El lugar para hablar de drogas

Al principio, las autoridades de Estados Unidos se resistieron agresivamente al pedido de varios líderes de América Latina para hacer del debate sobre las drogas un tema prioritario de discusión durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, entre el 14 y 15 de abril. No sin justificación. Washington temía que los latinoamericanos se estuvieran alistando para apuntar de manera conjunta el dedo acusador hacia la política antidrogas de EE.UU., culpándola del aumento de la droga que alimenta el crimen y la violencia en la región.

Los Estados Unidos se alejaron del tema, al menos parcialmente, pero ahora dicen que están preparados para hablar sobre drogas en la cumbre, pero, aclaran, que no tienen la intención de alterar su política actual.

Dentro de América Latina está creciendo el consenso de que la raíz de la violenta ola de criminalidad que se extiende por varios países se debe al uso masivo de narcóticos en Estados Unidos —el cual está sobrepasando el gran mercado ilícito de drogas, con un consumo estimado de US$60 billones al año—. Pero no es sólo cuestión de la incesante demanda de Estados Unidos ni de los altos beneficios que le generan al crimen organizado y otras actividades ilegales en la región, particularmente en México y Centroamérica.

Los EE.UU. han demostrado a lo largo de los años que no quieren o no pueden frenar su demanda o frenar el flujo de dinero o armas a las bandas criminales. Sin embargo, la ansiedad de Washington sobre discutir la política de drogas con los líderes del hemisferio que se reunirán en Cartagena son exageradas. Entre los mayores defensores de incluir la problemática de las drogas dentro de la agenda de la cumbre se encuentran los más sólidos aliados de Washington en la región: de Colombia, Juan Manuel Santos, quien será el anfitrión de la reunión; de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina. Todos ellos comprometidos tanto con el combate del narcotráfico como con trabajar en estrecha colaboración con los EE.UU. sobre drogas y otros asuntos de seguridad.

Ellos quieren generar un debate sobre políticas y estrategias —no avergonzar a Estados Unidos o llevarlo a un juicio—. También saben que en un año electoral, la legalización seguramente tendrá alguna atención en Washington, aunque es muy poco probable que domine el debate. Es una discusión que el presidente Barack Obama debería ser capaz de manejar. En realidad, los EE.UU. deberían estar agradecidos de que sean los líderes de América Latina —presidentes, expresidentes— los que estén presionando por este debate. No hay nadie en Washington, aunque la mayoría de estadounidenses piense ahora que la guerra contra las drogas ha fallado.

El mismo presidente Obama habló sobre el tema, pero no tuvo la fuerza suficiente para implementar importantes reformas que cambien el énfasis político de la política de aplicación de la ley hacia la prevención y el tratamiento. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha afirmado que la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos “claramente no ha funcionado”. “¿Cómo?”, se preguntó. “¿Podría alguien llegar a una conclusión diferente?”. Así que será constructivo para el presidente estadounidense participar en un debate serio sobre las drogas fuera de los límites políticos venenosos de Washington. Y EE.UU. tendrá la oportunidad de estar en un foro en el cual pueda defender sus puntos de vista, si decide hacerlo.

El presidente Santos y otros colombianos deberían estar complacidos por sus esfuerzos de llevar las drogas a la agenda. Al abordar de frente un tema de tan alta intensidad, como la política de drogas, la cumbre de abril ganará importante atención mundial y tendrá relevancia en los asuntos hemisféricos. Pero, a pesar de la discusión vigorosa en Cartagena, es casi seguro que queden temas por resolver, por eso los próximos pasos serán cruciales.

Lo ideal sería que los Estados Unidos, Colombia y los otros países del hemisferio dejaran Cartagena con un plan para continuar el debate y desarrollar el trabajo necesario para plantear nuevos enfoques pragmáticos de la lucha contra las drogas ilícitas y sus consecuencias, pero no unidos por la ideología o por la inercia de las políticas anteriores. Y si Washington decide que no está dispuesto a considerar nuevos enfoques y quiere palos con costosas políticas que no funcionan, entonces los latinoamericanos deben continuar por su cuenta. Finalmente, son sus intereses los que están en juego.

* Presidente Emérito de Diálogo Interamericano.

