El histórico caso contra militares por tortura sexual en México

México presenciará en los próximos días un juicio histórico donde por primera vez integrantes de las fuerzas armadas podrían ser condenados por la justicia civil de su país por cometer tortura sexual. El hecho se produjo durante operaciones militares en poblaciones con presencia indígena en el Estado de Guerrero.

El caso está dirigido contra dos militares que violaron a la indígena del pueblo Me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, el sábado 16 de febrero de 2002, quien vivía en la Comunidad de Barranca Bejuco en el municipio de Acatepec, según sancionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia emitida en agosto de 2010.

Valentina lavaba ese sábado ropa en una piedra, a orillas de un río de su municipio, cuando ocho militares que se encontraban en la zona la llamaron y le preguntaron por un presunto grupo guerrillero.

Los militares la golpearon luego de que les indicara, con el escaso español que manejaba a sus 17 años, que no conocía a ninguna de las personas que buscaban.

“Ella no hablaba español, apenas entendía lo que le decían y los militares en venganza o castigo la violaron”, le aseguró a la Agencia Anadolu Diana Figueroa, integrante de la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que apoyó a Valentina en su denuncia ante la justicia de su país y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Figueroa narró que Valentina fue violada por dos de los ocho militares mientras los otros seis la observaban. Luego del abuso sufrido, la joven indígena se dirigió a un centro de salud, al que llegó tres días después debido a que su lugar de residencia se encontraba en una zona alejada del Estado de Guerrero.

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“En el centro de salud la discriminaron, la trataron muy mal y al final no la atendieron. Cuando quiso presentar su denuncia, los ministerios públicos tampoco la quisieron recibir y la revictimizaron al poner en duda lo que le había pasado”, detalló la integrante de la organización.

La violación le cambió la vida a Valentina. Tuvo que salir de su comunidad porque algunos de sus miembros la rechazaron por considerar que su denuncia los ponía en riesgo ante los militares. Se separó de su esposo de entonces y se vio obligada a reconstruir su vida. Ahora tiene una familia con cuatro hijos y ha vivido en diversos lugares de ciudad de México y Guerrero los últimos 16 años.

“Normalmente cuando a las mujeres les pasa algo así, se espera en sus comunidades que lo superen en silencio y ella decidió alzar la voz. Quiere que se castigue a los responsables de todo lo que le pasó”, detalló Figueroa.

Tlachinollan conoció el caso junto con el de otra indígena Me´phaa llamada Inés Fernández Ortega, que fue violada por militares en condiciones similares a Valentina. La organización emprendió así una serie de demandas y acciones junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH hasta que se emitieron dos sentencias donde se le daba la razón a los testimonios de las indígenas.

“Todo ese tiempo fue muy difícil para Valentina. Fueron ocho años de estar buscando justicia en México. No la encontró hasta que llegó esta sentencia de la Corte IDH. En esta decisión se condenó al Estado mexicano por distintas violaciones a los derechos de Valentina”, detalló Figueroa.

La sentencia de la Corte IDH le exigió al Estado realizar una reforma para que los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por integrantes de las fuerzas armadas se juzguen en tribunales civiles. Sancionó, además, el amparo que diversas instituciones otorgaron a los militares acusados, bajo un concepto que según Figueroa se denominó violencia institucional castrense que pretendía encubrir a los abusadores.

“Por eso el caso de Valentina es emblemático, pues marca un precedente en un país donde se ha protegido el fuero militar”, detalló la integrante de Tlachinollan.

Más sobre este tema en: Dos indígenas trans serán candidatas a diputación en México

Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica y México, manifestó a la Agencia Anadolu que la sentencia que se dictará en el país en los próximos días es histórica porque es la conclusión de un proceso que ha indicado que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser juzgadas por la jurisdicción militar sino por la justicia civil.

“Sería el primer caso que se va a referir a la tortura sexual en México y esperamos que se juzgue con perspectiva de género y considerando la condición de indígena de Valentina”, indicó la representante de Cejil.

Las organizaciones esperan que el fallo será correspondiente a la sentencia de la Corte IDH y que llegará en un momento donde en México se presentan diversos recursos en contra de la Ley de Seguridad Interior promulgada en diciembre pasado por considerar que le otorga al Ejército funciones que le corresponden a entidades civiles y promueve la militarización.

El caso de Valentina junto con el de Inés, que también será estudiado por la justicia en México, para Cejil y Tlachinollan muestra el riesgo de que ocurran violaciones a los derechos humanos cuando tareas de seguridad, incluso en ámbitos civiles, se concentran en fuerzas militares.

La lucha de Valentina de 16 años podría terminar pronto en un juzgado en el Estado de Guerrero en un juicio programado para cumplirse antes del próximo 8 de junio y que agitará las estructuras más sensibles de la justicia mexicana y de las instituciones militares.

