El nuevo éxodo latino

El pasado 22 de septiembre, ante un grupo de 200 empresarios norteamericanos en Manhattan, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú presentaron en Estados Unidos la Alianza del Pacífico. Los mandatarios hablaron del buen momento por el que pasan sus economías, elogiaron las ventajas de un mercado de 200 millones de personas que, una vez aprobado, desgravará el 92 por ciento de los productos que intercambia y aseguraron, con toda suerte de adjetivos, que este era un tratado incluyente, abierto al mundo.

Sin embargo, a miles de kilómetros de este salón, en Chacalluta y Colchane, los puestos fronterizos de Chile que colindan respectivamente con Perú y Bolivia, otros son los discursos escuchados por los más de 8.000 colombianos que al año buscan ingresar a este país:

La familia de Pablo Escobar no va pa Chile”.
“Todos los colombianos son putas y traficantes”.
“Estos vienen aquí a robar”.

Con estas expresiones se enfrentan a diario los migrantes que, tras miles de kilómetros de travesía, encuentran bloqueado el ingreso a Chile a discreción de los agentes fronterizos de este país. Son viajeros humildes, cuya mayoría huye de la violencia mafiosa de Colombia y la pobreza de la región del Valle del Cauca, especialmente la del puerto de Buenaventura, donde por estos días es común hablar del “nuevo sueño americano”: Antofagasta, la principal ciudad minera en el norte de Chile.

Para este reportaje, un equipo liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile, y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y Vice Colombia, se sumergió en una realidad que aún está ausente en los ampliamente anunciados esfuerzos de integración latinoamericanos. El propósito era revelar una ruta migratoria plagada de tropiezos y peligrosas frustraciones. El pillaje y el robo, las redes de coyotaje y de trata de blancas, los largos recorridos ilegales que se abren por el desierto y el creciente racismo xenófobo que los espera en su destino final, son el pan de cada día para quienes han creído que el sueño de la publicitada integración también se traducirá en oportunidades para los más necesitados.

No deja de ser paradójico que sea Buenaventura el epicentro de esta migración desde el norte hacia el sur del continente. Un puerto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, bautizó como “la capital de la Alianza del Pacífico”.

“Aquí no tenemos servicio de agua potable, solo cuatro horas promedio en el día; no hay un relleno sanitario y no existe un foco de empresas que genere empleo”, se queja Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.

Esto es sólo una pequeña evidencia de los males que hoy padece una ciudad de 380 mil habitantes, por la que pasa el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, unas 15 millones de toneladas de mercancía al año. En el puerto, los niveles de pobreza, analfabetismo y desescolarización superan con honores los promedios de este país, y sus calles y barrios, muchos de ellos construidos por los afrocolombianos como chabolas palafíticas sobre el mar, han sido el escenario durante los últimos tiempos de una de las más sangrientas guerras que libran las bandas de narcotraficantes para controlar la salida de droga por el Pacífico colombiano y la entrada de insumos para la producción de narcóticos.

En Buenaventura, la extorsión se ha convertido en ley. Así como las impasables fronteras invisibles, dibujadas por los combos armados entre los barrios. Leyes que, de no cumplirse, acarrean la pena de muerte, en muchos casos a manos de descuartizadores que han hecho de los cuerpos desmembrados el más frecuente titular de apertura en las páginas de los diarios y los noticieros locales.

Entre enero de 2013 y septiembre de este año, 28 personas fueron descuartizadas en la ciudad. Como muchos desmembramientos fueron cometidos en una misma vivienda, ahora en la ciudad se habla de las “casas de pique”. Así, en el puerto el miedo se arraigó, la falta de trabajo es la constante y por eso cada vez es más costumbre dejarlo todo: 13.000 bonaverenses salieron de sus hogares este año.

