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Los señalamientos a China durante la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 son numerosos y de diversa índole. Más allá de la responsabilidad ética al momento de informar sobre el virus, el gobierno de Xi Jinping ha maniobrado a nivel social, político, económico y tecnológico de una forma por lo menos cuestionable, teniendo en cuenta los derechos y las libertades que podrían verse comprometidas. La represión a la prensa es un buen ejemplo. Aunque no es un problema exclusivo, los esfuerzos por callar las voces que intentan dar un punto de vista diferente al oficial preocupan, sobre todo porque los avances tecnológicos parecen haber llegado a un punto de control sobre la población irreversible.
El último caso importante es el de Zhang Zhan, una de las periodistas independientes que cubrió la pandemia en Wuhan y que fue condenada esta misma semana a cuatro años de prisión por supuestamente difundir informaciones falsas en internet. El contraste de las posiciones es alarmante, pues mientras el gobierno chino se jactó de su prolija y ardua labor durante y después de la crisis, Zhan respondió con silencio al escuchar al juez. Sus videos, que difundió en las redes sociales, revelaban el caos en los hospitales de la ciudad de 11 millones de habitantes, aislada del mundo desde el 23 de enero de 2020 y durante 76 días.
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El drama de Zhan comenzó en mayo, cuando fue arrestada y luego procesada por provocar disturbios. Desde junio está en huelga de hambre y es alimentada a la fuerza a través de una sonda nasal, según sus abogados. “Zhan quiso venir a ayudar a los habitantes de Wuhan”, cuenta uno de sus abogados, Zhang Keke, a quien las autoridades presionaron para que dejara a su clienta. La mujer es una dura crítica del gobierno de Xi Jinping. De hecho, en un video publicado hace unos meses dijo: “El principal método de gestión de la ciudad es la amenaza y la intimidación. Es la tragedia de China y de Wuhan”.
El revuelo internacional ha sido enorme. Estados Unidos fue uno de los que reaccionó a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo. “Instamos a liberarla inmediata e incondicionalmente. El Partido Comunista Chino mostró nuevamente que hará todo lo que sea por silenciar a quien cuestione la línea oficial del partido, incluso en cruciales informaciones de salud pública”, dijo en un comunicado. “La UE pide la liberación inmediata de la señora Zhang Zhan”, comentó el portavoz del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien extendió esa exigencia para una decena de abogados y defensores de los derechos humanos que también se encuentran en prisión en China.
Y es que el país asiático se ha encargado de imponer un sistema de vigilancia a través de complejos sistemas tecnológicos que incluyen el uso de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Uno de los más usados es la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP), que logra catalogar a los ciudadanos según su información personal, incluyendo su nacionalidad. Incluso, informes recientes publicados por The New York Times y The Washington Post, aseguran que el gobierno está desarrollando junto a Huawei sistemas que identifican hasta la etnia de las personas.
“El uso del reconocimiento facial, tanto por parte de la Policía como de agentes privados, tiene un impacto sísmico en la forma en que nuestra sociedad es monitoreada o vigilada. El despliegue de una tecnología tan intrusiva no solo plantea importantes cuestiones de privacidad y protección de datos, sino también cuestiones éticas sobre si las democracias modernas deberían permitir alguna vez su uso”, asegura la organización británica Privacy International.
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Tampoco se puede ignorar la fuerte presión que hay sobre los periodistas y activistas en territorios semiautónomos como Hong Kong. Justo el pasado noviembre el líder disidente de Hong Kong, Joshua Wong, y otros dos activistas fueron condenados a penas de cárcel por haber participado el año pasado en las multitudinarias protestas prodemocracia y contra la creciente influencia de China en la excolonia británica. Otro nombre destacado es el de Jimmy Lai, propietario del tabloide Apple Daily, conocido por su compromiso con el movimiento prodemocracia y por sus críticas al ejecutivo de Hong Kong, quien fue detenido a principios de este mes en una investigación de fraude.
Por último está el caso de 12 activistas hongkoneses que intentaron huir del territorio en barco un día después de conocer una condena en su contra. La Unión Europea (UE) formuló el pasado martes un llamado a China para que los libere a través del Alto Representante (jefe de la diplomacia de la UE), Josep Borrell, quien pidió la “liberación inmediata de estas 12 personas y su rápido retorno a Hong Kong”. De acuerdo con la nota, el derecho de estas personas a “un juicio justo y a un debido proceso, de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos y como está previsto por la ley china de Procedimiento Criminal, no ha sido respetado”.
