se suma ahora también la de la Conferencia Nacional de Obispos, que divulgó una nota declarando el apoyo a las manifestaciones.