Una popular canción de reguetón que suena en las calles de Buenaventura da luces de la ruta que muchos han emprendido:

Una amiga mía se cansó de la rutina de todos los días

Buscar trabajo que no conseguía

Sacó el pasaporte y se fue para Chile…

Es un viaje largo e incierto. Emprendido también en Tumaco, Cali y otras ciudades y municipios del suroccidente de Colombia; 2.800 kilómetros de carreteras ecuatorianas y peruanas, recorridas en bus y de manera legal gracias a la tarjeta andina, hasta encontrarse con una barrera alimentada de prejuicios, en los puestos fronterizos de Chacalluta y Colchane, en las fronteras de Perú y Bolivia, respectivamente.

Allí, para varios funcionarios aduaneros, ser colombiano es sinónimo de delincuente. El estereotipo ha sido alimentado por el alto número de empleadas en burdeles y bares exclusivos para hombres, y las noticias esporádicas relacionadas con el narcotráfico, en ambos casos con participación de colombianos. En septiembre, por ejemplo, fue capturada en Santiago, la capital de Chile, Fanny Grueso Bonilla, alias la Chily, buscada en Colombia por pertenecer presuntamente a la banda narcotraficante los Urabeños y ser dueña de una de las tenebrosas “casas de pique” de esa realidad de la que huyen los bonaverenses.

Pero las restricciones van más allá. Según los múltiples testimonios recogidos durante este reportaje, en la frontera de los tres países el color de la piel es una variable que cada vez tiene más peso a la hora de determinar el rechazo. Las autoridades lo niegan. En los dos puestos fronterizos los funcionarios coinciden en decir que “los motivos más frecuentes de rechazo son documentos de identidad vencidos, no demostrar suficiente solvencia económica para garantizar la estancia en el país o mentir sobre su real intención de ingreso a Chile”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes denuncian que el ingreso al país está dependiendo exclusivamente del ánimo del funcionario en ventanilla, amparado en una controvertida ley que les otorga “discrecionalidad”.

- Entre la xenofobia y coyotes

El principal destino en el norte de Chile es Antofagasta, una ciudad construida a punta de migraciones. Enclavada en el desierto, sus calles huelen a la arena del vasto desierto que la rodea y al mar de la costa por donde los puertos mineros exportan el material de una de las mayores reservas de cobre del mundo.

Curiosamente, hace siglo y medio los migrantes en este lugar eran los chilenos, cuando era territorio boliviano. Después de la Guerra del Pacífico ya quedaron jugando de locales, pero igual recibiendo por temporadas olas de migración de europeos como griegos y croatas. Pero nunca antes se había vivido lo de ahora.

Según cifras oficiales, en menos de una década a esta ciudad han llegado más de 10.000 colombianos, pero los cálculos extraoficiales dan cuenta de 15.000, casi el cinco por ciento de la población antofagastina. La colonia colombiana, a diferencia de las otras que han llegado, se ha hecho notar por su espíritu emprendedor y su don de gentes, algo que valoran mucho, por ejemplo, los puestos reservados para servicio al cliente.

Pero al mismo tiempo, el ambiente alegre que desborda los estándares del recatado Chile, junto a hechos de violencia e inseguridad que se atribuyen a esta migración, ha empezado a generar diferencias con los locales.

Un hecho que quedó grabado en la memoria y marcó las tensiones que ha traído el éxodo de colombianos, se produjo en octubre de 2013. Luego del empate 3 a 3 entre las selecciones de Chile y Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Fútbol, los hinchas de ambos equipos se enfrentaron a palo y piedra en las calles de Antofagasta. Un hecho inédito en la tranquila ciudad.

Dos semanas después, un pequeño grupo de antofagastinos buscó realizar una marcha antiinmigrante colombiano. Una convocatoria que no sólo expresaba la molestia por lo sucedido, sino que también estaba marcada por un fuerte tufillo xenófobo y racista. El plantón no tuvo mayor quórum, pero las proclamas lanzadas por los pocos asistentes en contra de los colombianos se colaron entre los titulares de varios medios del país: “Queremos que se vayan los negros delincuentes, las prostitutas, que se vayan los colombianos que no aportan”; “Una colombiana me quitó a mi marido”, registró por ejemplo una reportera de El Mercurio de Antofagasta.

