El kirchnerismo amenaza con un juicio político a todos los jueces de la Corte Suprema
La ofensiva de dos diputados del Frente de Todos contra el máximo tribunal de justicia del país ha causado revuelo en Argentina. ¿Qué está pasando?
La independencia del Poder Judicial en Argentina corre riesgo. Sin embargo, al ser un caso que involucra tantos elementos de la política interna del país hay que ir por partes para entender la magnitud de esta amenaza.
¿Qué está pasando?
El 25 de septiembre, la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, presentó un proyecto para promover un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Argentina, Carlos Rosenkrantz, por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones” tras cometer acciones que han “frustrado los derechos y las garantías de la Constitución”.
Este pedido de juicio tiene su base, señala la diputada, en los conflictos de interés del presidente de la Corte y particularmente en su “búsqueda de impunidad” en delitos de lesa humanidad. Siley cuestiona las decisiones de Rosenkrantz en tres casos puntuales: el caso Muiña, el caso Ledesma y el caso Rufino Batalla, todos relacionados con la última dictadura militar en el país (1976 - 1983).
En estos y otros casos, el magistrado Rosenkrantz votó en 2017 para lograr que se le otorgara un gran beneficio a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad, y otros acusados de crímenes de lesa humanidad. El beneficio consistía en computar el doble del tiempo que estuvieron detenidos antes de contar con una sentencia firme, luego de los dos años de prisión preventiva. Esto fue conocido como “la aplicación del dos por uno en crímenes de lesa humanidad”.
Siley señala que esa decisión tomada por el magistrado en estos casos agravia a las víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares y desarticula “las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina”. Y por ello presentó un proyecto para enjuiciarlo en el Senado.
Este lunes, otro diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, respaldó el proyecto de juicio político de Siley, pero además apuntó contra el resto de miembros del máximo tribunal. “Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, dijo Moreau, respaldado su decisión de iniciar un juicio político contra toda la Corte Suprema.
Pero ¿por qué es tan grave todo esto?
La ofensiva de estos diputados kirchneristas se atraviesa a la par con una importante discusión en la Corte: la del escándalo por el desplazamiento de tres magistrados que investigaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El pasado 17 de septiembre, el Senado, que conduce Cristina Kirchner, desplazó a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los cuales participaban de las investigaciones por corrupción contra exfuncionarios de la entonces presidenta y ahora vicepresidenta.
Los tres jueces afectados presentaron el recurso per saltum, el cual les permitía litigar directamente en la Corte contra esta decisión del Legislativo. La semana pasada, la Corte Suprema decidió de manera unánime congelar el traslado de los tres jueces que participan en el caso contra Kirchner, más conocido como “la causa de los cuadernos”.
La ofensiva kirchnerista le hizo pensar a la oposición argentina que los planes de Siley y el Frente de Todos solo buscan acosar al máximo tribunal y así continuar con sus planes de separar a los mencionados jueces de la investigación contra la expresidenta.
Esto supone un gran lío para el Ejecutivo, que aunque trató de despegarse de la jugada del Frente de Todos, hoy se ve envuelto en una gran polémica, pues se teme una amenaza para la separación de poderes debido a que el gobierno trataría de interponerse para evitar una investigación contra la actual vicepresidenta.
“Es difícil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, más bien brusco, de evitar que su vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la Justicia por unos hechos debidamente investigados como tendría que hacer cualquier otro ciudadano”, apuntó el diario El País de España en su editorial.
Además, recuerda El País, “este no es el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el Poder Judicial (...) el gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos. Una reforma probablemente necesaria, pero que debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino”.
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La independencia del Poder Judicial en Argentina corre riesgo. Sin embargo, al ser un caso que involucra tantos elementos de la política interna del país hay que ir por partes para entender la magnitud de esta amenaza.
¿Qué está pasando?
El 25 de septiembre, la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, presentó un proyecto para promover un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Argentina, Carlos Rosenkrantz, por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones” tras cometer acciones que han “frustrado los derechos y las garantías de la Constitución”.
Este pedido de juicio tiene su base, señala la diputada, en los conflictos de interés del presidente de la Corte y particularmente en su “búsqueda de impunidad” en delitos de lesa humanidad. Siley cuestiona las decisiones de Rosenkrantz en tres casos puntuales: el caso Muiña, el caso Ledesma y el caso Rufino Batalla, todos relacionados con la última dictadura militar en el país (1976 - 1983).
En estos y otros casos, el magistrado Rosenkrantz votó en 2017 para lograr que se le otorgara un gran beneficio a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad, y otros acusados de crímenes de lesa humanidad. El beneficio consistía en computar el doble del tiempo que estuvieron detenidos antes de contar con una sentencia firme, luego de los dos años de prisión preventiva. Esto fue conocido como “la aplicación del dos por uno en crímenes de lesa humanidad”.
Siley señala que esa decisión tomada por el magistrado en estos casos agravia a las víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares y desarticula “las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina”. Y por ello presentó un proyecto para enjuiciarlo en el Senado.
Este lunes, otro diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, respaldó el proyecto de juicio político de Siley, pero además apuntó contra el resto de miembros del máximo tribunal. “Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, dijo Moreau, respaldado su decisión de iniciar un juicio político contra toda la Corte Suprema.
Pero ¿por qué es tan grave todo esto?
La ofensiva de estos diputados kirchneristas se atraviesa a la par con una importante discusión en la Corte: la del escándalo por el desplazamiento de tres magistrados que investigaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El pasado 17 de septiembre, el Senado, que conduce Cristina Kirchner, desplazó a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los cuales participaban de las investigaciones por corrupción contra exfuncionarios de la entonces presidenta y ahora vicepresidenta.
Los tres jueces afectados presentaron el recurso per saltum, el cual les permitía litigar directamente en la Corte contra esta decisión del Legislativo. La semana pasada, la Corte Suprema decidió de manera unánime congelar el traslado de los tres jueces que participan en el caso contra Kirchner, más conocido como “la causa de los cuadernos”.
La ofensiva kirchnerista le hizo pensar a la oposición argentina que los planes de Siley y el Frente de Todos solo buscan acosar al máximo tribunal y así continuar con sus planes de separar a los mencionados jueces de la investigación contra la expresidenta.
Esto supone un gran lío para el Ejecutivo, que aunque trató de despegarse de la jugada del Frente de Todos, hoy se ve envuelto en una gran polémica, pues se teme una amenaza para la separación de poderes debido a que el gobierno trataría de interponerse para evitar una investigación contra la actual vicepresidenta.
“Es difícil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, más bien brusco, de evitar que su vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la Justicia por unos hechos debidamente investigados como tendría que hacer cualquier otro ciudadano”, apuntó el diario El País de España en su editorial.
Además, recuerda El País, “este no es el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el Poder Judicial (...) el gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos. Una reforma probablemente necesaria, pero que debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino”.
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