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Mientras los deportados colombianos siguen llegando en buses desde Venezuela a través del puente internacional Simón Bolívar y son censados y recibidos en albergues, otras personas cruzan la frontera por varias trochas y a través del río Táchira. Estos últimos son considerados, tanto en Venezuela como en Colombia, casos de “retorno voluntario”. Uno de los puntos más preocupantes de la crisis fronteriza es el de estas personas, que son miles y que no aparecen en las cifras de los deportados atendidos por el Gobierno.
En Cúcuta los que retornan son muchos más que los deportados. Aunque ya se inició un censo para esa población, hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuántos son. Lo cierto es que no se trata de gente que anhelara volver a su país y estuviera esperando estas circunstancias para hacerlo. Más bien tuvieron que salir debido al miedo ante la inminente llegada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con sus operativos de revisión y demolición de viviendas. Vienen principalmente del sector de la Invasión en el barrio Mi Pequeña Barinas, en San Antonio del Táchira, donde se denuncian múltiples agresiones y trato xenófobo por parte de las autoridades venezolanas. Tuvieron que dejar atrás sus casas, sus familias, sus trabajos. Su retorno no es voluntario, es forzado.
Hay varias cosas que indignan a los que cruzan al otro lado del río, además de los atropellos de los que alegan haber sido objeto en territorio venezolano. Primero, que el Gobierno del vecino país hable de esta emergencia humanitaria como un “montaje mediático”; segundo, que su llegada al país sea considerada un “éxodo voluntario” por los gobiernos y algunos medios de comunicación. “¿Cómo va a ser esto un montaje? ¿Nos pusimos de acuerdo para simular que nos vamos todos al tiempo desde San Antonio y que dejamos allá nuestras casas? Este es nuestro sufrimiento y es real. Si aquí llegamos desesperados, humillados, imagínese lo que pasa allá adentro”, decía una anciana que esperaba a su familia de este lado de la frontera.
¿Qué pasa en Mi Pequeña Barinas? Hasta el martes las autoridades venezolanas permitieron la presencia y asistencia a la población por parte de organizaciones internacionales en este barrio. Luego las sacaron, alegando que durante el estado de excepción la única que puede hacer presencia en la zona es la Comisión Nacional para los Refugiados. Funcionarios de las organizaciones humanitarias internacionales que tuvieron que irse de Mi Pequeña Barinas dijeron a este diario que, hasta su salida, el panorama allá es el de una población muy vulnerable y en espera. Aunque muchos no quieren salir, ya saben que sus casas pueden ser demolidas. Se verán forzados a irse en algún momento.
En los últimos días el mensaje de Venezuela en la frontera ha sido, cuando menos, ambiguo. El martes se vieron las dramáticas imágenes de colombianos “retornando voluntariamente” con sus enseres a través del río Táchira hacia territorio colombiano, denunciando un trato xenófobo y agresiones por parte de la GNB. El miércoles la GNB ya no permitió el paso de los que se querían ir por el río y las trochas. Ese día, para volver a su país, los “retornados voluntariamente” se tenían que esconder en el platanal que está en la orilla venezolana del afluente y esperar a que los soldados se distrajeran para pasar corriendo. Desde el lado colombiano se podía observar ese macabro juego de las escondidas, en el que hubo detenidos y episodios de agresión. El jueves la GNB volvió a permitir el paso por el río. Así, los colombianos de repente pasan de retornar de manera “voluntaria” a estar en una situación de confinamiento.
Este número indeterminado de afectados no oficiales empeora toda la operación de las entidades del Estado, porque, para proveer una respuesta efectiva, la Mesa Humanitaria Unificada necesita cifras: cuántos mercados, cuántas colchonetas, cuántas viviendas, cuántos empleos. No tener una caracterización de los “retornados voluntariamente” es ignorar la magnitud real del problema, que es mucho mayor que 1.071 deportados atendidos. Otro agravante es que muchos ciudadanos que viven en Cúcuta en la pobreza han aprovechado el caos para registrarse como retornados voluntariamente y acceder a algún beneficio. Estos también están entre las largas filas frente a los albergues y no es tan fácil distinguirlos.
El problema del “retorno voluntario” no es una novedad, como no son novedad las deportaciones masivas de colombianos desde el vecino país. La prueba está en que entre las filas de los que esperan ser censados para acceder a los beneficios que el Estado ofrece hay retornados que llegaron hace tres o cuatro meses. Es el caso de Milena Henao, quien ayer hacía fila con su hijo de seis meses en los brazos frente a la parroquia adaptada para realizar el censo de retornados. Vivía en el estado de Valencia, tenía la cédula chavista —la que entregó el gobierno de Hugo Chávez a los colombianos residentes en ese país— y su hijo nació en territorio venezolano.
Sin embargo, un día la GNB la detuvo, le rompió la cédula y amenazó con deportarla y entregar a su hijo a la entidad equivalente al Bienestar Familiar en Venezuela. A pesar de las amenazas, los efectivos de la GNB en realidad querían bolívares. Vaciaron su cartera y la dejaron ir. Este tipo de sobornos, según varios testimonios, se han vuelto una práctica común contra los colombianos en el país vecino. Después de eso, Milena quedó llena de miedo y sin su cédula venezolana, así que días después regresó a Colombia antes de que la deportaran y la separaran de su bebé. Este retorno tampoco es voluntario, es forzado, y es uno más entre miles.
Por Daniel Salgar Antolínez