Uno de los argumentos frecuentes de la inconformidad con los colombianos es la supuesta relación de muchos migrantes con estructuras de crimen organizado y de narcotraficantes. A pesar de que las cifras oficiales de la Defensoría Penal Pública chilena muestran que el 96 por ciento de los delitos en la región de Antofagasta son cometidos por nacionales, un sector importante de la población sigue culpando a los recién llegados de una “mayor sensación de inseguridad”. Este imaginario colectivo se refuerza cada vez que detienen a alguien de esa nacionalidad por delitos relacionados con drogas.

Mientras los colombianos en tierras chilenas se las tienen que ver con los prejuicios, muchos otros quedan atascados en Tacna, Perú. No hay lugar en la frontera que sea más emblemático de su odisea que una pequeña plaza a las afueras de la terminal terrestre de transporte, a la que se refieren como el “Muro de los Lamentos”. Allí, todos los días, se encuentra el puñado de colombianos que son rechazados luego de intentar ingresar a Chile por el puesto aduanero de Chacalluta.

En el “Muro”, cualquier día de la semana, deambulan personajes como James Murillo, un colombiano negro, alto y fornido, proveniente de Buenaventura, quien en el momento de la visita de los reporteros de este especial llevaba tres días sin poder ingresar a Chile. A James lo sacaron amenazado del puerto de Buenaventura; a su familia le quitaron sus bienes y a su compañera, quien lo espera en Chile, le asesinaron un familiar en Cali.

James tenía una carta de desplazado emitida por el Gobierno colombiano, pero llevaba tres días durmiendo en el suelo, sin un centavo en el bolsillo, temeroso de que los agentes chilenos le negaran la entrada y lo alejaran aún más de su familia. Un drama que es común encontrar en esta ciudad fronteriza de Perú.

Según las autoridades de Migraciones, cada día, un mínimo de 15 colombianos intenta cruzar legalmente la frontera con Chile, sin éxito. Sólo en este punto de control en Chacalluta, en lo corrido del año hasta septiembre, 2.365 colombianos fueron devueltos.

No se trata de casos aislados: el año pasado, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los funcionarios aduaneros les negaron la entrada al país a 12.655 extranjeros; de ellos, casi la mitad, 5.688, son colombianos.

Tan común se ha vuelto esta práctica, que en las fronteras con Bolivia y Perú el término “rebote” se utiliza con frecuencia para referirse a todos aquellos que, por la falta de un papel, una apostilla o el criterio del funcionario de turno, terminan quedándose atascados en medio de su viaje, sin nada en el bolsillo.

Varias organizaciones de la sociedad civil chilena han hecho seguimientos de estos casos, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su directora, Lorena Fries, asegura que en los puestos fronterizos de Chile “hay situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado”.

Durante una visita que el INDH realizó a Colchane en 2013, migrantes denunciaron que “personal de la Policía de Investigaciones de Chile les lanzaron los pasaportes y los insultaron con epítetos racistas”, agrega Fries.

Viendo sus posibilidades de ingreso reducidas por la frontera peruana, los colombianos rebotados prueban suerte a través de Pisiga, Bolivia, solo para encontrarse de nuevo con el rechazo de la discrecionalidad de los agentes de aduana amparados en las regulaciones migratorias vigentes.

Así, lo que debía ser un viaje en bus directo desde Colombia hasta Chile, termina interrumpiéndose de repente, sin que medie mayor advertencia. Desamparados, los colombianos no tienen a dónde acudir, más que a hogares de tránsito como el de las Hermanas de la Caridad, fundado hace tres años en la localidad altiplánica de Pisiga.

