La máquina de deportación de Donald Trump comenzó a operar en la República Democrática del Congo, según confirmó el presidente de ese país, Félix Tshisekedi, al informar sobre la puesta en marcha de un “mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países”, tras firmar un acuerdo con la Casa Blanca a principios de abril.
Los primeros 45 migrantes con los que se materializó el acuerdo viajaron en un vuelo de Omni Air International que aterrizó en la madrugada del viernes en el aeropuerto de Kinshasa, la capital, procedente de Luisiana (EE. UU.).
Entre ellos hay 15 latinoamericanos, detalló el gobierno de RD Congo, sin aclarar la nacionalidad de los deportados.
No obstante, el ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó el 18 de abril que entre los extranjeros hay tres ciudadanos de ese país.
Uno de ellos, a quien se le negó la solicitud de asilo en Estados Unidos, había solicitado a la Justicia migratoria de ese país no regresar a Ecuador, precisó la Cancillería.
La institución afirmó en un comunicado que contactará individualmente a los deportados para saber si desean regresar a Ecuador. En caso de ser así, se comprometió a facilitar el retorno voluntario.
Los tres ecuatorianos se encuentran alojados en un hotel en Kinshasa, agregó la Cancillería, una versión que confirmó a la agencia EFE el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, quien añadió que los deportados permanecen bajo vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú también reportó que siete connacionales fueron deportados al país africano, a quienes ofreció su sede consular en Kenia para brindar “apoyo y orientación en caso de que fuera requerido”.
Además, explicó que el traslado de migrantes a un tercer país mientras se resuelve su expediente migratorio “se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a sus países de origen”.
Una mujer colombiana del grupo de deportados relató a Reuters que el vuelo “fue muy largo, unas 26 o 27 horas”, aunque describió un buen trato y “suficiente comida”. Los migrantes recibieron una visa de siete días que les permite moverse libremente por el país, con posibilidad de extenderse hasta por tres meses.
Asimismo, les informaron de la posibilidad de solicitar asilo en RD Congo, aunque las autoridades les desaconsejaron hacerlo, advirtiéndoles que el país era peligroso, según la deportada colombiana.
El Ejecutivo congoleño insistió en que la acogida de extranjeros provenientes de EE. UU. no constituye “ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente”.
En un comunicado, señaló que no se prevé el traslado automático de los deportados, sino que “cada situación será objeto de una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y las exigencias de seguridad nacional”.
Pobreza, guerra y autoritarismo
Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares en deportar a unos 300 migrantes a terceros países, según un informe publicado recientemente por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara en junio de 2025 ese tipo de expulsiones, en el marco de la política antimigratoria de Washington.
Tras ese aval, el republicano ordenó deportaciones inmediatas a países como Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Esuatini o El Salvador.
Algunas de estas naciones tienen gobiernos notoriamente represivos y un historial cuestionable en materia de derechos humanos, por lo que diferentes abogados y activistas han cuestionado la naturaleza de los acuerdos.
Sudán del Sur, por ejemplo, es una nación golpeada por tres años de guerra que han dejado un rastro de extrema pobreza, desplazamientos masivos e inseguridad alimentaria, una situación que muchos expertos han denominado como la peor crisis humanitaria del mundo.
Mientras que Guinea Ecuatorial, Ruanda, Esuatini son Estados gobernados por regímenes autoritarios.
“Estos países no pueden tener la capacidad de atender la seguridad de sus propios nacionales y ahora reciben a nacionales de terceros países, que en muchas ocasiones no tienen sede consular ni diplomática de sus nacionalidades”, advirtió a France 24 el abogado de inmigración Pablo Pérez en agosto de 2025, después de que Trump firmara un acuerdo de deportación con Uganda.
El experto advirtió que los extranjeros trasladados a los países de África en contextos inestables “van a encontrar serias dificultades para integrarse, para tener seguridad y poder reconducir su vida”.
RD Congo, el último involucrado en el club de los terceros países, ha recibido el primer traslado de deportados en un contexto de inseguridad generalizada, desplazamientos forzosos y un sistema de asilo frágil.
Todo esto en medio de un debilitamiento del Estado, especialmente en las zonas del oriente del país, plagadas de grupos armados como el M23 o la denominada Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF).
El acuerdo de deportación firmado con la Casa Blanca coincide con los esfuerzos del gobierno de Trump por implementar un acuerdo de paz entre RD Congo y Ruanda para desarmar a los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda.
El acuerdo no busca solamente apaciguar un conflicto que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados, sino que también otorga a Estados Unidos acceso preferencial a los minerales críticos del país africano.
¿El retorno es la solución?
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo afiliado a las Naciones Unidas, anunció que está prestando asistencia humanitaria a los deportados a petición del gobierno congoleño y que podrían acogerse en un programa de retorno, “estrictamente voluntario y basado en el consentimiento libre, previo e informado”.
La abogada estadounidense Alma David, que representa a uno de los migrantes, explicó que es altamente probable que las personas deportadas estén amparadas bajo figuras de protección legal de Estados Unidos, tales como el asilo o el estatus de refugiado. Esta condición jurídica establece un impedimento legal para las autoridades, ya que prohíbe que sean devueltos a sus países de origen si existe un riesgo comprobado para su integridad o su vida.
En ese caso, el migrante deberá renunciar a su petición si quiere acogerse a programas de retorno voluntario como los que ofrece la OIM, según las directrices de esa entidad.
“El hecho de que la atención se centre en ofrecerles un regreso ‘voluntario’ a su país de origen, cuando pasaron meses detenidos por motivos de inmigración en Estados Unidos, luchando arduamente para no tener que
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Por France 24