Al principio, las autoridades de Estados Unidos se resistieron agresivamente al pedido de varios líderes de América Latina para hacer del debate sobre las drogas un tema prioritario de discusión durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, entre el 14 y 15 de abril. No sin justificación. Washington temía que los latinoamericanos se estuvieran alistando para apuntar de manera conjunta el dedo acusador hacia la política antidrogas de EE.UU., culpándola del aumento de la droga que alimenta el crimen y la violencia en la región.

Los Estados Unidos se alejaron del tema, al menos parcialmente, pero ahora dicen que están preparados para hablar sobre drogas en la cumbre, pero, aclaran, que no tienen la intención de alterar su política actual.

Dentro de América Latina está creciendo el consenso de que la raíz de la violenta ola de criminalidad que se extiende por varios países se debe al uso masivo de narcóticos en Estados Unidos —el cual está sobrepasando el gran mercado ilícito de drogas, con un consumo estimado de US$60 billones al año—. Pero no es sólo cuestión de la incesante demanda de Estados Unidos ni de los altos beneficios que le generan al crimen organizado y otras actividades ilegales en la región, particularmente en México y Centroamérica.

Los EE.UU. han demostrado a lo largo de los años que no quieren o no pueden frenar su demanda o frenar el flujo de dinero o armas a las bandas criminales. Sin embargo, la ansiedad de Washington sobre discutir la política de drogas con los líderes del hemisferio que se reunirán en Cartagena son exageradas. Entre los mayores defensores de incluir la problemática de las drogas dentro de la agenda de la cumbre se encuentran los más sólidos aliados de Washington en la región: de Colombia, Juan Manuel Santos, quien será el anfitrión de la reunión; de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina. Todos ellos comprometidos tanto con el combate del narcotráfico como con trabajar en estrecha colaboración con los EE.UU. sobre drogas y otros asuntos de seguridad.

Ellos quieren generar un debate sobre políticas y estrategias —no avergonzar a Estados Unidos o llevarlo a un juicio—. También saben que en un año electoral, la legalización seguramente tendrá alguna atención en Washington, aunque es muy poco probable que domine el debate. Es una discusión que el presidente Barack Obama debería ser capaz de manejar. En realidad, los EE.UU. deberían estar agradecidos de que sean los líderes de América Latina —presidentes, expresidentes— los que estén presionando por este debate. No hay nadie en Washington, aunque la mayoría de estadounidenses piense ahora que la guerra contra las drogas ha fallado.

El mismo presidente Obama habló sobre el tema, pero no tuvo la fuerza suficiente para implementar importantes reformas que cambien el énfasis político de la política de aplicación de la ley hacia la prevención y el tratamiento. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha afirmado que la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos “claramente no ha funcionado”. “¿Cómo?”, se preguntó. “¿Podría alguien llegar a una conclusión diferente?”. Así que será constructivo para el presidente estadounidense participar en un debate serio sobre las drogas fuera de los límites políticos venenosos de Washington. Y EE.UU. tendrá la oportunidad de estar en un foro en el cual pueda defender sus puntos de vista, si decide hacerlo.

El presidente Santos y otros colombianos deberían estar complacidos por sus esfuerzos de llevar las drogas a la agenda. Al abordar de frente un tema de tan alta intensidad, como la política de drogas, la cumbre de abril ganará importante atención mundial y tendrá relevancia en los asuntos hemisféricos. Pero, a pesar de la discusión vigorosa en Cartagena, es casi seguro que queden temas por resolver, por eso los próximos pasos serán cruciales.

Lo ideal sería que los Estados Unidos, Colombia y los otros países del hemisferio dejaran Cartagena con un plan para continuar el debate y desarrollar el trabajo necesario para plantear nuevos enfoques pragmáticos de la lucha contra las drogas ilícitas y sus consecuencias, pero no unidos por la ideología o por la inercia de las políticas anteriores. Y si Washington decide que no está dispuesto a considerar nuevos enfoques y quiere palos con costosas políticas que no funcionan, entonces los latinoamericanos deben continuar por su cuenta. Finalmente, son sus intereses los que están en juego.

* Presidente Emérito de Diálogo Interamericano.