Según sor Margarita Oyarzo, la religiosa chilena que actualmente administra la casa, entre enero y septiembre de este año, unas 800 personas pasaron por el hogar; el 100 por ciento provenía de Colombia. “En mi casa tengo el apartheid”, dijo a la misión del INDH que visitó el hogar una de las religiosas que estaba en 2013. . Muchos aseguran que los devolvieron por un papel; otros, por su nacionalidad. “Nuestro trabajo es acogerlos, darles orientación. Les decimos que regresen a su país si son rebotados, pues eso es mejor a que pasen irregulares, lo que les va a traer problemas en Chile. Pero muchos dicen que quedaron sin dinero en el camino, no pueden regresar a su país y prefieren irse por la vía irregular”.

Numerosos testimonios recogidos en Tacna y en Pisiga dan cuenta del surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas alrededor de la población rebotada. A las afueras de las terminales de transporte, adonde llegan luego de ser rechazados en la aduana, los migrantes son abordados por personas que aseguran el paso por el desierto a cambio de una suma que oscila entre 60 y 300 dólares.

Los coyotes o “jaladores” también ofrecen documentos falsos con la garantía del ingreso. Sin embargo, como cuenta un joven colombiano que se hace llamar Jesús, “a uno le piden 300 dólares, uno les cree y les paga y luego lo rebotan en la frontera. Uno se lo vuelve a cruzar, pero el coyote ya no lleva la plata encima. Uno no puede hacer nada”.

Muchos, sin embargo, emprenden el camino ilegal y parten en caravanas clandestinas por el desierto, corriendo el riesgo de ser encontrados por los carabineros o, mucho peor, caer víctima de una mina antipersonal, sembradas décadas atrás, durante los conflictos territoriales que han vivido estos países.

Las mujeres, en particular, parecieran encontrar una alternativa adicional. Así lo sugiere en Tacna el padre Emilio, del Servicio Jesuita al Migrante, quien también administra un albergue para rebotados. El sacerdote ha detectado que la mayoría de los rechazados son hombres. “Eso solo nos dice cuán efectivas son las redes de prostitución”. Las mujeres suelen pasar con mayor facilidad, probablemente por cuenta de las buenas gestiones de redes de servicio a prostíbulos y bares conocidos como chupódromos. En estos últimos las extranjeras sirven de acompañantes para incentivar el consumo de alcohol de los clientes. La lógica es sencilla: por cada botella de cerveza que beba el cliente, la mujer recibe una comisión. Para cualquier colombiana que se decida a trabajar en estos lugares, encontrar el nexo es más que fácil, basta con ir al “Muro de los Lamentos” y pedir el contacto. Todos se conocen, pero nadie ve nada.

La creciente migración colombiana en Chile ha provocado un intenso debate nacional en torno a las políticas actuales de migración, fundamentadas en la Ley de Extranjería de 1975 que, para muchos, contiene una visión caduca de los procesos migratorios arraigada en la concepción de la seguridad nacional de la Guerra Fría.

Las pocas reformas que se han sugerido para la Ley siguen recibiendo críticas de organizaciones como Ciudadano Global. Su directora, Marcela Correa, asegura que los cambios que se pretendían efectuar en el gobierno anterior eran solo “en términos económicos y no sociales… El migrante es visto como mano de obra y no como una persona”.

Este parece ser el gran dilema de la sociedad chilena hoy: ¿cómo se debe relacionar el país con los migrantes? Una encuesta presentada en agosto en Antofagasta revela la complejidad de la discusión entre la opinión pública: mientras que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no están de acuerdo con la inmigración, paradójicamente el 59,4 por ciento reconoció que los migrantes aportan al crecimiento y al desarrollo de Chile.

No obstante, más allá del debate interno, el problema resulta ausente en los múltiples discursos de integración de los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México que lideran la Alianza del Pacífico. No es un tema menor. Estas restricciones, agravadas por la creciente segregación por origen o color de piel, pueden dar al traste con iniciativas que en lo macro pueden ser esperanzadoras. Atender con especial interés estos problemas, e involucrarlos desde ahora como prioridad en la agenda de la integración, ayudará para que los cambios que lleguen el día de mañana, realmente se traduzcan en oportunidades precisamente para quienes más lo necesitan.

