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El juicio del magnate prodemocracia Jimmy Lai comenzó este lunes en Hong Kong por cargos de seguridad nacional, que podrían condenarle a cadena perpetua, aunque Estados Unidos y el Reino Unido piden su liberación.
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Lai, de 76 años, está acusado de “colusión” con fuerzas extranjeras, en virtud de una amplia ley de seguridad nacional que Pekín impuso al centro financiero en 2020. Él es el fundador del tabloide en chino Apple Daily, crítico de China y que apoyó el enorme movimiento de protesta que sacudió Hong Kong en 2019. El juicio, que se celebrará en audiencia pública durante los próximos 80 días, servirá como barómetro de las libertades políticas y la independencia judicial de la ciudad.
Este millonario, que hizo fortuna vendiendo ropa antes de entrar en el sector de los medios de comunicación, será juzgado sin jurado y se le denegó ser defendido por Tim Owen, abogado británico de derechos humanos, alegando riesgos para la seguridad. El lunes, Lai, que no había sido visto públicamente desde 2021, compareció ante el tribunal vestido de traje. En el lugar sonrió y saludó a la tribuna en la que estaba sentada su familia. Observadores de los consulados extranjeros de Hong Kong, incluidos los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá, estuvieron presentes en el juicio.
Críticas internacionales sobre el caso Lai
Antes del proceso, el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, declaró que estaba “especialmente preocupado por el enjuiciamiento por motivos políticos” de Lai, que también tiene la nacionalidad británica. Según él, “como periodista y editor prominente y franco, Jimmy Lai ha sido objeto de un claro intento de impedir el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. Le pido a las autoridades de Hong Kong que pongan fin a su persecución y lo liberen”.
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El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, también hizo un llamado por su liberación: “Las acciones que reprimen la libertad de prensa y restringen el libre flujo de información (...) han socavado las instituciones democráticas de Hong Kong”. El portavoz de la cancillería china, Wang Wenbin, acusó a ambos países de doble rasero y calificó a Lai de “chico de los recados de las fuerzas anti-China”. En sus declaraciones, agregó: “Los comentarios de Estados Unidos y el Reino Unido sobre este caso violan gravemente el espíritu del Estado de derecho y (...) constituyen una maniobra política flagrante”.
Encarcelado durante más de 1.100 días, Lai ya ha sido condenado en otros cinco casos, entre ellos, uno relacionado con organizar y participar en marchas durante las multitudinarias protestas por la democracia de 2019.
“Muy injusto”, gritaron algunos a las afueras del juzgado donde estaba Lai
Decenas de activistas han sido acusados en virtud de la ley de seguridad nacional de 2020, pero Lai es la primera de ellas en impugnar una acusación de “colusión” extranjera. En el juicio se le imputarán otros cargos, como “conspiración para publicar material sedicioso”. Su abogado, Robert Pang, argumentó el lunes que la acusación de colusión debía desestimarse porque la legislación penal de Hong Kong impone un límite de tiempo para este tipo de procesos. Los fiscales “están fuera de plazo, por lo tanto, no hay jurisdicción del tribunal”.
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El lunes se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad a las afueras del tribunal, donde varios residentes esperaron toda la noche, pese al frío para asistir al juicio. La policía impidió que Alexandra Wong, una activista conocida como “la abuela Wong”, se acercara a la entrada del tribunal. “¡Apoya a Apple Daily, apoya a Jimmy Lai!”, gritó mientras ondeaba la bandera del Reino Unido, antes de que la policía la escoltara al otro lado de la calle. “El juicio es muy injusto, muy poco razonable”, declaró a la prensa.
El Apple Daily de Lai se vio obligado a cerrar en 2021, después de que las autoridades utilizaran la ley de seguridad para hacer dos redadas y congelar activos por un valor de 18 millones de dólares hongkoneses (US$2,3 millones). Críticos de la ley de seguridad nacional afirman que esta ha recortado las libertades civiles, silenciando de forma efectiva la disidencia y erosionando la independencia judicial, que durante tanto tiempo atrajo a las empresas extranjeras al centro financiero.
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