El interminable conflicto

La continuación de la demanda de Nicaragua contra Colombia es el resultado de errores crasos por parte de los dos países. El hecho significa, entre otras cosas, que Bogotá y Managua están cada vez más lejos de llegar a un acuerdo definitivo que convenga a ambos, y confirma que ha primado el populismo para asumir el tema, tanto de parte del presidente Daniel Ortega como del mandatario Juan Manuel Santos.

La denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, presentada el 27 de noviembre de 2012 y que entró en vigencia el miércoles, precipitó la decisión de Nicaragua que ha visto con preocupación que el gobierno colombiano hace hasta lo imposible por no acatar el fallo, mientras se niega a negociar directamente con Managua. Una medida que se ha recomendado desde el momento mismo en que se emitió el fallo, el pasado 19 de noviembre de 2012.

Con esta demanda ante la CIJ, Managua busca que se obligue por medios legales a Colombia a acatar el fallo y que el gobierno colombiano deje de malgastar tiempo. La nueva demanda demuestra el comportamiento errático del Gobierno, no tanto por la posición asumida internacionalmente, sino por haber optado por no explicar a los colombianos el contenido del fallo ni las posibilidades reales frente al mismo.

La administración de Santos conoce de primera mano que sólo existe una manera expedita de alterar el contenido de la decisión de la CIJ: la negociación directa con Nicaragua. Una posibilidad que se ha desechado porque la lógica reeleccionista hace que el Gobierno le dé al tema un manejo que no le reste popularidad.

Las inconsistencias del Gobierno desnudan esta realidad. En primer lugar conformó un grupo de abogados que dieran luces sobre el camino a seguir después de la sentencia, entre los que aparecían Juan Daniel Jaramillo, Rafael Nieto Navia, Luis Ricardo Paredes, Carlos Gustavo Arrieta y Joaquín Polo. Jamás se supo si este grupo finalmente le hizo o no recomendaciones al Gobierno. En segunda instancia se acudió a la firma Volterra Fietta, que debía dar un informe en junio de este año. Del informe no se supo nada y la canciller aclaró que las consultas no se limitaban a esa firma, sino que había otros abogados que asesoraban al Gobierno.

Actualmente, y sin haber rendido cuentas por lo anterior (lo que atenta contra el Estado de derecho), ni explicar el camino a seguir, el Gobierno sigue acusando a Nicaragua sin reconocer frente a la opinión pública lo que pocos han tenido el valor de afirmar: que ha perdido con esta estrategia y ha provocado con ello que Managua tenga un argumento para acudir nuevamente a la CIJ, de la que este gobierno ingenuamente se pretende blindado, haciendo pensar equivocadamente que el derecho interno prima sobre el internacional, y nada está más alejado de la realidad.

Un agravante reside en el ambiente electoral, en el que el presidente Santos agotará todos los medios para no mostrarse débil. Con esto, el Gobierno pondrá en entredicho, una vez más, activos de su política exterior, mostrando que en Colombia tanto dentro como hacia afuera el derecho se relativiza políticamente, algo que habla muy mal de nuestra convicción democrática.

La continuación de la demanda de Nicaragua contra Colombia es el resultado de errores crasos por parte de los dos países. El hecho significa, entre otras cosas, que Bogotá y Managua están cada vez más lejos de llegar a un acuerdo definitivo que convenga a ambos, y confirma que ha primado el populismo para asumir el tema, tanto de parte del presidente Daniel Ortega como del mandatario Juan Manuel Santos.

La denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, presentada el 27 de noviembre de 2012 y que entró en vigencia el miércoles, precipitó la decisión de Nicaragua que ha visto con preocupación que el gobierno colombiano hace hasta lo imposible por no acatar el fallo, mientras se niega a negociar directamente con Managua. Una medida que se ha recomendado desde el momento mismo en que se emitió el fallo, el pasado 19 de noviembre de 2012.

Con esta demanda ante la CIJ, Managua busca que se obligue por medios legales a Colombia a acatar el fallo y que el gobierno colombiano deje de malgastar tiempo. La nueva demanda demuestra el comportamiento errático del Gobierno, no tanto por la posición asumida internacionalmente, sino por haber optado por no explicar a los colombianos el contenido del fallo ni las posibilidades reales frente al mismo.

La administración de Santos conoce de primera mano que sólo existe una manera expedita de alterar el contenido de la decisión de la CIJ: la negociación directa con Nicaragua. Una posibilidad que se ha desechado porque la lógica reeleccionista hace que el Gobierno le dé al tema un manejo que no le reste popularidad.

Las inconsistencias del Gobierno desnudan esta realidad. En primer lugar conformó un grupo de abogados que dieran luces sobre el camino a seguir después de la sentencia, entre los que aparecían Juan Daniel Jaramillo, Rafael Nieto Navia, Luis Ricardo Paredes, Carlos Gustavo Arrieta y Joaquín Polo. Jamás se supo si este grupo finalmente le hizo o no recomendaciones al Gobierno. En segunda instancia se acudió a la firma Volterra Fietta, que debía dar un informe en junio de este año. Del informe no se supo nada y la canciller aclaró que las consultas no se limitaban a esa firma, sino que había otros abogados que asesoraban al Gobierno.

Actualmente, y sin haber rendido cuentas por lo anterior (lo que atenta contra el Estado de derecho), ni explicar el camino a seguir, el Gobierno sigue acusando a Nicaragua sin reconocer frente a la opinión pública lo que pocos han tenido el valor de afirmar: que ha perdido con esta estrategia y ha provocado con ello que Managua tenga un argumento para acudir nuevamente a la CIJ, de la que este gobierno ingenuamente se pretende blindado, haciendo pensar equivocadamente que el derecho interno prima sobre el internacional, y nada está más alejado de la realidad.

Un agravante reside en el ambiente electoral, en el que el presidente Santos agotará todos los medios para no mostrarse débil. Con esto, el Gobierno pondrá en entredicho, una vez más, activos de su política exterior, mostrando que en Colombia tanto dentro como hacia afuera el derecho se relativiza políticamente, algo que habla muy mal de nuestra convicción democrática.