El pasado 22 de septiembre, ante un grupo de 200 empresarios norteamericanos en Manhattan, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú presentaron en Estados Unidos la Alianza del Pacífico. Los mandatarios hablaron del buen momento por el que pasan sus economías, elogiaron las ventajas de un mercado de 200 millones de personas que, una vez aprobado, desgravará el 92 por ciento de los productos que intercambia y aseguraron, con toda suerte de adjetivos, que este era un tratado incluyente, abierto al mundo.

Sin embargo, a miles de kilómetros de este salón, en Chacalluta y Colchane, los puestos fronterizos de Chile que colindan respectivamente con Perú y Bolivia, otros son los discursos escuchados por los más de 8.000 colombianos que al año buscan ingresar a este país:

La familia de Pablo Escobar no va pa Chile”.
“Todos los colombianos son putas y traficantes”.
“Estos vienen aquí a robar”.

Con estas expresiones se enfrentan a diario los migrantes que, tras miles de kilómetros de travesía, encuentran bloqueado el ingreso a Chile a discreción de los agentes fronterizos de este país. Son viajeros humildes, cuya mayoría huye de la violencia mafiosa de Colombia y la pobreza de la región del Valle del Cauca, especialmente la del puerto de Buenaventura, donde por estos días es común hablar del “nuevo sueño americano”: Antofagasta, la principal ciudad minera en el norte de Chile.

Para este reportaje, un equipo liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile, y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y Vice Colombia, se sumergió en una realidad que aún está ausente en los ampliamente anunciados esfuerzos de integración latinoamericanos. El propósito era revelar una ruta migratoria plagada de tropiezos y peligrosas frustraciones. El pillaje y el robo, las redes de coyotaje y de trata de blancas, los largos recorridos ilegales que se abren por el desierto y el creciente racismo xenófobo que los espera en su destino final, son el pan de cada día para quienes han creído que el sueño de la publicitada integración también se traducirá en oportunidades para los más necesitados.

No deja de ser paradójico que sea Buenaventura el epicentro de esta migración desde el norte hacia el sur del continente. Un puerto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, bautizó como “la capital de la Alianza del Pacífico”.

“Aquí no tenemos servicio de agua potable, solo cuatro horas promedio en el día; no hay un relleno sanitario y no existe un foco de empresas que genere empleo”, se queja Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.

Esto es sólo una pequeña evidencia de los males que hoy padece una ciudad de 380 mil habitantes, por la que pasa el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, unas 15 millones de toneladas de mercancía al año. En el puerto, los niveles de pobreza, analfabetismo y desescolarización superan con honores los promedios de este país, y sus calles y barrios, muchos de ellos construidos por los afrocolombianos como chabolas palafíticas sobre el mar, han sido el escenario durante los últimos tiempos de una de las más sangrientas guerras que libran las bandas de narcotraficantes para controlar la salida de droga por el Pacífico colombiano y la entrada de insumos para la producción de narcóticos.

En Buenaventura, la extorsión se ha convertido en ley. Así como las impasables fronteras invisibles, dibujadas por los combos armados entre los barrios. Leyes que, de no cumplirse, acarrean la pena de muerte, en muchos casos a manos de descuartizadores que han hecho de los cuerpos desmembrados el más frecuente titular de apertura en las páginas de los diarios y los noticieros locales.

Entre enero de 2013 y septiembre de este año, 28 personas fueron descuartizadas en la ciudad. Como muchos desmembramientos fueron cometidos en una misma vivienda, ahora en la ciudad se habla de las “casas de pique”. Así, en el puerto el miedo se arraigó, la falta de trabajo es la constante y por eso cada vez es más costumbre dejarlo todo: 13.000 bonaverenses salieron de sus hogares este año.

