El lado agrio de la frontera

El hecho de ser teatro esencial de operaciones militares contra las Farc, territorio experimental del Plan Colombia contra el narcotráfico y el departamento donde han ocurrido los más espantosos crímenes contra civiles, mantienen al Putumayo en una interminable crisis social. Una situación que sin ser un propósito, también debilita la frágil frontera social y política con Ecuador, desde donde siguen creciendo los reclamos por la exportación del conflicto armado colombiano a su territorio.

Tras un extenuante recorrido a través de accidentadas carreteras desde la ciudad de Mocoa, El Espectador llegó hasta el casco urbano de La Dorada (Putumayo), cabecera municipal de la región de San Miguel, donde la lucha contrainsurgente y la ofensiva del Gobierno para erradicar los cultivos de coca se mantienen al rojo vivo, empujando día a día sus efectos hasta el cantón de Lago Agrio, región ubicada en la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador.

Luego de atravesar una decena de poblados con viviendas de tabla y zinc enmohecido, que abrazan con su pobreza las polvorientas carreteras que bordean la selva amazónica, la penúltima estación del viaje es La Hormiga. Un municipio sobre el Valle de río Guamuez donde indígenas, mercaderes, contrabandistas o guerreros esperan impacientes la salida de camionetas y taxis para dirigirse a La Dorada, último tramo del trayecto hacia el Puente Internacional de San Miguel, donde una línea imaginaria divide la frontera viva entre Ecuador y Colombia.

Llegar a La Dorada es estrellarse con una realidad social crítica y un pasado truculento, en el que guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes terminaron por crear un territorio sin Dios ni ley. Una zozobra a la que 4.956 habitantes del casco urbano han estado sometidos a diario desde 1999. Desasosiego que, además, impuso una absurda lógica: el fusil que más duro suene es el que define los destinos de esta población en el Putumayo.

Un clima de angustia con una historia que apenas se empieza a reconstruir porque los extensos cultivos de coca que se encontraban a lo largo y ancho de la vía que de Puerto Asís conduce a La Dorada, y que en 2000 llegaron a alcanzar 66.000 hectáreas en todo el Putumayo (un 40% de la producción nacional en ese momento), hoy ya no están. Como tampoco existen los retenes que servían de parapeto para cobrar los ‘impuestos' a los cocaleros con el fin de controlar buena parte de los 13 municipios del departamento.

Hoy, en la misma vía sólo se encuentran casas abandonadas y veredas con puñados de familias esperando qué hacer. En La Dorada, por ejemplo, la ‘fumiga', como le dicen a la aspersión de glifosato sobre las matas de coca y productos de pan coger, acabó el negocio de los cultivos ilícitos. Únicamente queda un turbulento pasado en el que la confrontación armada dejó más de 3.000 civiles muertos y, según cifras extraoficiales, 80.000 desplazados, muchos de los cuales terminaron pidiendo refugio o asilo político en Lago Agrio, Ecuador.

Fueron años en los que el flujo del producido de la base de coca impuso una dinámica económica que arrastró hasta las calles de La Dorada un verdadero contingente de prostitutas, raspachines, malandrines y oportunistas de Colombia y Ecuador. Hoy ya nadie quiere saber de siembras de coca, pero tampoco de improvisados planes de sustitución de cultivos ilícitos, así como de plantas de producción de palmitos, granjas porcícolas o proyectos de seguridad alimentaria. Todos terminaron en el abandono.

Un desencanto que llevó a organizaciones sociales como la Mesa Departamental del Putumayo o la Mesa Municipal de Organizaciones Campesinas a plantearles a los gobiernos nacional y departamental un Plan de Desarrollo con el que se pretende buscar alternativas de producción agrícola y manejo de recursos locales sin la sombra de los cultivos de hoja coca. Sin embargo, mientras estos planes se materializan, los campesinos protagonizan una insólita forma de ganarse la vida.

Ahora imperan las pequeñas oficinas llamadas ‘grupos de inversión', donde cada persona deposita $130.000 o más y al cabo de un mes recibe una cifra igual en ganancias. Hay sitios en los que se ofrecen intereses hasta del 250% anual, de ahí que los campesinos estén acuñando una frase que hoy recorre los 24.885 kilómetros cuadrados del Putumayo: "Pasamos del negocio de la hoja de coca a las ganancias de las hojas de papel". Una economía que se intenta reacomodar con sorprendentes negocios de papel en La Dorada y La Hormiga.

Del inmediato pasado sólo queda el componente militar del Plan Colombia que pretende -de la mano de los Estados Unidos-, seguir erradicando cultivos de coca y aniquilando la presencia de las Farc. Un componente que el 3 de noviembre pasado llegó hasta Santa Rosa de Sucumbíos (Ecuador), donde el Ejército y las Farc terminaron enfrentándose. Una confrontación que llevó al ministro de Defensa ecuatoriano Wellington Sandoval, a afirmar que su país limitaba por el norte con las Farc y el Eln, referenciando así la falta de control militar en 600 kilómetros de frontera.

La afirmación del ministro se dio después de varias acciones militares que terminaron en territorio ecuatoriano. En marzo 22, una granada impactó una casa ubicada en el sector de La Bocana; en julio 7, las Farc lanzaron cilindros explosivos desde Ecuador hasta el corregimiento de Teteyé, y los días 13 y 14 de este mismo año, dos granadas de mortero explotaron en una casa de Pueblo Nuevo.