México presenciará en los próximos días un juicio histórico donde por primera vez integrantes de las fuerzas armadas podrían ser condenados por la justicia civil de su país por cometer tortura sexual. El hecho se produjo durante operaciones militares en poblaciones con presencia indígena en el Estado de Guerrero.

El caso está dirigido contra dos militares que violaron a la indígena del pueblo Me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, el sábado 16 de febrero de 2002, quien vivía en la Comunidad de Barranca Bejuco en el municipio de Acatepec, según sancionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia emitida en agosto de 2010.

Valentina lavaba ese sábado ropa en una piedra, a orillas de un río de su municipio, cuando ocho militares que se encontraban en la zona la llamaron y le preguntaron por un presunto grupo guerrillero.

Los militares la golpearon luego de que les indicara, con el escaso español que manejaba a sus 17 años, que no conocía a ninguna de las personas que buscaban.

“Ella no hablaba español, apenas entendía lo que le decían y los militares en venganza o castigo la violaron”, le aseguró a la Agencia Anadolu Diana Figueroa, integrante de la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que apoyó a Valentina en su denuncia ante la justicia de su país y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Figueroa narró que Valentina fue violada por dos de los ocho militares mientras los otros seis la observaban. Luego del abuso sufrido, la joven indígena se dirigió a un centro de salud, al que llegó tres días después debido a que su lugar de residencia se encontraba en una zona alejada del Estado de Guerrero.

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“En el centro de salud la discriminaron, la trataron muy mal y al final no la atendieron. Cuando quiso presentar su denuncia, los ministerios públicos tampoco la quisieron recibir y la revictimizaron al poner en duda lo que le había pasado”, detalló la integrante de la organización.

La violación le cambió la vida a Valentina. Tuvo que salir de su comunidad porque algunos de sus miembros la rechazaron por considerar que su denuncia los ponía en riesgo ante los militares. Se separó de su esposo de entonces y se vio obligada a reconstruir su vida. Ahora tiene una familia con cuatro hijos y ha vivido en diversos lugares de ciudad de México y Guerrero los últimos 16 años.

“Normalmente cuando a las mujeres les pasa algo así, se espera en sus comunidades que lo superen en silencio y ella decidió alzar la voz. Quiere que se castigue a los responsables de todo lo que le pasó”, detalló Figueroa.

Tlachinollan conoció el caso junto con el de otra indígena Me´phaa llamada Inés Fernández Ortega, que fue violada por militares en condiciones similares a Valentina. La organización emprendió así una serie de demandas y acciones junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH hasta que se emitieron dos sentencias donde se le daba la razón a los testimonios de las indígenas.

“Todo ese tiempo fue muy difícil para Valentina. Fueron ocho años de estar buscando justicia en México. No la encontró hasta que llegó esta sentencia de la Corte IDH. En esta decisión se condenó al Estado mexicano por distintas violaciones a los derechos de Valentina”, detalló Figueroa.

La sentencia de la Corte IDH le exigió al Estado realizar una reforma para que los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por integrantes de las fuerzas armadas se juzguen en tribunales civiles. Sancionó, además, el amparo que diversas instituciones otorgaron a los militares acusados, bajo un concepto que según Figueroa se denominó violencia institucional castrense que pretendía encubrir a los abusadores.

“Por eso el caso de Valentina es emblemático, pues marca un precedente en un país donde se ha protegido el fuero militar”, detalló la integrante de Tlachinollan.

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Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica y México, manifestó a la Agencia Anadolu que la sentencia que se dictará en el país en los próximos días es histórica porque es la conclusión de un proceso que ha indicado que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser juzgadas por la jurisdicción militar sino por la justicia civil.

“Sería el primer caso que se va a referir a la tortura sexual en México y esperamos que se juzgue con perspectiva de género y considerando la condición de indígena de Valentina”, indicó la representante de Cejil.

Las organizaciones esperan que el fallo será correspondiente a la sentencia de la Corte IDH y que llegará en un momento donde en México se presentan diversos recursos en contra de la Ley de Seguridad Interior promulgada en diciembre pasado por considerar que le otorga al Ejército funciones que le corresponden a entidades civiles y promueve la militarización.

El caso de Valentina junto con el de Inés, que también será estudiado por la justicia en México, para Cejil y Tlachinollan muestra el riesgo de que ocurran violaciones a los derechos humanos cuando tareas de seguridad, incluso en ámbitos civiles, se concentran en fuerzas militares.

La lucha de Valentina de 16 años podría terminar pronto en un juzgado en el Estado de Guerrero en un juicio programado para cumplirse antes del próximo 8 de junio y que agitará las estructuras más sensibles de la justicia mexicana y de las instituciones militares.