Una popular canción de reguetón que suena en las calles de Buenaventura da luces de la ruta que muchos han emprendido:

Una amiga mía se cansó de la rutina de todos los días

Buscar trabajo que no conseguía

Sacó el pasaporte y se fue para Chile…

Es un viaje largo e incierto. Emprendido también en Tumaco, Cali y otras ciudades y municipios del suroccidente de Colombia; 2.800 kilómetros de carreteras ecuatorianas y peruanas, recorridas en bus y de manera legal gracias a la tarjeta andina, hasta encontrarse con una barrera alimentada de prejuicios, en los puestos fronterizos de Chacalluta y Colchane, en las fronteras de Perú y Bolivia, respectivamente.

Allí, para varios funcionarios aduaneros, ser colombiano es sinónimo de delincuente. El estereotipo ha sido alimentado por el alto número de empleadas en burdeles y bares exclusivos para hombres, y las noticias esporádicas relacionadas con el narcotráfico, en ambos casos con participación de colombianos. En septiembre, por ejemplo, fue capturada en Santiago, la capital de Chile, Fanny Grueso Bonilla, alias la Chily, buscada en Colombia por pertenecer presuntamente a la banda narcotraficante los Urabeños y ser dueña de una de las tenebrosas “casas de pique” de esa realidad de la que huyen los bonaverenses.

Pero las restricciones van más allá. Según los múltiples testimonios recogidos durante este reportaje, en la frontera de los tres países el color de la piel es una variable que cada vez tiene más peso a la hora de determinar el rechazo. Las autoridades lo niegan. En los dos puestos fronterizos los funcionarios coinciden en decir que “los motivos más frecuentes de rechazo son documentos de identidad vencidos, no demostrar suficiente solvencia económica para garantizar la estancia en el país o mentir sobre su real intención de ingreso a Chile”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes denuncian que el ingreso al país está dependiendo exclusivamente del ánimo del funcionario en ventanilla, amparado en una controvertida ley que les otorga “discrecionalidad”.

- Entre la xenofobia y coyotes

El principal destino en el norte de Chile es Antofagasta, una ciudad construida a punta de migraciones. Enclavada en el desierto, sus calles huelen a la arena del vasto desierto que la rodea y al mar de la costa por donde los puertos mineros exportan el material de una de las mayores reservas de cobre del mundo.

Curiosamente, hace siglo y medio los migrantes en este lugar eran los chilenos, cuando era territorio boliviano. Después de la Guerra del Pacífico ya quedaron jugando de locales, pero igual recibiendo por temporadas olas de migración de europeos como griegos y croatas. Pero nunca antes se había vivido lo de ahora.

Según cifras oficiales, en menos de una década a esta ciudad han llegado más de 10.000 colombianos, pero los cálculos extraoficiales dan cuenta de 15.000, casi el cinco por ciento de la población antofagastina. La colonia colombiana, a diferencia de las otras que han llegado, se ha hecho notar por su espíritu emprendedor y su don de gentes, algo que valoran mucho, por ejemplo, los puestos reservados para servicio al cliente.

Pero al mismo tiempo, el ambiente alegre que desborda los estándares del recatado Chile, junto a hechos de violencia e inseguridad que se atribuyen a esta migración, ha empezado a generar diferencias con los locales.

Un hecho que quedó grabado en la memoria y marcó las tensiones que ha traído el éxodo de colombianos, se produjo en octubre de 2013. Luego del empate 3 a 3 entre las selecciones de Chile y Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Fútbol, los hinchas de ambos equipos se enfrentaron a palo y piedra en las calles de Antofagasta. Un hecho inédito en la tranquila ciudad.

Dos semanas después, un pequeño grupo de antofagastinos buscó realizar una marcha antiinmigrante colombiano. Una convocatoria que no sólo expresaba la molestia por lo sucedido, sino que también estaba marcada por un fuerte tufillo xenófobo y racista. El plantón no tuvo mayor quórum, pero las proclamas lanzadas por los pocos asistentes en contra de los colombianos se colaron entre los titulares de varios medios del país: “Queremos que se vayan los negros delincuentes, las prostitutas, que se vayan los colombianos que no aportan”; “Una colombiana me quitó a mi marido”, registró por ejemplo una reportera de El Mercurio de Antofagasta.

