El juicio legislativo a Rousseff avanza por el laberinto político
Este domingo la Cámara votará si la mandataria brasileña debe enfrentar un impeachment, de ser así el caso pasará al senado.
EFE
El juicio legislativo que amenaza con destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza a través del laberinto político brasileño, un complicado camino en el que se adentró a finales de 2015 y cuyo trazado está ahora en manos del pleno de la Cámara de los Diputados. (Te recomendamos leer además: Brasil: ¿quién está libre de culpas?)
El puntapié inicial de este proceso lo dio a comienzos de diciembre el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de la presidenta Rousseff, ahora investigado por su participación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
En su papel de jefe de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite el pedido realizado por un prestigioso grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece la mandataria y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Para los juristas, el juicio político se fundamenta en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para mejorar sus resultados públicos de 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015.
La oposición argumenta que este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidades", uno de los motivos contemplados en la Constitución para abrir un proceso parlamentario, pero el Gobierno insiste en calificarlo de "golpe de Estado" por considerar que no cometió ningún delito.
En diciembre los parlamentarios se apresuraron a instalar la comisión especial encargada de dar el primer parecer sobre el proceso, pero el Tribunal Supremo ordenó suspenderlo temporalmente al detectar "errores de procedimiento" y días después el Parlamento entró en receso.
Los ánimos se apaciguaron durante las vacaciones navideñas, pero con la vuelta al trabajo de los parlamentarios el clima político comenzó a caldearse de nuevo, especialmente después de las multitudinarias protestas en todo Brasil que pedían la salida de Rousseff.
Más de tres millones de personas salieron a las calles del país para gritar a favor del "impeachment", lo que aumentó la presión sobre los congresistas para agilizar el trámite.
El clima se calentó todavía más tras la divulgación de unas conversaciones de Lula con Rousseff, que sugerían que la presidenta le había designado ministro para que consiguiera el fuero privilegiado y pudiese escapar así de las garras del juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de corrupción en Petrobras, de la que el ex jefe de Estado es blanco.
En medio de este escenario, la Cámara de Diputados -que recibió el visto bueno del Supremo para retomar sus actividades- nombró en marzo a los 65 miembros de la comisión especial y a comienzos de abril escuchó la defensa de Rousseff, que recalcó que el proceso legislativo contra la presidenta "está viciado".
Sin embargo, los argumentos de la defensa de Rousseff cayeron en saco roto entre algunos diputados de la comisión que, por 38 votos a favor y 27 en contra, decidieron a comienzos de abril que existen méritos jurídicos para abrir el juicio contra Rousseff.
Con el parecer de la comisión, la pelota cayó en el tejado de los 513 diputados que forman el pleno de la Cámara de los Diputados, que este domingo podría dar luz verde al proceso o archivarlo definitivamente.
El Gobierno intentó frenar la votación del fin de semana al entrar este jueves con una demanda en el Supremo para que declarara "nulo" el informe aprobado por la comisión especial, pero esta fue negada por la máxima corte del país horas después.
Los impulsores del proceso parlamentario contra Rousseff necesitan de una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos) para llevarlo adelante y, en caso de avanzar, pasará al Senado.
Los 81 miembros de la Cámara Alta decidirán, por mayoría simple, si efectivamente será iniciado el juicio político contra la mandataria y, de ser así, Rousseff se tendría que separar del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio
En ese extremo, la jefa de Estado sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, a quien la mandataria acusó de ser el "jefe de la conspiración" que busca acortar su mandato.
El juicio legislativo que amenaza con destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza a través del laberinto político brasileño, un complicado camino en el que se adentró a finales de 2015 y cuyo trazado está ahora en manos del pleno de la Cámara de los Diputados. (Te recomendamos leer además: Brasil: ¿quién está libre de culpas?)
El puntapié inicial de este proceso lo dio a comienzos de diciembre el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de la presidenta Rousseff, ahora investigado por su participación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
En su papel de jefe de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite el pedido realizado por un prestigioso grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece la mandataria y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Para los juristas, el juicio político se fundamenta en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para mejorar sus resultados públicos de 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015.
La oposición argumenta que este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidades", uno de los motivos contemplados en la Constitución para abrir un proceso parlamentario, pero el Gobierno insiste en calificarlo de "golpe de Estado" por considerar que no cometió ningún delito.
En diciembre los parlamentarios se apresuraron a instalar la comisión especial encargada de dar el primer parecer sobre el proceso, pero el Tribunal Supremo ordenó suspenderlo temporalmente al detectar "errores de procedimiento" y días después el Parlamento entró en receso.
Los ánimos se apaciguaron durante las vacaciones navideñas, pero con la vuelta al trabajo de los parlamentarios el clima político comenzó a caldearse de nuevo, especialmente después de las multitudinarias protestas en todo Brasil que pedían la salida de Rousseff.
Más de tres millones de personas salieron a las calles del país para gritar a favor del "impeachment", lo que aumentó la presión sobre los congresistas para agilizar el trámite.
El clima se calentó todavía más tras la divulgación de unas conversaciones de Lula con Rousseff, que sugerían que la presidenta le había designado ministro para que consiguiera el fuero privilegiado y pudiese escapar así de las garras del juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de corrupción en Petrobras, de la que el ex jefe de Estado es blanco.
En medio de este escenario, la Cámara de Diputados -que recibió el visto bueno del Supremo para retomar sus actividades- nombró en marzo a los 65 miembros de la comisión especial y a comienzos de abril escuchó la defensa de Rousseff, que recalcó que el proceso legislativo contra la presidenta "está viciado".
Sin embargo, los argumentos de la defensa de Rousseff cayeron en saco roto entre algunos diputados de la comisión que, por 38 votos a favor y 27 en contra, decidieron a comienzos de abril que existen méritos jurídicos para abrir el juicio contra Rousseff.
Con el parecer de la comisión, la pelota cayó en el tejado de los 513 diputados que forman el pleno de la Cámara de los Diputados, que este domingo podría dar luz verde al proceso o archivarlo definitivamente.
El Gobierno intentó frenar la votación del fin de semana al entrar este jueves con una demanda en el Supremo para que declarara "nulo" el informe aprobado por la comisión especial, pero esta fue negada por la máxima corte del país horas después.
Los impulsores del proceso parlamentario contra Rousseff necesitan de una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos) para llevarlo adelante y, en caso de avanzar, pasará al Senado.
Los 81 miembros de la Cámara Alta decidirán, por mayoría simple, si efectivamente será iniciado el juicio político contra la mandataria y, de ser así, Rousseff se tendría que separar del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio
En ese extremo, la jefa de Estado sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, a quien la mandataria acusó de ser el "jefe de la conspiración" que busca acortar su mandato.