El tortuoso legado de la dictadura

Las esperanzas de miles de libios y de la comunidad internacional que hace tres meses, tras la muerte del dictador Muamar Gadafi, estallaron en gritos de júbilo e imaginaron una transición pacífica hacia una Libia libre y democrática, se ven cada día más lejanas. En la era post-Gadafi, según organismos como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, siguen ocurriendo —incluso con más intensidad— las detenciones, torturas y demás abusos que se vivieron durante los nueve meses de guerra civil que acabaron con la dictadura.

El proceso de transición hacia un nuevo gobierno que, tal como lo anunció el Consejo Nacional de Transición (CNT), implementaría la sharia —ley musulmana— de manera moderada y como base para una democracia, se ha visto obstaculizado por la incapacidad de procurar la reconciliación entre los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil (los leales al coronel y los rebeldes). La búsqueda de unidad se está desmoronando por las divisiones internas y los combates entre tribus.

Por ejemplo, Bani Walid, uno de los últimos bastiones del régimen, está sumida en enfrentamientos entre fuerzas locales que no apoyan al CNT y que se han hecho con el poder de la ciudad. El ejército ha dado un ultimátum a los gadafistas que controlan la urbe, ubicada a 150 kilómetros al sur de Trípoli, para que antes del miércoles depongan las armas y entreguen a varias personas buscadas por las autoridades. Mientras tanto, en Misrata, los leales al nuevo gobierno detienen y torturan a cualquier sospechoso de haber defendido al depuesto coronel.

La delegación de Amnistía Internacional (AI) en Libia se ha reunido con detenidos en Trípoli, Misrata y Gheryan y sus alrededores, que mostraban señales visibles de torturas inflingidas en los últimos días. Sus lesiones, según un comunicado de la ONG, incluyen heridas abiertas en la cabeza, extremidades, espalda y otras partes del cuerpo. La organización confirma que la tortura es practicada tanto por entidades militares y de seguridad reconocidas oficialmente, como por multitud de milicias armadas que actúan fuera de cualquier marco legal.

Donatella Rovera, investigadora de AI en Libia, ha denunciado que “las autoridades son incapaces de mantener el control sobre las milicias” y que en las últimas semanas ha podido comprobar las consecuencias de “la anarquía de las milicias en el occidente del país”, donde proliferan centros de detención en los que los detenidos son sometidos a abusos y torturas.

Aunque la mayoría de los detenidos son libios sospechosos de haber sido leales al coronel Gadafi, también hay ciudadanos extranjeros, la mayor parte de ellos provenientes del África Subsahariana. AI señala que los presos son obligados a permanecer en posturas forzadas; los golpean durante horas con látigos, cables, mangueras de plástico, cadenas, barras metálicas y palos, y les aplican descargas eléctricas con cables y armas de electrochoque tipo Taser.

Los casos de presos muertos se multiplican. El último conocido por la ONG fue el del coronel Ezzeddine al Ghool, padre de siete hijos, detenido y encarcelado por un grupo de milicianos al sur de Trípoli. El cuerpo del oficial fue devuelto un día después a su familia, con señales claras de tortura. “Pedimos a las autoridades que intervinieran e investigaran. Pero desde entonces no han hecho nada”, dice Rovera.

Las garantías para la protección de los derechos humanos son cada vez menores. Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la suspensión de sus actividades en los centros de detención de Misrata, después de que se les pidiera a sus doctores curar a presos que habían sido sometidos a tortura para que, una vez recuperados, volvieran a los interrogatorios.

El director general de MSF señaló que “nos llevaban a pacientes en medio de un interrogatorio para que los atendiésemos y así poder continuar interrogándolos. Esto es inaceptable. Nuestra función consiste en ofrecer atención médica a los heridos de guerra y a los detenidos enfermos, no tratar una y otra vez a los mismos pacientes entre una sesión de tortura y la siguiente”.

La OTAN, el principal impulsor de la lucha contra el depuesto dictador, tampoco piensa volver a Libia para proteger a los civiles.

Sin embargo, un responsable del gobierno interino libio, refugiado en el anonimato, rechazó las acusaciones de complicidad en los abusos y la inacción ante las denuncias. Aseguró que se trata de “actos individuales”, en contra de las evidencias aportadas por las ONG y después de que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestara su preocupación por la situación de unos 8.000 prisioneros detenidos por las milicias revolucionarias durante los nueve meses de guerra civil.

Del grito de liberación que retumbó en todo el planeta tras la muerte del coronel Gadafi ya no se escucha ni siquiera el eco. En palabras de Ian Martin, enviado de la ONU a Libia, “el antiguo régimen puede haber sido derrumbado, pero la cruda realidad es que el pueblo libio sigue viviendo con su arraigado legado”.