Uno de los argumentos frecuentes de la inconformidad con los colombianos es la supuesta relación de muchos migrantes con estructuras de crimen organizado y de narcotraficantes. A pesar de que las cifras oficiales de la Defensoría Penal Pública chilena muestran que el 96 por ciento de los delitos en la región de Antofagasta son cometidos por nacionales, un sector importante de la población sigue culpando a los recién llegados de una “mayor sensación de inseguridad”. Este imaginario colectivo se refuerza cada vez que detienen a alguien de esa nacionalidad por delitos relacionados con drogas.

Mientras los colombianos en tierras chilenas se las tienen que ver con los prejuicios, muchos otros quedan atascados en Tacna, Perú. No hay lugar en la frontera que sea más emblemático de su odisea que una pequeña plaza a las afueras de la terminal terrestre de transporte, a la que se refieren como el “Muro de los Lamentos”. Allí, todos los días, se encuentra el puñado de colombianos que son rechazados luego de intentar ingresar a Chile por el puesto aduanero de Chacalluta.

En el “Muro”, cualquier día de la semana, deambulan personajes como James Murillo, un colombiano negro, alto y fornido, proveniente de Buenaventura, quien en el momento de la visita de los reporteros de este especial llevaba tres días sin poder ingresar a Chile. A James lo sacaron amenazado del puerto de Buenaventura; a su familia le quitaron sus bienes y a su compañera, quien lo espera en Chile, le asesinaron un familiar en Cali.

James tenía una carta de desplazado emitida por el Gobierno colombiano, pero llevaba tres días durmiendo en el suelo, sin un centavo en el bolsillo, temeroso de que los agentes chilenos le negaran la entrada y lo alejaran aún más de su familia. Un drama que es común encontrar en esta ciudad fronteriza de Perú.

Según las autoridades de Migraciones, cada día, un mínimo de 15 colombianos intenta cruzar legalmente la frontera con Chile, sin éxito. Sólo en este punto de control en Chacalluta, en lo corrido del año hasta septiembre, 2.365 colombianos fueron devueltos.

No se trata de casos aislados: el año pasado, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los funcionarios aduaneros les negaron la entrada al país a 12.655 extranjeros; de ellos, casi la mitad, 5.688, son colombianos.

Tan común se ha vuelto esta práctica, que en las fronteras con Bolivia y Perú el término “rebote” se utiliza con frecuencia para referirse a todos aquellos que, por la falta de un papel, una apostilla o el criterio del funcionario de turno, terminan quedándose atascados en medio de su viaje, sin nada en el bolsillo.

Varias organizaciones de la sociedad civil chilena han hecho seguimientos de estos casos, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su directora, Lorena Fries, asegura que en los puestos fronterizos de Chile “hay situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado”.

Durante una visita que el INDH realizó a Colchane en 2013, migrantes denunciaron que “personal de la Policía de Investigaciones de Chile les lanzaron los pasaportes y los insultaron con epítetos racistas”, agrega Fries.

Viendo sus posibilidades de ingreso reducidas por la frontera peruana, los colombianos rebotados prueban suerte a través de Pisiga, Bolivia, solo para encontrarse de nuevo con el rechazo de la discrecionalidad de los agentes de aduana amparados en las regulaciones migratorias vigentes.

Así, lo que debía ser un viaje en bus directo desde Colombia hasta Chile, termina interrumpiéndose de repente, sin que medie mayor advertencia. Desamparados, los colombianos no tienen a dónde acudir, más que a hogares de tránsito como el de las Hermanas de la Caridad, fundado hace tres años en la localidad altiplánica de Pisiga.