Donde más se siente el conflicto es en Lago Agrio, población a la que diariamente llegan desplazados, prostitutas, delincuentes, paramilitares y guerrilleros. Según Pastoral Social, hasta junio de este año, producto de combates y ‘ fumiga' en territorio colombiano, 1.000 personas solicitaron refugio. Una crisis social que tiene a 80 familias en este mismo cantón de la Provincia de Sucumbíos, generando desempleo y actos delincuenciales en los que siempre están involucrados colombianos.

Una crisis que desgasta e inquieta al gobierno ecuatoriano, pues ha tenido que generar, desde 2000, recursos económicos y humanos para atender las consecuencias del conflicto armado que se trasladó hasta su patio. A tal punto que paramilitares y guerrilleros libran una lucha a sangre y fuego en las propias calles de Lago Agrio. Según estadísticas del área de movilidad humana de la Iglesia Católica, en este poblado ecuatoriano, en 2005, se produjeron hasta 8 muertes diarias, todas atribuidas al traslado de la confrontación armada de Colombia.

Un fenómeno que genera reacciones de odio hacia los colombianos y que aumentó desde el pasado 21 de julio con el asesinato de la intendente de Policía Irene Guerrón, quien había expresado públicamente su descontento por el continuo ingreso de compatriotas a la región. Por eso, buena parte de los habitantes de Lago Agrio no son solidarios con los refugiados. Todo lo contrario, para ellos, una cosa es la frontera política que se maneja desde Bogotá y Quito y otra es la frontera viva que subsiste del comercio, del tráfico de armas, de comprar gasolina y gas doméstico y de la confrontación armada que llega de Colombia.

Las fosas comunes que cuentan la historia

Sobre el mediodía del domingo 25 de noviembre, un cortejo fúnebre que recorrió a paso lento las principales calles de La Dorada (Putumayo) llenó de rabia y melancolía a sus habitantes. La ceremonia, encabezada por un joven que llevaba un pequeño féretro de madera café en sus manos, terminó en el cementerio del pueblo, destino final del descuartizado cuerpo de Libardo Guerrero, quien había desaparecido hacía siete años.

Los restos de Libardo fueron entregados a sus deudos junto con otros 16 cuerpos el día anterior en La Hormiga, la principal población del Valle del Guamuez, que colinda con el municipio de San Miguel -La Dorada-, regiones fronterizas con Ecuador, donde se han encontrado, entre junio de 2006 y este año, 228 víctimas del paramilitarismo en cerca de 70 fosas comunes. Los cementerios clandestinos han sido hallados en las veredas El Tanque, La Balastrera, La Marranera, El Placer, El Paraíso, El Arco, La Bocatoma y Las Calaveras, sitios en los que según la Fiscalía, podría haber unos 3.000 muertos, entre ellos 500 ecuatorianos.

La escena de ese domingo fue bastante especial para los habitantes, porque el cuerpo de Libardo Guerrero no sólo les recordó cerca de una década de horror, sino que inmediatamente les trajo a la memoria la muerte de Ligia Meneses hace tres semanas, en la plaza de mercado. La víctima fue una de las personas que denunciaron recientemente ante la Fiscalía el aniquilamiento de su familia.

El entierro de Guerrero los trasladó también al 9 de enero de 1999, día en el que las autodefensas del Frente Sur del Putumayo entraron a sangre y fuego a la inspección de El Tigre - jurisdicción de La Hormiga-, y asesinaron a 26 campesinos, muchos de los cuales fueron degollados y lanzados a las aguas del río Guamuez.

Fueron a la vez tiempos en los que la forma de sacrificar a las personas no tuvo fronteras. Cuentan los habitantes, en voz baja, que luego del ingreso de las Auc a La Dorada en 2000, se implantaron normas de comportamiento individual y colectivo, se fijaron horarios a los bares y discotecas, impusieron ‘vacunas' y ejecutaron a los que ellos consideraban miembros de las Milicias Bolivarianas. Según los pobladores, la situación llegó al punto de que todo el mundo era sospechoso, hecho que generó el abandono de buena parte del municipio, de ahí que La Dorada pasó de 25.000 habitantes a tan sólo 14.480.

También eran tiempos en los que guerrilleros que cambiaron de bando terminaron señalando a quienes fueron sus colaboradores. Una sentencia a muerte que comenzaba con la sacada de las víctimas de sus casas para ser llevadas al campo, donde las obligaban a cavar tumbas y, luego de un tiro de gracia, las descuartizaban o, en algunos casos, los verdugos terminaban practicando el canibalismo.

Había días en los que la guerrilla corría del pueblo a las autodefensas a punta de plomo, y en otros, los ‘paras' haciendo lo mismo con las Farc. Una confrontación que en los últimos nueve años provocó el desplazamiento de 12.762 familias, muchas de las cuales salieron en estampida hacia Lago Agrio (Ecuador).

Pero la rabia que produjo el cortejo fúnebre ese domingo no fue únicamente por los crímenes que día a día se sucedían en el pueblo. Lo era también por tantos años de impunidad, en que la función de la justicia fue apenas un saludo a la bandera.

La insólita historia de la injusticia provocó reacciones como la del comerciante José Hurtado, quien organizó el 28 de enero de 2005 una marcha para señalarles a las autoridades las casas donde vivían los paramilitares. Aún así, los violentos no perdonaron la acción, Hurtado fue asesinado el mismo día y 40 comerciantes que lo acompañaron en su protesta debieron abandonar La Dorada. Pero ni la barbarie ni los desplazamientos fueron suficientes para callar a los habitantes, a pesar de que la muerte sigue en las calles del pueblo. Una inocultable violencia que si bien hoy se da en menos porcentaje que antes, sigue latente como quedó demostrado con el crimen de la señora Meneses.