Según sor Margarita Oyarzo, la religiosa chilena que actualmente administra la casa, entre enero y septiembre de este año, unas 800 personas pasaron por el hogar; el 100 por ciento provenía de Colombia. “En mi casa tengo el apartheid”, dijo a la misión del INDH que visitó el hogar una de las religiosas que estaba en 2013. . Muchos aseguran que los devolvieron por un papel; otros, por su nacionalidad. “Nuestro trabajo es acogerlos, darles orientación. Les decimos que regresen a su país si son rebotados, pues eso es mejor a que pasen irregulares, lo que les va a traer problemas en Chile. Pero muchos dicen que quedaron sin dinero en el camino, no pueden regresar a su país y prefieren irse por la vía irregular”.

Numerosos testimonios recogidos en Tacna y en Pisiga dan cuenta del surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas alrededor de la población rebotada. A las afueras de las terminales de transporte, adonde llegan luego de ser rechazados en la aduana, los migrantes son abordados por personas que aseguran el paso por el desierto a cambio de una suma que oscila entre 60 y 300 dólares.

Los coyotes o “jaladores” también ofrecen documentos falsos con la garantía del ingreso. Sin embargo, como cuenta un joven colombiano que se hace llamar Jesús, “a uno le piden 300 dólares, uno les cree y les paga y luego lo rebotan en la frontera. Uno se lo vuelve a cruzar, pero el coyote ya no lleva la plata encima. Uno no puede hacer nada”.

Muchos, sin embargo, emprenden el camino ilegal y parten en caravanas clandestinas por el desierto, corriendo el riesgo de ser encontrados por los carabineros o, mucho peor, caer víctima de una mina antipersonal, sembradas décadas atrás, durante los conflictos territoriales que han vivido estos países.

Las mujeres, en particular, parecieran encontrar una alternativa adicional. Así lo sugiere en Tacna el padre Emilio, del Servicio Jesuita al Migrante, quien también administra un albergue para rebotados. El sacerdote ha detectado que la mayoría de los rechazados son hombres. “Eso solo nos dice cuán efectivas son las redes de prostitución”. Las mujeres suelen pasar con mayor facilidad, probablemente por cuenta de las buenas gestiones de redes de servicio a prostíbulos y bares conocidos como chupódromos. En estos últimos las extranjeras sirven de acompañantes para incentivar el consumo de alcohol de los clientes. La lógica es sencilla: por cada botella de cerveza que beba el cliente, la mujer recibe una comisión. Para cualquier colombiana que se decida a trabajar en estos lugares, encontrar el nexo es más que fácil, basta con ir al “Muro de los Lamentos” y pedir el contacto. Todos se conocen, pero nadie ve nada.

La creciente migración colombiana en Chile ha provocado un intenso debate nacional en torno a las políticas actuales de migración, fundamentadas en la Ley de Extranjería de 1975 que, para muchos, contiene una visión caduca de los procesos migratorios arraigada en la concepción de la seguridad nacional de la Guerra Fría.

Las pocas reformas que se han sugerido para la Ley siguen recibiendo críticas de organizaciones como Ciudadano Global. Su directora, Marcela Correa, asegura que los cambios que se pretendían efectuar en el gobierno anterior eran solo “en términos económicos y no sociales… El migrante es visto como mano de obra y no como una persona”.

Este parece ser el gran dilema de la sociedad chilena hoy: ¿cómo se debe relacionar el país con los migrantes? Una encuesta presentada en agosto en Antofagasta revela la complejidad de la discusión entre la opinión pública: mientras que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no están de acuerdo con la inmigración, paradójicamente el 59,4 por ciento reconoció que los migrantes aportan al crecimiento y al desarrollo de Chile.

No obstante, más allá del debate interno, el problema resulta ausente en los múltiples discursos de integración de los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México que lideran la Alianza del Pacífico. No es un tema menor. Estas restricciones, agravadas por la creciente segregación por origen o color de piel, pueden dar al traste con iniciativas que en lo macro pueden ser esperanzadoras. Atender con especial interés estos problemas, e involucrarlos desde ahora como prioridad en la agenda de la integración, ayudará para que los cambios que lleguen el día de mañana, realmente se traduzcan en oportunidades precisamente para quienes más lo necesitan.